Publicada el 24 septiembre, 2025
El Senado de Mendoza le dio despacho favorable al proyecto de reforma parcial del Estatuto General del Empleado Público, vigente desde 1973, con adecuaciones al Escalafón regulado por la Ley 5126. La iniciativa, que podría ser tratada el próximo martes, fue analizada en una reunión conjunta de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales, Hacienda y Presupuesto, y Asuntos Sociales y Trabajo. El proyecto cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.
Al comienzo del encuentro, la senadora radical Natacha Eisenchlas explicó que, cuando el Ejecutivo presentó el expediente, se estableció un cronograma de tratamiento que incluía invitar a los sindicatos y otorgar más tiempo a los senadores para analizar la propuesta. “Hoy sería el momento de despacharlo sobre el programa que establecimos en la primera reunión. Así que desde nuestro bloque solicitamos el despacho del expediente”, indicó.
El senador del bloque de la Unión Mendocina informó que su bloque presentará un despacho en minoría, mientras que Adriana Cano, jefa del bloque justicialista, señaló que no acompañarán el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo.
El Poder Ejecutivo justificó la reforma en la necesidad de actualizar un marco normativo de más de 50 años, adaptándolo a las restricciones presupuestarias, criterios de responsabilidad fiscal y a la jurisprudencia vigente. Además, se busca eliminar disposiciones obsoletas o incompatibles con los principios de igualdad de acceso a la función pública.
Desde su sanción, el Estatuto del Empleado Público fue atravesando transformaciones en distintos sectores, como salud, educación y seguridad, que generaron superposiciones normativas y diferencias entre trabajadores. Asimismo, la evolución de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y de la Corte Suprema de la Nación introdujo interpretaciones diversas sobre estabilidad laboral, reincorporación tras sanciones, cómputo de antigüedad y derechos de trabajadores no permanentes, lo que motivó la necesidad de unificar criterios legales.
Entre los cambios que plantea la reforma se incluyen la modernización de los artículos iniciales del Decreto Ley 560/73, extendiendo su alcance a personal actualmente excluido de la carrera administrativa, la eliminación de procedimientos recursivos obsoletos y la aplicación del procedimiento administrativo común previsto por la Ley 9003.
También se diferencian los derechos de estabilidad laboral entre agentes permanentes y empleados interinos o contratados, se actualizan las reglas de indemnización con un plazo máximo de 30 días para su pago, y se limita el cómputo de antigüedad a servicios con relación de dependencia y aportes previsionales.
La reforma mantiene el acceso a los recursos administrativos previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo y habilita, en caso de agotarse esta vía, la acción procesal administrativa regulada por la Ley 3918.
Con estos cambios, Mendoza busca modernizar un marco legal que supera las cinco décadas de vigencia, adaptándolo a las necesidades actuales del empleo público y a los criterios establecidos por la Justicia.
