Publicada el 18 marzo, 2026
La comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado dio despacho a un proyecto que regresó en segunda revisión desde la Cámara de Diputados y que busca establecer el procedimiento para la adecuación y publicidad de los reglamentos de conjuntos inmobiliarios preexistentes, como condominios y barrios privados, en el marco del régimen de propiedad horizontal especial.
La iniciativa fue impulsada por el presidente de la comisión, Walther Marcolini, y trabajada de manera conjunta con distintos sectores. En ese sentido, se alcanzó un consenso en torno a una redacción que contó con el aporte de la senadora Beatriz Galiñares, el Poder Ejecutivo y la Universidad Nacional de Cuyo.
Durante el tratamiento, Galiñares explicó que una de las principales dificultades detectadas en la normativa vigente radicaba en la interpretación del término “modificar” dentro del Código, lo que generaba trabas administrativas. En particular, la directora del Registro de la Propiedad rechazaba adecuaciones cuando alguno de los integrantes del consorcio se encontraba inhibido, aun cuando se tratara de conjuntos con gran cantidad de propietarios.
Frente a esta situación, se consensuó una nueva redacción que establece que la inhibición de algún titular de las parcelas no impedirá la inscripción del reglamento ni la adecuación de los conjuntos inmobiliarios preexistentes, evitando así modificar el artículo 127 del Código y garantizando mayor operatividad al sistema.
Además, el proyecto incorpora una invitación a colegios profesionales, cajas de jubilaciones y organismos intervinientes para que adopten medidas orientadas a reducir los costos administrativos vinculados a estos trámites, incluyendo habilitaciones, aportes, impuestos y tasas.
Según se detalla en los fundamentos, la iniciativa se enmarca en la necesidad de adecuar estos conjuntos al Régimen de Propiedad Horizontal Especial previsto en el Código Civil y Comercial de la Nación, entendiendo este proceso no como un acto de disposición de derechos reales, sino como una regularización que incrementa el valor de los inmuebles y brinda mayor seguridad jurídica.
El texto también establece que las normas de propiedad horizontal y propiedad horizontal especial se aplicarán de pleno derecho a la organización y funcionamiento interno de los conjuntos, en tanto resulten compatibles con su conformación jurídica.
Asimismo, dispone que los titulares de inmuebles que cuenten con reglamentos de convivencia, construcción u organización deberán solicitar su inscripción como anotación marginal en la Dirección de Registros Públicos correspondiente, dentro de un plazo de cinco años desde la entrada en vigencia de la ley.
En paralelo, se prevé la posibilidad de adecuar previamente dichos reglamentos mediante asambleas de propietarios, cuyas decisiones deberán formalizarse en escritura pública. Los propietarios presentes podrán aprobar modificaciones, debiendo notificar fehacientemente a los ausentes, quienes contarán con un plazo de quince días para presentar oposición fundada. En caso de no registrarse objeciones con la mayoría requerida, la decisión quedará firme.
Finalmente, se aclara que los reglamentos preexistentes continuarán vigentes en todo aquello que no contradiga las normas imperativas del Código Civil y Comercial de la Nación, conforme a lo establecido en el artículo 2075.
Desde los fundamentos del proyecto se remarca la importancia de esta regulación para Mendoza, al tratarse de la segunda provincia con mayor cantidad de conjuntos inmobiliarios del país, lo que vuelve necesaria una normativa que brinde previsibilidad y seguridad jurídica a propietarios y administradores.
