Publicada el 30 septiembre, 2025
Durante la sesión realizada hoy, el Senado provincial sancionó de manera definitiva un proyecto de ley que reforma las Leyes N° 6730, N° 8008 y N° 9040, con el objetivo de modernizar y hacer más eficiente el fuero penal provincial. La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, busca fortalecer un sistema de justicia equilibrado, accesible y transparente, que impacte directamente en la protección de derechos y la seguridad de la ciudadanía.
Durante el tratamiento en el recinto, la propuesta fue aprobada por 20 votos a favor y uno en contra. Previamente el senador radical David Saez fundamentó la importancia de la iniciativa al señalar que apunta a ampliar la disponibilidad de audiencias, ordenar la agenda en el fuero penal y equilibrar el trabajo entre jueces, ayudantes fiscales y codefensores. La reforma alcanza al Código Procesal Penal, a la ley del Ministerio Público Fiscal y a la normativa de creación del fuero penal colegiado, con el objetivo de que los procesos se desarrollen en tiempos razonables para los ciudadanos mendocinos.
Saez explicó que la propuesta se sustenta en tres ejes. El primero se orienta a garantizar una franja horaria más amplia para la realización de audiencias penales, que se extenderán hasta las 19 horas. De acuerdo con estadísticas de la Suprema Corte de Justicia de los años 2023 y 2024, de un total de 45.500 audiencias realizadas, el 86 por ciento se concretaron en horario matutino, un 3 por ciento por la tarde y ninguna después de las 18 horas, lo que evidencia un uso limitado del turno vespertino.
El segundo eje plantea ampliar la participación de los operadores judiciales, potenciando el rol de los ayudantes fiscales y de los codefensores en los debates orales, con la intención de multiplicar la capacidad operativa de un sistema actualmente sobrecargado. En este marco, recordó que en 2023 ingresaron 1.871 causas en los tribunales penales colegiados y cerca de 20.000 en los juzgados penales colegiados, lo que refleja una desproporcionalidad que requiere correcciones. El tercer eje propone reorganizar la oficina de audiencias con el propósito de optimizar la asignación de turnos, reducir reprogramaciones y postergaciones, descomprimir las mañanas y garantizar el normal desarrollo de los juicios.
El legislador destacó que esta reforma impactará directamente en la seguridad de los mendocinos y en la mejora de la protección de los derechos, y consideró que responde a una necesidad que la provincia viene planteando desde hace varios años.
Por su parte, el senador Armando Magistretti, del bloque Partido Demócrata/Libertad Avanza, no acompañó la iniciativa.
La reforma surge tras la experiencia obtenida desde la implementación de la Ley N° 9040, que introdujo cambios significativos en el funcionamiento de los tribunales penales y mostró resultados positivos en indicadores como la relación entre procesados y condenados y la duración de los procesos. Sin embargo, con el paso del tiempo se detectaron áreas de mejora, especialmente en la organización de audiencias y la distribución de la carga de trabajo entre Juzgados y Tribunales Penales Colegiados.
Según los datos analizados, de las 45.482 audiencias realizadas en 2023 y 2024, el 86% se concentraron en el turno matutino, mientras que apenas un 2% se desarrolló a las 17:00 y ninguna después de las 18:00. Esta situación genera capacidad ociosa en las instalaciones judiciales durante la tarde, que podrá aprovecharse mediante la incorporación de audiencias vespertinas, con obligatoriedad de consignar hora y lugar en las actas procesales y ampliar la participación de todos los operadores judiciales en la gestión de audiencias.
Otro de los puntos centrales de la reforma es el equilibrio en la distribución de causas. Mientras los Tribunales Penales Colegiados recibieron 1.871 causas en 2023, los Juzgados Penales Colegiados tramitaron 19.923. La modificación amplía la competencia de los Tribunales para intervenir en debates correccionales –unas 4.000 audiencias anuales– que actualmente realizaban los Jueces de Juzgado Penal Colegiado. De esta manera, se busca acelerar la resolución de causas y reducir la desproporción de carga laboral.
La ley establece además la elección anual, por parte de los Colegios de Jueces de cada circunscripción, de un representante titular y uno suplente por los Tribunales Penales Colegiados y por los Juzgados Penales Colegiados. Estos representantes deberán informar a la Sala Administrativa sobre las dificultades de la práctica diaria y confeccionar un informe anual con los resultados de la actividad jurisdiccional en cada circunscripción.
La reforma crea una OGAP para cada Tribunal y Juzgado Penal Colegiado, bajo la dependencia jerárquica de la Sala Administrativa de la Suprema Corte de Justicia. La OGAP tendrá funciones administrativas exclusivas, salvo aquellas tareas de soporte jurisdiccional delegadas en funcionarios letrados, y será responsable de garantizar estándares de eficiencia y calidad en el servicio judicial. Entre sus funciones se destacan:
La reforma también redefine la función jurisdiccional dentro de los Tribunales y Juzgados Penales Colegiados, estableciendo distintos roles: jueces de audiencias, de despacho, de turno de garantías y de turno de ejecución, con responsabilidades específicas, como resolución de medidas de detención, control judicial de personas privadas de libertad, monitoreo de centros de detención y atención a Habeas Corpus.
El proyecto establece la publicación obligatoria de todas las resoluciones, autos y sentencias, la consignación de fecha y hora en actas procesales, la participación de fiscales y defensores en todos los actos procesales, y la digitalización completa de las actuaciones. Además, define procedimientos claros para la fundamentación de sentencias, cierre de información sumaria, audiencias de acusación y control del incumplimiento de audiencias injustificadas, con registro automático y comunicación a los órganos de control correspondientes.
Con estas modificaciones, el Gobierno de Mendoza busca consolidar un sistema penal más eficiente, transparente y equilibrado, que garantice un acceso más ágil a la justicia y una mejor distribución de las cargas de trabajo, asegurando un servicio judicial moderno y adaptado a las necesidades de los mendocinos.
