Publicada el 10 diciembre, 2024
El Senado de Mendoza otorgó media sanción a un proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo que propone una actualización profunda del Código Procesal de Familia y Violencia Familiar. Este conjunto de modificaciones apuntan a modernizar el sistema judicial en cuestiones familiares y de violencia intrafamiliar, con el objetivo de garantizar mayor celeridad, eficiencia y un enfoque más integral en la resolución de conflictos.
La propuesta que fue aprobada por unanimidad, deberá ser revisada por la Cámara de Diputados, e introduce cambios significativos en la forma en que se tramitan los procesos vinculados a estas áreas. Por ejemplo, los jueces especializados del fuero de familia adquieren un rol más activo en la gestión de los casos, mientras que el uso de herramientas tecnológicas promete agilizar trámites procesales, como notificaciones y audiencias electrónicas, reduciendo notablemente los tiempos de resolución.
Durante el tratamiento en el recinto, la senadora María Laura Sainz destacó que esta reforma busca avanzar en la protección efectiva de los derechos de la infancia, haciendo especial hincapié en el derecho de los menores a crecer en una familia. “La experiencia y los avances tecnológicos nos muestran que es necesario mejorar aspectos claves del código actual”, afirmó.
Entre las modificaciones más relevantes, se encuentra la eliminación de la obligatoriedad del patrocinio letrado en ciertos casos de adopción, como cuando los guardadores están inscritos en el Registro Provincial de Adopción y se vinculan con niños mayores de cinco años, grupos de hermanos, niños con discapacidad o adolescentes. Esto permitirá acortar los tiempos de los juicios de adopción, evitando la prolongación de las guardas preadoptivas y garantizando el derecho de los menores a su identidad y a formar parte de una familia adoptiva de manera más ágil.
Sainz subrayó que esta iniciativa busca beneficiar a los niños que enfrentan mayores dificultades para ser adoptados y que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. «Es esencial garantizarles un proceso ágil que respete su derecho a la identidad, un aspecto clave para su desarrollo», destacó.
Por su parte, la senadora Flavia Manoni señaló que este tema es prioritario y destacó la importancia de incluirlo en la agenda legislativa, mientras que Adriana Cano, jefa del bloque justicialista, expresó el acompañamiento de su bancada y sostuvo que “es necesario trabajar en las políticas de fondo”.
La senadora Natacha Eisenchlas también destacó el carácter integral del proyecto, fruto del trabajo conjunto entre el Poder Ejecutivo, la Suprema Corte de Justicia, organizaciones civiles y la oposición. «Es una reforma que no solo responde a una necesidad social, sino que complementa las políticas de inversión en niñez y políticas sociales que el gobierno viene implementando desde 2015», aseguró.
En el ámbito de la violencia familiar, el proyecto prioriza la protección inmediata de las víctimas mediante el fortalecimiento de medidas cautelares, evitando la revictimización y asegurando un sistema de asistencia integral. Además, el acceso a la justicia se enfoca en resolver de manera rápida y efectiva las situaciones de riesgo, con especial atención en los casos más urgentes.
El texto también contempla avances significativos en los procesos de adopción y en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Se simplifican los procedimientos administrativos y se acortan los plazos para que los menores en situación de vulnerabilidad puedan acceder a un entorno familiar adecuado lo antes posible. Todo esto bajo la premisa de garantizar el interés superior del niño en cada instancia judicial.
Además, se subraya la importancia de la capacitación obligatoria y continua de los operadores judiciales en derechos humanos, perspectiva de género, violencia familiar y derechos de la infancia, con el objetivo de profesionalizar aún más la atención de estas problemáticas.
La mediación familiar también ocupa un lugar destacado como una herramienta esencial para la resolución pacífica de disputas, siempre que no involucren situaciones de violencia. Este enfoque busca promover acuerdos tempranos y reducir la carga judicial.
Otro punto central es la incorporación de equipos interdisciplinarios, que aportarán un enfoque integral y especializado en el tratamiento de los casos, además de la creación de registros específicos para monitorear situaciones de riesgo y diseñar políticas públicas basadas en información concreta y confiable.
Con esta media sanción, el Senado reafirma su compromiso con la mejora del sistema judicial y la protección de los derechos humanos, estableciendo las bases para una justicia más ágil, eficiente y sensible a las necesidades de los sectores más vulnerables. El proyecto ahora pasa a la Cámara de Diputados, donde será analizado para su eventual sanción definitiva.
