Publicada el 22 abril, 2025
El Senado de Mendoza aprobó por unanimidad a un ambicioso proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo que propone transformar de manera integral la gestión estatal a través de la digitalización de sus servicios, estructuras y procesos. Con esta propuesta, se crea el Sistema de Administración Pública Digital de la provincia, con el objetivo de agilizar la relación entre los ciudadanos y el Estado, mejorar la eficiencia, la transparencia y garantizar un acceso más equitativo y seguro a los derechos y servicios públicos.
La iniciativa establece un nuevo marco normativo que alcanza a todos los organismos del Estado provincial: desde ministerios, secretarías, entes descentralizados y empresas con participación estatal mayoritaria, hasta los poderes Legislativo y Judicial. A través de esta norma, se busca consolidar una administración pública moderna, con servicios digitales accesibles, orientados al usuario y centrados en la inclusión.
Entre los pilares fundamentales del sistema se destacan principios como la orientación a las personas, la simplificación administrativa, la seguridad y privacidad de la información, la reutilización de soluciones digitales, la transparencia y la interoperabilidad. Además, se garantiza el acceso a servicios digitales como derecho ciudadano, contemplando instancias de formación, conectividad gratuita en dependencias públicas y puntos de asesoramiento para facilitar el uso de herramientas digitales.
La autoridad de aplicación será el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, que asumirá el rol de coordinar y reglamentar este nuevo ecosistema, en el que se prioriza el enfoque “digital primero”, pero sin excluir a quienes aún no están conectados.
Durante el tratamiento, la senadora Ángela Floridia —presidenta de la comisión de Hacienda y Presupuesto— destacó que la transformación digital ya se ha asumido como una política de Estado. “Después de la pandemia, muchos ministerios avanzaron en la implementación de sistemas digitales. Esta ley viene a organizar y profundizar esa línea de trabajo”, explicó.
La legisladora subrayó que el proyecto busca reducir la burocracia, proteger los datos personales y avanzar hacia una gestión estatal más inclusiva, accesible y eficiente. Entre los instrumentos mencionó la creación de una plataforma integral de servicios llamada Mendoza por mí, que incluirá perfiles digitales, portadocumentos y notificaciones electrónicas.
Uno de los puntos más debatidos fue la conectividad, que Floridia reconoció como un desafío estructural. “No se resuelve con una ley, pero este Gobierno ha hecho inversiones sostenidas en ese sentido”, señaló. También valoró el trabajo conjunto entre oficialismo y oposición, que permitió mejorar el texto original.
Desde el bloque Justicialista, el senador Félix González valoró el trabajo realizado en comisiones, al señalar que se receptaron inquietudes planteadas por la oposición y que muchas de las modificaciones propuestas fueron tomadas por el oficialismo. En esa línea, justificó el acompañamiento del proyecto, aunque aclaró que su bancada no avalaría el artículo 31.
González sostuvo que el proyecto mejora significativamente en relación con su versión original y celebró que se avance hacia un modelo de digitalización estatal integral. Destacó que el texto define un ecosistema digital provincial gobernado por un comité de alto nivel con representación de los tres poderes, lo cual, a su juicio, fortalece la calidad institucional. Además, hizo hincapié en la necesidad de evitar que cada ministerio actúe de forma aislada en la implementación de herramientas digitales.
Finalmente valoró la incorporación del principio de «sólo una vez», que impide que el Estado solicite más de una vez una misma documentación a los ciudadanos, así como la creación de una identidad digital unificada, una casilla digital única y un portadocumento ciudadano. También destacó que la ley establece que el Estado deberá asegurar conectividad en los puntos donde se realicen trámites, para garantizar el acceso de todos los ciudadanos.
El cierre del debate estuvo a cargo del senador Martín Kerchner Tomba, quien remarcó que el proyecto no surge de una idea abstracta, sino que condensa el trabajo que el Gobierno provincial ha venido desarrollando en los últimos años. “Esta norma viene a ordenar lo que ya se ha hecho. Hemos aprobado más de una decena de leyes vinculadas a la modernización del Estado y los resultados son concretos: Historia Clínica Digital, Receta Electrónica, mejoras en el Sistema Educativo como el GEM y avances en seguridad y justicia”, enumeró.
También se refirió al sistema “Mendoza por mí”, aprobado anteriormente, como una muestra de la voluntad estatal de avanzar hacia una gestión digital con impacto directo en la vida de los mendocinos.
Luego de estas declaraciones, el proyecto fue aprobado por unanimidad en general, mientras que en particular no fue acompañado un artículo. Ahora será el turno de que la Cámara de Diputados revea este proyecto, para completar el tratamiento legislativo de una propuesta que promete marcar un antes y un después en la gestión pública provincial.
Además de crear el Sistema de Administración Pública Digital para la provincia, esta propuesta da origen al Ecosistema Digital de Integrabilidad de Mendoza (EDI Mza), un espacio destinado a garantizar el intercambio seguro, confiable y trazable de datos, procesos y servicios digitales entre las distintas entidades del Estado. Este ecosistema se regirá por estándares de calidad y buenas prácticas que aseguren su sostenibilidad y eficacia a largo plazo.
Para coordinar las decisiones estratégicas del EDI Mza, se conformará un Comité de Alto Nivel integrado por representantes de los tres poderes del Estado, presidido por el Ejecutivo provincial. Este cuerpo tendrá la responsabilidad de definir lineamientos en materia de protección de datos, interoperabilidad y resolución de conflictos interinstitucionales.
Por su parte, la Dirección General de Modernización del Ministerio de Gobierno actuará como organismo rector del ecosistema, con la misión de garantizar la coherencia y efectividad de la interoperabilidad entre los distintos niveles de gobierno y promover la reutilización de componentes tecnológicos. Esta dirección tendrá además la responsabilidad de elaborar planes, establecer estándares y asegurar el cumplimiento del principio de que las personas solo deban entregar sus datos una vez al Estado.
La Dirección de Informática del mismo Ministerio, será el ente ejecutor de la implementación del ecosistema, encargándose de aspectos técnicos como la infraestructura, la capacitación, la supervisión de servicios interoperables y la gestión de estándares de seguridad, trazabilidad y conservación de la información.
El proyecto también establece la creación del Portadocumento Digital Ciudadano, un espacio virtual, personal e intransferible, destinado a cada persona de la provincia. Su objetivo es ofrecer un acceso único a documentos digitales, tanto de organismos públicos como privados, que sean de interés para los ciudadanos.
Estos documentos deberán contar con mecanismos de seguridad válidos, como firma digital o códigos QR, y su acceso será estrictamente personal a través de la identidad digital, mediante la plataforma Mendoza por Mí. La visualización o utilización de estos documentos estará sujeta al consentimiento del usuario, en conformidad con la Constitución, el Código Civil y Comercial de la Nación y la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales (art. 23).
Asimismo, se establece que toda la documentación disponible en este portadocumento tendrá la misma validez legal y jurídica que su equivalente en formato papel (art. 24), y los organismos alcanzados por la normativa deberán cargar allí toda la documentación de valor ciudadano en un plazo no mayor a doce meses, con posibilidad de una prórroga excepcional de igual duración por razones fundadas (art. 25).
Otro avance significativo es la implementación de la Casilla Digital de Notificaciones, que funcionará como un canal privado y seguro de mensajería entre el Gobierno y cada ciudadano. El acceso será personal mediante la identidad digital y su gestión se realizará también por Mendoza por Mí. Las notificaciones enviadas a esta casilla serán certificadas y se considerarán leídas y aceptadas semanalmente, aunque el usuario no acceda al sistema.
A través de esta herramienta tecnológica, el ciudadano podrá agregar otros medios de contacto (como correo electrónico o mensajería), pero el Estado no será responsable por fallos técnicos en esas plataformas. La casilla producirá los mismos efectos legales que un domicilio constituido y la reglamentación establecerá condiciones de implementación y excepciones en casos de falta de conectividad (art. 26).
Los organismos públicos deberán utilizar esta casilla digital para enviar cualquier tipo de comunicación, implementándola en un plazo de hasta doce meses con posibilidad de prórroga. Aquellos entes que ya cuenten con sistemas similares podrán seguir utilizándolos como complemento, siempre que garanticen trazabilidad.
Por su parte, los documentos que requieran firma deberán estar suscriptos con firma electrónica o digital, ambas con igual eficacia legal y valor probatorio que los documentos en papel. El Gobierno provincial proveerá una plataforma gratuita y segura para la firma digital, accesible a través de Mendoza por Mí, válida tanto en el ámbito público como privado. El uso de esta firma será obligatorio en todos los trámites digitales que impliquen la presentación de documentación por parte del ciudadano.
En el marco de las contrataciones públicas, se incorpora un nuevo inciso a la Ley Nº 8706 de Administración Financiera, que habilita al Estado a adquirir bienes y contratar servicios a través de plataformas de comercio electrónico o Marketplace. Estas plataformas deberán contar con catálogo de productos, medios de pago digitales, emisión de facturas, seguimiento de entregas y procedimientos de devolución y resolución de conflictos.
También se incluye la compra de infraestructura tecnológica, licencias y servicios de software ofrecidos en forma pública y estandarizada por proveedores nacionales o internacionales. La evaluación de las contrataciones se regirá por el principio de la oferta más conveniente (art. 30).
El Poder Ejecutivo será facultado para reglamentar e implementar las actualizaciones necesarias en los sistemas de administración financiera, asegurando eficiencia y buena gestión del gasto público. Finalmente, se invita a los municipios a adherir a la ley en el ámbito de sus respectivas competencias.
Con esta legislación, Mendoza da un paso sustancial hacia la transformación digital de su administración pública, apostando a un modelo estatal más ágil, transparente, inclusivo y preparado para afrontar los desafíos de una sociedad en constante evolución tecnológica.
👂🏻 Esto expresaron durante el debate: