Publicada el 5 noviembre, 2024
En una nueva apuesta por la inclusión social, el Senado de Mendoza aprobó un proyecto de ley impulsado por el senador Walther Marcolini, que propone reformas a la Ley N.º 8.475 de Regularización Dominial. Esta iniciativa busca mejorar el acceso a una vivienda digna para familias vulnerables, garantizando que puedan obtener títulos de propiedad sobre sus viviendas y, con ello, una mayor estabilidad legal y calidad de vida. Tras su aprobación en el Senado, el proyecto pasa a la Cámara de Diputados, con el respaldo de un consenso amplio entre los sectores involucrados.
La senadora María Galiñares, miembro informante del proyecto de ley que busca facilitar la regularización de la propiedad, destacó el contexto histórico de la Ley 24.374, sancionada en 1994, que garantizaba el acceso a la vivienda digna. Señaló que, aunque esta ley fue aprobada a nivel nacional, su implementación en Mendoza, a través de la ley provincial 8.475, se concretó en 2012 debido a complicaciones en el proceso de adquisición de dominio.
La legisladora además explicó que muchas personas en Mendoza han ocupado terrenos sin poder completar el proceso de escrituración debido a barreras burocráticas y crisis económicas. “La escrituración es un embudo. Existen numerosos ciudadanos que poseen sus inmuebles, pero al no tener la escritura, no pueden acceder al tráfico inmobiliario ni a créditos para mejoras,” manifestó.
Con el objetivo de solucionar esta problemática, la ley provincial establece un procedimiento más accesible para aquellos que han mantenido una posesión pública y pacífica de sus propiedades desde antes del 1 de enero de 2009. Por esto fue que Galiñares comentó que con este proyecto buscan aumentar el límite de superficie de los inmuebles de 600 a 1,000 metros cuadrados, permitiendo también la inclusión de propiedades rurales.
La senadora remarcó la colaboración de los escribanos en el proceso, quienes han realizado trámites de manera gratuita para facilitar la obtención de escrituras. Galiñares espera que con las modificaciones, más mendocinos puedan acceder a la titularidad de sus viviendas, permitiéndoles mejorar su calidad de vida y acceder a financiamiento.
Por su parte, el senador Gerardo Vaquer subrayó que esta iniciativa es fundamental para los mendocinos, al ser una herramienta que promete agilidad en la obtención de escrituras de viviendas.
El proyecto responde a las limitaciones observadas en la ley vigente, que regula el programa nacional de regularización de tierras, y pretende agilizar los procesos y ampliar su alcance. Según un informe del Colegio de Agrimensura, el Colegio Notarial y la Dirección de Registro Público y Archivo Judicial de Mendoza, entre 2015 y 2023 solo se registraron 400 escrituras de regularización dominial en la provincia, con una participación activa de solo seis departamentos —San Martín, Las Heras, Godoy Cruz, Tupungato, Guaymallén y General Alvear—. En este contexto, los municipios de San Martín y Las Heras han implementado un sistema de regularización adaptado a la realidad de sus habitantes, pero otros distritos aún enfrentan desafíos.
La Ley N.º 8.475, sancionada en 2012, fue un avance en la promoción de la vivienda digna, consagrada en la Constitución Nacional como un derecho social (art. 14 bis). No obstante, obstáculos administrativos y económicos han dificultado la regularización en Mendoza, donde muchas familias aún no cuentan con la seguridad jurídica de un título de propiedad. Uno de los principales obstáculos ha sido la insuficiencia de recursos para cubrir los costos reales de regularización, ya que, si bien la Ley Nacional N.º 24.374 establece la gratuidad del proceso, el aporte único del 1% del valor fiscal del inmueble es insuficiente para cubrir los honorarios de los agrimensores y escribanos.
Las reformas aprobadas en el Senado buscan enfrentar estos problemas, adaptando la normativa provincial a las reformas de la Ley Nacional y estableciendo un sistema de financiamiento que asegure la sostenibilidad del proceso. Entre las modificaciones propuestas destacan:
La iniciativa también tiene objetivos más amplios. La regularización de tierras es un paso hacia el fortalecimiento del derecho a la vivienda y traerá beneficios a nivel social y económico. Al legalizar sus propiedades, las familias pueden acceder a créditos y servicios, aumentando también la base tributaria provincial y contribuyendo a un ordenamiento territorial más efectivo. En conjunto, la reforma no solo mejorará la vida de quienes accedan a un título de propiedad, sino que también permitirá un desarrollo más organizado en los municipios de la provincia.
La aprobación de este proyecto marca un avance en el camino hacia una provincia más justa e inclusiva, y se espera que su implementación fortalezca el derecho a la vivienda para miles de mendocinos, quienes contarán con la seguridad jurídica y los recursos necesarios para acceder a una vida más digna y estable.
👂🏻 Escuchá lo que se dijo en el Senado durante su tratamiento