Publicada el 10 diciembre, 2025
La comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por el senador Walther Marcolini, avanzó con el análisis del proyecto impulsado por Germán Vicchi junto a los senadores Ariel Pringles, Flavia Manoni, Gabriel Pradines, Martín Rostand y Valentín González, que propone modificar la Ley 9562 para permitir que cualquier ciudadano pueda registrar y enviar material multimedia de infracciones viales y accidentes, con el objetivo de fortalecer el control del tránsito y promover la participación social en la seguridad vial. Tras el debate, la comisión resolvió otorgarle despacho para su tratamiento en el recinto.
La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, fue invitada para hablar sobre el proyecto y explicar los criterios legales que permitirían incorporarla en el sistema vigente. Explicó que el punto de partida es una realidad que ya existe: la ciudadanía filma, documenta y difunde infracciones graves que ocurren en rutas y calles de la provincia, muchas de las cuales derivan en siniestros fatales.
Recordó además casos recientes difundidos en redes sociales, y remarcó que una parte importante de los accidentes con víctimas fatales está asociada a conductas negligentes que suelen minimizarse, pero que constituyen riesgos concretos y recurrentes. Según datos nacionales citados por la ministra, el 60% de los siniestros mortales se produce por negligencias al volante, mientras que la incidencia del alcohol es sensiblemente menor en la estadística actual.
Rus señaló que el Estado refuerza controles de manera permanente, incluso con la incorporación de nuevas herramientas de comunicación que mejoraron la coordinación entre fuerzas, especialmente en zonas complejas donde históricamente se dificultaba actuar frente a un aviso de emergencia. Sin embargo, subrayó que hay puntos del territorio donde es imposible mantener controles fijos sin generar mayores complicaciones operativas.
En este sentido, valoró la posibilidad de sumar “los ojos de la ciudadanía” como un aporte complementario y estratégico, no solo para captar casos que de otro modo no llegan al sistema, sino también para impulsar un cambio cultural que fortalezca la corresponsabilidad social en materia vial.
Además, celebró el proyecto impulsado por Vicchi, ya que brinda un encuadre legal a las filmaciones que ya circulan en redes y que, en muchos casos, no llegan a constituir una denuncia formal. Explicó que, tras evaluarlo con el equipo del Ministerio, se definió que la figura más adecuada es incorporarlo en el capítulo de procedimiento de la Ley de Tránsito, en lugar de hacerlo en la norma de videovigilancia, dado que se trata de una noticia de infracción y no de un sistema de cámaras oficial.
La propuesta prevé habilitar un canal digital oficial, tanto desde el Ministerio de Seguridad como desde cada municipio, a través de una página web y un número de WhatsApp donde los ciudadanos puedan remitir videos y fotografías.
Rus detalló que este material ingresaría como una comunicación ciudadana y no como una denuncia en términos estrictos, ya que la autenticidad de la evidencia digital debe ser verificada y completada con otros elementos. Para ello, el Ministerio evaluará si es posible obtener datos como patente, ubicación, día y hora, y en caso de ser necesario podrá contactar a quien envió el material para confirmar si actuó como testigo.
Con esos elementos se elaborará un informe preventivo que será derivado al juzgado vial correspondiente, el cual deberá evaluar si corresponde avanzar con una sanción, tal como ocurre con cualquier acta de infracción. Asimismo, aclaró que los municipios y el Ministerio podrán excluir del sistema aquellas grabaciones que no correspondan a la jurisdicción o presenten indicios de falsedad, y que, en casos de adulteración o denuncias maliciosas, la información será remitida al Ministerio Público Fiscal.
Durante los últimos meses se verificó un aumento considerable de infracciones y accidentes, especialmente en la Ruta Nacional 7 y en otras arterias de alto tránsito. La extensión de las rutas provinciales y nacionales, sumada al incremento estacional de circulación, expone las limitaciones del control estatal. La iniciativa busca suplir esa falencia incorporando a la ciudadanía en un rol activo, aprovechando una herramienta que hoy está prácticamente universalizada: el 99% de los teléfonos celulares permite registrar imágenes y videos en alta calidad.
El texto propone crear un capítulo específico en la Ley 9562 para habilitar que cualquier persona mayor de edad pueda filmar infracciones y accidentes en la vía pública. También establece que cada municipio deberá implementar un sistema de recepción del material, labrar el acta correspondiente y remitirla al juez de tránsito dentro de las 48 horas. El procedimiento contempla incluso los casos en los que ya intervino una autoridad vial, para que el material se incorpore al expediente existente.
Finalmente, la iniciativa establece que las denuncias falsas o el uso de material adulterado con herramientas de inteligencia artificial constituirán motivo de comunicación al Ministerio Público Fiscal para la formación de una compulsa penal.
Con el despacho favorable de la comisión, el proyecto quedó en condiciones de ser debatido en las próximas sesiones del Senado, donde se definirá si la provincia incorpora formalmente esta herramienta que busca reforzar el control del tránsito a partir de la participación ciudadana y mejorar la seguridad vial en todo el territorio.
