Publicada el 18 junio, 2025
La comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado comenzó con el análisis del proyecto de ley que propone la derogación parcial de la Ley N.º 6.920. La reunión contó con la participación del ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema; y del fiscal de Estado, Fernando Simón.
Durante la reunión, Natalio Mema destacó que se trata de una propuesta realista que busca saldar una deuda histórica con las comunidades, pero con herramientas eficaces y procedimientos viables.
Por su parte, Simón afirmó que, desde el punto de vista técnico y jurídico, la ejecución de la ley vigente resulta de cumplimiento imposible. A pesar de los esfuerzos realizados, el proceso continúa trabado en sus primeras etapas, con un expediente judicial que ya supera las 2.500 fojas, sin resultados concretos.
Desde Fiscalía de Estado se advirtió que la ley, en su redacción actual, no solo no puede ejecutarse, sino que también bloquea otras alternativas para alcanzar el mismo objetivo: la titularización por parte de comunidades o individuos que históricamente habitan esas tierras.
Simón explicó que la norma contempla la expropiación de unas 870.000 hectáreas, aunque en la práctica se detectaron títulos superpuestos que incluso superan el millón de hectáreas. Existen más de 500 titulares registrales, lo que convierte a esta en la expropiación más grande del país y sin antecedentes similares a nivel nacional ni internacional.
A esto se suma que el proceso judicial está estancado, ya que no ha sido posible identificar de manera fehaciente a todos los titulares registrales, condición necesaria para avanzar con las notificaciones. A pesar de haber requerido información a distintos organismos provinciales, no se ha obtenido la totalidad de datos como nombres, DNI y domicilios reales.
Luego de las exposiciones, se abrió un espacio de diálogo entre los distintos sectores políticos con representación parlamentaria, en donde pudieron expresar sus posturas. La senadora Natacha Eisenchlas cerró la reunión con un llamado a que todas las fuerzas políticas aporten su voluntad para transmitir un mensaje claro a las comunidades, en el sentido de que se está trabajando en un nuevo proyecto que permita mejorar la situación.
Se prevé que en los próximos días se invite formalmente a las comunidades huarpes para continuar construyendo un borrador consensuado que contemple las posturas de todos los bloques legislativos y de los pueblos originarios involucrados.
Sancionada en 2002, la Ley N.º 6.920 reconoció la preexistencia étnica y cultural del Pueblo Huarpe Milcallac y declaró de utilidad pública y sujetas a expropiación unas 700.000 hectáreas en el departamento de Lavalle. El objetivo era transferir tierras a las comunidades que acreditaran ocupación ancestral y tuvieran personería jurídica otorgada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. En ese marco, en 2010 se adjudicaron más de 100.000 hectáreas fiscales mediante el Decreto N.º 633, consolidando la propiedad comunitaria de varias comunidades huarpes.
Sin embargo, el proceso judicial de expropiación enfrentó múltiples obstáculos: no se ha logrado notificar la demanda a la totalidad de los involucrados, no se cuenta con información catastral precisa, se detectaron superposiciones de títulos y no se ha podido individualizar con claridad a todos los ocupantes o titulares de derechos. Además, se identificaron interferencias con otros programas, como el de Promoción y Arraigo de Puesteros, y la normativa vigente no impide actos de disposición sobre los inmuebles incluidos, lo que genera nuevos conflictos.
Ante este panorama, Fiscalía de Estado reiteró la imposibilidad material y jurídica de continuar con el proceso tal como está planteado. También advirtió sobre el impacto económico desproporcionado de avanzar con una medida de semejante magnitud, además del riesgo de litigios por afectar derechos de terceros que hoy desarrollan actividades productivas en las tierras comprendidas en el polígono original.
El proyecto propone derogar parcialmente la Ley N.º 6.920, eliminando los artículos que ordenan la expropiación de los inmuebles privados mencionados en el Anexo I. No obstante, se mantiene la validez de los actos ya realizados —como la adjudicación de tierras fiscales— y se ratifica la vigencia del Decreto N.º 633.
La iniciativa destaca que el Estado provincial ha avanzado, dentro de sus posibilidades, en el cumplimiento del espíritu de la ley. Frente a la imposibilidad de ejecutar plenamente lo dispuesto, plantea la necesidad de repensar el marco legal vigente y alienta el dictado de nuevas normativas que brinden soluciones efectivas, sostenibles y con seguridad jurídica para todas las partes involucradas.
