Publicada el 19 junio, 2024
Las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) y de Economía y Comercio Exterior del Senado continúan estudiando el proyecto de ley que propone derogar la Ley N° 9133. En esta ocasión, los legisladores recibieron a representantes de diversas entidades vinculadas a la normativa, para conocer sus posturas al respecto. Esta iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, tiene como objetivo proteger a los pequeños productores, promoviendo la estabilidad económica y eliminando barreras consideradas innecesarias.
El encuentro contó con la presencia del subsecretario de Agricultura y Ganadería, Sergio Moralejo, y otros funcionarios del Ministerio de la Producción, quienes asistieron a la reunión para escuchar la postura de cada representante de los sectores agrícolas.
Durante la apertura, el senador Marcolini enfatizó la importancia de escuchar las diversas perspectivas de estas entidades, subrayando la extensa lista de participantes convocados para el debate. Entre ellos se encontraban figuras destacadas como Matías Manzanares de la Asociación Viñateros de Mendoza, Mario Leiva de la Sociedad Rural Valle de Uco, y Sebastián Lafalla de la Cámara de Comercio de Tupungato, entre otros.
Carlos Dávila, vicepresidente de la Cámara de Tunuyán, comenzó su intervención agradeciendo la oportunidad de expresar la visión de los productores sobre la derogación de la Ley 9133. En este sentido dividió su exposición en tres puntos clave: el propósito original de la ley, su efectividad práctica desde la perspectiva del productor, y las expectativas frente al proyecto de derogación.
Luego, Sebastián Lafalla de la Cámara de Comercio de Tupungato coincidió con Dávila al señalar que, si bien la ley tuvo un espíritu protector para los productores, en la práctica no cumplió con sus objetivos. En tanto que destacó las dificultades y los intereses políticos involucrados en la implementación de la normativa, subrayando que no logró corregir las distorsiones del mercado como se esperaba inicialmente.
Posteriormente fue el turno de Milton Kuret, quien representa a Bodegas de Argentina. En esta oportunidad presentó una postura crítica hacia la Ley 9133, argumentando que desde su implementación no se han observado beneficios significativos para ninguno de los actores involucrados. Enfatizó además que la carga administrativa y los costos asociados han recaído desproporcionadamente sobre los compradores de uvas, mientras que las sanciones y multas no han cumplido su propósito inicial de proteger a los productores.
El representante de Bodegas de Argentina también enfatizó la necesidad de desburocratizar el proceso de adquisición de materias primas agrícolas, proponiendo un enfoque más flexible que fomente acuerdos beneficiosos para ambas partes sin imponer rigideces normativas.
A su turno Diego Stortini, vocero de la Unión de Productores Primarios, especificó que no está del todo conforme con la propuesta de derogación de la ley, enfatizando que no ha cumplido su objetivo original de estabilizar las relaciones entre productores e industria. Pero destacó la falta de transparencia en los precios de referencia y propuso la implementación de un sistema estadístico para recopilar datos de costos y precios comparables.
Por su parte, Mario Leiva de la Sociedad Rural de Valle de Uco expresó preocupaciones similares sobre la ley actual, señalando la necesidad de un arbitraje independiente y objetivo para resolver disputas entre productores e industria. Destacó también que la normativa actual favorece a las bodegas en detrimento de los productores primarios, quienes se ven obligados a aceptar condiciones desfavorables.
Arturo Bertona, otro productor vitivinícola, enfatizó la importancia de la transparencia en las transacciones comerciales y la necesidad de registrar los contratos en el momento adecuado. Propuso una segmentación clara de la calidad del producto para establecer estándares y precios de referencia.
En tanto que Gustavo Ortiz de Marolio compartió su experiencia en otros sectores agrícolas y señaló que la Ley ha generado más obstáculos burocráticos que beneficios tangibles para los productores y la industria. Cuestionó asimismo la seguridad jurídica y las condiciones de mercado estables bajo la normativa actual.
Luego, Matías Manzanares, representante de la Asociación de Viñateros de Mendoza, destacó la necesidad de diferenciar las opiniones entre productores vitivinícolas y otros sectores agrícolas. Subrayó que la Ley vigente no está cumpliendo su objetivo original de brindar certeza y seguridad a los productores en las transacciones comerciales. En este punto fue que lamentó los cambios y derogaciones que han desvirtuado el espíritu inicial de la normativa, como la falta de actualización obligatoria en los contratos, lo cual considera un obstáculo para su efectividad.
Mario Díaz de AVA/Pedemonte expresó su apoyo a la derogación de la Ley, argumentando que la inclusión de otras industrias ha complicado innecesariamente las negociaciones y los contratos, especialmente para productos con características y ciclos de cosecha distintos a los de la vitivinicultura.
Edgardo Robi de la Asociación de Productores del Oasis Este de Mendoza (Aproem) mostró una posición equilibrada, llamando a consensuar ajustes más que a la derogación total. Señaló la importancia de revisar y ajustar la Ley para no desregular completamente un sector tan crucial como la vitivinicultura, que enfrenta desafíos específicos y abusos en el mercado.
Luego, Raúl Giordano de la Cámara de la Fruta Industrializada de Mendoza (CAFIM), abogó por la derogación debido a las dificultades prácticas que enfrentan las industrias de frutas al cumplir con los requisitos de la Ley. Criticó la falta de flexibilidad en los plazos de contratación y los altos costos asociados a las multas por incumplimientos temporales.
Por último, Nicolás Vicchi gerente de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (ACOVI) coincidió en que la Ley no ha logrado su objetivo original de regular los precios y mejorar las condiciones para los productores. Propuso que, en lugar de derogarla sin más, se realicen ajustes y mejoras para adaptarla a la realidad actual del sector cooperativo y vitivinícola.
El cierre estuvo a cargo del subsecretario de Agricultura y Ganadería, Sergio Moralejo, enfatizó la necesidad de revisar la Ley 9133, destacando que esta no ha cumplido con su propósito original de regular efectivamente los precios y mejorar las condiciones del mercado agrícola.
Por esto fue que subrayó la importancia de buscar alternativas que realmente funcionen y propuso la creación de un sistema estadístico que actúe como un mercado de valores para frutas y hortalizas, proporcionando transparencia y acceso a información clave para todos los actores del sector. Expresó su compromiso de trabajar en colaboración con legisladores y diversos sectores involucrados para avanzar en estas direcciones, considerando la reunión como un paso auspicioso hacia ese objetivo.
Concluyendo con todos estos aportes, quedaron reflejadas las posturas de los sectores agrícolas, en donde algunos defienden los ajustes y mejoras en la ley para proteger a los productores y fomentar una competencia justa, y otros argumentan estar a favor de la derogación debido a los problemas prácticos y la falta de beneficios evidentes.
Dentro de la propuesta, fundamentan que la Ley N° 9133, promulgada en 2019, exigía el registro de contratos de compra-venta de productos agrícolas, inicialmente enfocados en el sector vitivinícola y luego extendidos a casi todas las materias primas agrícolas destinadas a su transformación. Sin embargo, esta normativa ha sido criticada por productores e industriales debido a las dificultades para cumplir con los contratos, dadas las características climáticas y las prácticas agrícolas en Mendoza.
Desde su implementación, más de 43.000 contratos fueron registrados, pero las infracciones, que suman 297 resoluciones con más de $450 millones en multas, se fundamentaron en formalismos sin denuncias de incumplimientos de contratos por parte de los productores. Estas sanciones han generado costos y demoras sin beneficios claros para ninguna de las partes involucradas.
Por ello es que impulsan este proyecto de derogación, para eliminar la Ley N° 9133 y todas las normas asociadas a su aplicación. De esta manera, se cancelan todas las sanciones impuestas bajo esta ley que aún no sean definitivas en sede administrativa o judicial, excepto las sanciones en curso iniciadas por denuncias de productores afectados. Además, especifica que la cancelación de estas sanciones no afectará los honorarios devengados por abogados, procuradores, peritos y otros profesionales involucrados en los procesos judiciales, ni las costas producidas en dichos procesos.
Las sanciones que ya sean firmes al momento de la publicación de la nueva ley mantendrán su validez y efectos legales. No se permitirá la devolución de montos ya abonados ni se cuestionarán las obligaciones ya cumplidas bajo la ley derogada.
Vale recordar que el Ministro Vargas Arizu brindó una conferencia de prensa en el Salón Rojo, semanas atrás, en donde destacó la necesidad de proteger a los pequeños productores y mejorar la estabilidad económica eliminando barreras innecesarias. Este proyecto es una respuesta a las críticas y desafíos enfrentados por el sector agrícola bajo la Ley N° 9133, buscando un equilibrio que beneficie a todos los involucrados en la producción agrícola de Mendoza.
