Publicada el 16 septiembre, 2025
El Senado de Mendoza dio sanción definitiva a la modificación del inciso b del artículo 218° del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario, con la que se eleva el límite de tres a cinco JUS en el Proceso de Pequeñas Causas. La iniciativa, impulsada por el senador David Sáez y remitida en segunda revisión por la Cámara de Diputados, fue aprobada en la sesión de este martes y ahora quedó en condiciones de ser promulgada por el Poder Ejecutivo.
La actualización permitirá que los reclamos que antes tenían un tope de tres JUS —equivalentes a unos 1,5 millones de pesos— se extiendan a cinco JUS, es decir, cerca de 2,5 millones de pesos tomando como referencia el valor actual de la unidad (alrededor de $541 mil).
Durante el tratamiento en el recinto, Sáez subrayó que la modificación responde a la necesidad de adecuar la normativa a la realidad económica del país y de garantizar a los ciudadanos el acceso a una justicia más rápida, ágil y gratuita.
El legislador además remarcó que el Proceso de Pequeñas Causas es una herramienta destinada principalmente a resolver conflictos de consumo de menor cuantía, como compras defectuosas, facturaciones indebidas o problemas con servicios, situaciones que muchas veces afectan a los consumidores y quedan sin respuesta por no poder afrontar los costos de un juicio tradicional.
El senador explicó además que la reforma fue consensuada con la Suprema Corte de Justicia para asegurar armonía institucional y fortalecer el espíritu de esta instancia judicial, que busca brindar soluciones sencillas y accesibles a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.
En el marco del debate, el senador Dugar Chappel, del Partido Verde, confirmó que su bloque acompañaría la propuesta. En la misma línea, el representante de la Unión Mendocina, Germán Vicchi, adelantó el voto afirmativo de su bancada. En contraste, el senador Pedro Serra informó que el bloque justicialista se abstendría de votar el proyecto impulsado por Sáez.
Luego, el proyecto fue sometido a votación, por lo que resultó aprobado por 29 votos afirmativos y 8 abstenciones. La propuesta fue remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Desde la Legislatura remarcaron que la medida representa un paso más en la modernización del sistema judicial provincial y que responde a la necesidad de proteger a los usuarios y consumidores frente al contexto inflacionario. El objetivo es evitar que los ciudadanos vean restringidos sus derechos por el desfasaje de los montos y que puedan resolver sus reclamos en un marco ágil y accesible.
Con esta sanción definitiva, la norma quedó lista para ser promulgada por el Poder Ejecutivo y entrar en vigencia en la Provincia de Mendoza.
