Publicada el 12 junio, 2024
En una reunión conjunta de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) y Economía y Comercio Exterior del Senado, el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu y parte de su equipo, explicaron los alcances del proyecto de ley para derogar la Ley N° 9133. Esta iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, tiene como objetivo proteger a los pequeños productores mediante la estabilidad económica y la eliminación de barreras innecesarias.
Durante la reunión, el senador Walther Marcolini, presidente de LAC, explicó la importancia de presentar el expediente 80265, acumulado con el 79719, que se trabaja en la Comisión, para modificar el artículo 3 de la Ley 9133. Además, agradeció la presencia del Ministro Vargas Arizu y de su equipo.
Posteriormente, Vargas Arizu justificó la necesidad de derogar la ley afirmando que no ha producido los resultados esperados: «De los 43.000 contratos registrados en los últimos cuatro años, solo representan una fracción de los más de 50.000 contratos que se deberían registrar anualmente», aseguró y mencionó que la ley afecta negativamente a productos de frutas y verduras con modalidades contractuales diferentes y destacó que el 30% de la producción vitivinícola, correspondiente a cooperativas, está excluida de esta ley.
Leandro Roldán, director de Fiscalización, Control y Tecnología Agroindustrial, resumió las razones detrás de la propuesta de derogación, subrayando que la ley no se adapta a las prácticas agrícolas de Mendoza. Explicó que la determinación del peso, cantidad y calidad de los productos agrícolas solo puede hacerse con certeza en el momento de la cosecha, dadas las condiciones climáticas impredecibles de la región. También añadió que la ley impone cargas financieras significativas al sector productivo, como los costos de aforo y las multas por infracciones formales, acumulando más de 1.100 millones de pesos en cuatro años.
Luego, la diputada Gabriela Lizana cuestionó la ausencia de seguridad jurídica para los productores y la falta de contratos escritos, comparando la situación con estándares internacionales. Señaló además que en otros países, como los de Europa y Australia, los contratos escritos son esenciales para garantizar la lealtad comercial y la seguridad del productor, y cuestionó la justificación del gobierno para eliminar estos contratos.
En respuesta, Vargas Arizu defendió la propuesta de derogación, argumentando que la mejor manera de proteger a los productores es reducir la carga impositiva y mejorar las condiciones macroeconómicas. Afirmó que la Argentina necesita normalizarse económicamente y reducir los impuestos para que la economía se mueva libremente.
Roldán aportó que no se está en contra de los contratos, pero que estos deben ser opcionales y no impuestos por Ley. Destacó que hay sectores que ya utilizan contratos exitosamente sin necesidad de una imposición legal, y expresó que quieren que la libertad de contratación sea una opción viable para todos.
Posteriormente, Gerardo Vaquer, senador provincial del justicialismo, expresó su profundo conocimiento personal y familiar de la cadena de producción, destacando la vulnerabilidad de los productores frente a los industriales. Por ello insistió en que derogar la ley sería un error, ya que, aunque imperfecta, es fundamental para proteger a los productores. Propuso trabajar extensamente para mejorar la legislación en lugar de eliminarla.
Ante las palabras vertidas por el legislador, el ministro de Producción abordó la cuestión desde una perspectiva técnica, indicando que los contratos en dólares podrían ser beneficiosos en el futuro, pero que actualmente son poco viables debido a la inestabilidad económica. Sostuvo que agravar el contrato podría traer desregulación y simplificación tanto para el productor como para el industrial. Además, enfatizó la importancia de las buenas prácticas y el uso eficiente de recursos como la energía eléctrica, aspectos que actualmente presentan un déficit significativo en el sector.
Por su parte, el senador Martín Kerchner Tomba, quien había participado en la elaboración del proyecto cuando fue Ministro de Economía, Infraestructura y Energía del Gobierno de Mendoza, reflexionó sobre las buenas intenciones de la ley y su implementación práctica. Resaltó la necesidad de evaluar si la ley ha cumplido con sus objetivos y planteó varias preguntas cruciales, incluyendo si la ley 9133 ha logrado los resultados propuestos, si la situación mejorará o empeorará con la modificación o eliminación del contrato, y si es contraproducente impulsar el código de buenas prácticas en este contexto.
Kerchner también abordó la complejidad del mercado en dólares y la dificultad de modificar normativas nacionales, sugiriendo un análisis más profundo y realista de las posibles soluciones. Aunque sería ideal tener un mercado en dólares, señaló que se necesita considerar las normativas nacionales y sus implicaciones.
El ministro Vargas Arizu también habló sobre la situación económica actual de Argentina dificulta la implementación de contratos en dólares. Destacó que, en regiones como Chile, donde un alto porcentaje de la producción se destina a la exportación, es viable operar en dólares. Sin embargo, en Argentina, donde solo el 25% del mercado es de exportación, las costumbres y prácticas locales dificultan esta transición. Arizu también subrayó que derogar la ley podría simplificar las relaciones comerciales entre productores e industriales, promoviendo una desregulación beneficiosa para ambas partes.
Con posterioridad, el subsecretario de Agricultura y Ganadería, Sergio Moralejo, aportó una perspectiva histórica y económica, señalando que las leyes más efectivas son aquellas que se desarrollan a partir de hechos consolidados, no a la inversa. Criticó la falta de financiamiento en la economía argentina, con solo el 2,5% del producto destinado a este fin, en comparación con el 83% en Chile y más del 100% en la Unión Europea. «No hay contrato que resista una inflación del 1019% en los últimos cuatro años», afirmó, argumentando que los contratos se rompen continuamente debido a la inflación. Por ello fue que sugirió que se necesita una plataforma de precios como referencia y que se deben buscar herramientas más efectivas que la actual ley de contratos.
El cierre estuvo a cargo del senador Walther Marcolini, quien destacó la importancia de la solidaridad entre los productores integrados en sistemas cooperativos. Argumentó que esta solidaridad es lo que permite beneficios mutuos y sostuvo que las comisiones deben permanecer abiertas para escuchar a todas las entidades involucradas. Sintetizó que están buscando generar una ley funcional y efectiva, indicando que el contrato como tal no ha funcionado, y abogó por buscar soluciones alternativas.
El tratamiento de este proyecto continuará el próximo miércoles 19 de junio, en donde los legisladores que componen ambas Comisiones, se reúnan nuevamente para abordar el tema con la participación de invitados y expertos.
Dentro de la propuesta, fundamentan que la Ley N° 9133, promulgada en 2019, exigía el registro de contratos de compra-venta de productos agrícolas, inicialmente enfocados en el sector vitivinícola y luego extendidos a casi todas las materias primas agrícolas destinadas a su transformación. Sin embargo, esta normativa ha sido criticada por productores e industriales debido a las dificultades para cumplir con los contratos, dadas las características climáticas y las prácticas agrícolas en Mendoza.
Desde su implementación, más de 43.000 contratos fueron registrados, pero las infracciones, que suman 297 resoluciones con más de $450 millones en multas, se fundamentaron en formalismos sin denuncias de incumplimientos de contratos por parte de los productores. Estas sanciones han generado costos y demoras sin beneficios claros para ninguna de las partes involucradas.
Por ello es que impulsan este proyecto de derogación, para eliminar la Ley N° 9133 y todas las normas asociadas a su aplicación. De esta manera, se cancelan todas las sanciones impuestas bajo esta ley que aún no sean definitivas en sede administrativa o judicial, excepto las sanciones en curso iniciadas por denuncias de productores afectados. Además, especifica que la cancelación de estas sanciones no afectará los honorarios devengados por abogados, procuradores, peritos y otros profesionales involucrados en los procesos judiciales, ni las costas producidas en dichos procesos.
Las sanciones que ya sean firmes al momento de la publicación de la nueva ley mantendrán su validez y efectos legales. No se permitirá la devolución de montos ya abonados ni se cuestionarán las obligaciones ya cumplidas bajo la ley derogada.
Vale recordar que la semana pasada, el Ministro Vargas Arizu brindó una conferencia de prensa en el Salón Rojo, destacando la necesidad de proteger a los pequeños productores y mejorar la estabilidad económica eliminando barreras innecesarias. Este proyecto es una respuesta a las críticas y desafíos enfrentados por el sector agrícola bajo la Ley N° 9133, buscando un equilibrio que beneficie a todos los involucrados en la producción agrícola de Mendoza.