Publicada el 17 septiembre, 2025
Luego de haber analizado el proyecto de reforma al funcionamiento del fuero penal, los integrantes de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado, avanzaron junto a la ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, y al subsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino, en dos decretos claves: el N° 754 y el N° 1927. Ambos instrumentos aprueban convenios de colaboración interjurisdiccional entre las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis, con el objetivo de optimizar la seguridad pública en la región.
La ministra Rus destacó los logros alcanzados desde la firma de los convenios. “Hemos realizado 20 operativos conjuntos y, desde agosto, contamos con la interoperatividad de los sistemas. Esto significa que un vehículo robado en Mendoza que ingrese a San Juan o San Luis generará alertas inmediatas, al igual que personas con pedidos de captura. Nos permite ser más efectivos y soñar con proyectos de controles unificados que optimicen el tránsito y la seguridad al mismo tiempo”, explicó.
El Decreto N° 754 aprueba el Convenio de Colaboración Interjurisdiccional suscripto el 31 de mayo de 2024, que establece la coordinación de operativos conjuntos, la interoperabilidad de cámaras de vigilancia y el intercambio de información sobre vehículos y personas con medidas judiciales pendientes. El convenio tendrá una duración de cuatro años, prorrogables automáticamente, y establece obligaciones claras para cada provincia en el marco de la cooperación regional.
Por su parte, el Decreto N° 1927, firmado el 30 de mayo de 2025, aprueba un Convenio Específico entre Mendoza y San Juan para la implementación de una Zona de Control Unificado en puntos estratégicos de la región de Cuyo. El acuerdo incluye un plan de cinco etapas que abarca diagnóstico, planificación, diseño arquitectónico, integración de sistemas, capacitación y puesta en marcha operativa, incorporando además una base de datos compartida de pedidos de captura de personas y vehículos de las tres provincias.
Los legisladores de la comisión acordaron firmar el despacho de ambos proyectos para su tratamiento próximo en el recinto, marcando un paso más en la consolidación de una estrategia de seguridad coordinada y eficiente en la región.
