Publicada el 30 marzo, 2026
Integrantes de las comisiones de Educación, Ciencia y Técnica y de Salud del Senado y de Diputados mantuvieron una reunión conjunta para abordar una problemática que genera creciente preocupación: el uso de redes sociales y dispositivos digitales en niños, niñas y adolescentes, y sus efectos en la salud, la educación y el desarrollo.
El encuentro contó con la participación, vía Zoom, del abogado y especialista en políticas sociales Juan Facundo Hernández, ex Defensor Nacional Adjunto de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, quien forma parte del espacio Protección Digital Argentina. Durante su exposición, advirtió sobre los riesgos asociados al diseño de las plataformas digitales, señalando que los algoritmos buscan captar la atención de los usuarios más jóvenes, generando hábitos adictivos y utilizando datos personales —muchas veces sensibles— sin un control adecuado.
En ese sentido, planteó la necesidad de avanzar en regulaciones que garanticen la protección de derechos en entornos digitales, sin caer en prohibiciones absolutas. Remarcó que Argentina presenta un atraso en la materia, con una ley de Protección de Datos Desactualizada, y destacó experiencias internacionales recientes, como las normativas implementadas en Brasil y los debates en Europa.
Hernández también subrayó la importancia de conocer qué datos utilizan los algoritmos, detectar posibles sesgos y exigir responsabilidad a las empresas tecnológicas. Asimismo, propuso trabajar en herramientas concretas a nivel provincial, como mejorar los canales de asistencia para niños y adolescentes —adaptándolos a las plataformas que efectivamente utilizan— y fortalecer fiscalías especializadas en delitos digitales.
Por su parte, Ignacio Castro, otro de los invitados, expuso la experiencia del denominado “pacto parental”, una iniciativa impulsada por familias para regular el uso de dispositivos en niños. Indicó que el objetivo es asumir la responsabilidad en la crianza digital y limitar el acceso temprano a celulares y redes sociales.
Castro advirtió sobre el aumento de casos de ansiedad, conflictos y situaciones de acoso vinculadas al uso de tecnología en edades tempranas, y sostuvo que existe evidencia sobre los efectos negativos del uso intensivo de dispositivos en el desarrollo cognitivo. Además, planteó que los niños no están en condiciones de enfrentar una industria diseñada para captar su atención, y cuestionó la idea de que la educación digital temprana sea suficiente para contrarrestar estos efectos.
Durante el debate, la senadora Claudia Najul puso el foco en la necesidad de identificar caminos efectivos a partir de la legislación comparada, con el objetivo de proteger el interés superior del niño y garantizar entornos digitales seguros. En respuesta, Hernández señaló que una de las tendencias más relevantes es el desarrollo de códigos de diseño adecuados a la edad, que regulen el funcionamiento de las plataformas desde su concepción.
A su turno, el senador Martín Rostand destacó la complejidad del fenómeno, que no solo afecta a los más jóvenes sino también a los adultos, y consultó sobre los primeros pasos que podría dar el Poder Legislativo para abordar la problemática. En esa línea, Castro insistió en la urgencia de avanzar en medidas concretas, incluso desde lo cotidiano, como restringir el uso de celulares en ámbitos escolares.
Otros legisladores aportaron distintas miradas sobre el tema. La senadora Beatriz Galiñares hizo hincapié en la importancia de la contención familiar en los primeros años de vida, mientras que la senadora Flavia Manoni alertó sobre el deterioro en los niveles de lectura y comprensión en estudiantes. En tanto, el senador Mario Ana vinculó el uso excesivo de pantallas con problemáticas de salud como el sobrepeso y la obesidad.
Desde otra perspectiva, la diputada Sol Salinas remarcó que el debate no puede centrarse exclusivamente en los niños, sino que debe involucrar a las familias y al contexto social. Señaló que, en muchos casos, el celular funciona como una vía de escape frente a situaciones de conflicto o vulnerabilidad, y advirtió sobre la necesidad de evitar enfoques simplistas o autoritarios en la regulación.
En el cierre, Hernández destacó que cualquier política pública en la materia debe incluir la participación activa de niños y adolescentes, y considerar tanto la experiencia internacional como las particularidades locales. También advirtió sobre los riesgos asociados al uso de plataformas educativas que manejan datos sensibles, y la necesidad de fortalecer los sistemas de protección de derechos.
Los legisladores coincidieron en la importancia de continuar trabajando de manera conjunta en la temática, con el objetivo de avanzar en un proyecto que aborde integralmente esta problemática, promoviendo un equilibrio entre el acceso a la tecnología y la protección de niños, niñas y adolescentes.
