Publicada el 5 junio, 2024
Las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y Hacienda y Presupuesto del Senado recibieron al ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad; y al ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, quienes explicaron los alcances de dos proyectos de ley remitidos por el Poder Ejecutivo que fueron aprobados la semana pasada por la Cámara de Diputados.
Ambas propuesta, actualmente en análisis por la Cámara de Senadores, representan un esfuerzo significativo para abordar desafíos históricos y mejorar la eficiencia administrativa en la provincia de Mendoza. Consiste en la adenda por los fondos de resarcimiento debido a la Promoción Industrial y a la mejora de la eficiencia en la administración de recursos y activos del Estado.
Este proyecto busca aprobar la adenda por los fondos de resarcimiento debido a la promoción industrial. Estos fondos, que ascienden a 1.023 millones de dólares, se destinarán exclusivamente a financiar obras de infraestructura para el desarrollo provincial.
Al respecto la iniciativa enuncia que la política de promoción industrial, aplicada mediante los decretos 804/96, 1125/96 y 69/97, fue perjudicial para Mendoza, considerándose «arbitraria e inconstitucional». Después de años de reclamos, en 1998 se interpuso una demanda que culminó en un acuerdo en 2006, reconocido por la Ley 7708 y ratificado por el Decreto Nacional 687/2007. En 2018, el entonces presidente Mauricio Macri dictó un laudo a favor de Mendoza, ordenando cancelar la deuda mediante letras intransferibles por el monto mencionado.
La iniciativa del Ejecutivo, que está siendo analizada en comisión conjunta, busca aprobar el Decreto Nº 883 del 9 de mayo de 2024, que oficializa la adenda al acuerdo original de 2019 para la obra «Aprovechamiento Hídrico Multipropósito Portezuelo del Viento». Esta adenda permite la liberación de fondos para obras adicionales necesarias para el desarrollo provincial.
Al comienzo de la reunión, el senador Walther Marcolini, presidente de la comisión de Hacienda, dio inicio a la reunión. El legislador dio la bienvenida a los presentes y agradeció la asistencia de los Ministros. Informó que el primer proyecto que analizarían sería el expediente 80239, que aprueba el decreto 883, que ratifica una adenda al acuerdo entre el Estado Nacional y la Provincia de Mendoza sobre los fondos de Portezuelo del Viento.
En este sentido, el ministro Natalio Mema explicó que el expediente ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados. La adenda ratifica la firma del gobernador Alfredo Cornejo con dos ministros del Ejecutivo Nacional: Guillermo Franco, entonces Ministro del Interior y actual Jefe de Gabinete, y Luis Caputo, Ministro de Economía. Este acuerdo, originado en una demanda judicial de 1997, busca resolver el conflicto derivado de la discriminación en la promoción industrial que benefició a provincias vecinas.
El funcionario además detalló que desde 2006 hasta 2016 no hubo avances significativos en el cumplimiento del acuerdo, pero en 2016 se retomaron las negociaciones, culminando en 2019 con una adenda que revaluó el monto del resarcimiento a 1.023 millones de dólares. Este acuerdo incluyó una serie de títulos que permitieron a la Provincia recibir los fondos en función del avance de las obras.
En este sentido informó que la obra principal, Portezuelo del Viento, ha enfrentado retrasos debido a exigencias adicionales de impacto ambiental solicitadas por la provincia de La Pampa y respaldadas por el presidente Alberto Fernández. A pesar de estos desafíos, la adenda mantiene la expectativa de ejecutar la obra y permite utilizar los fondos para otras infraestructuras de desarrollo provincial.
Posteriormente fue el turno de las explicaciones aportadas por el ministro de Hacienda Victor Fayad, quien explicó que los procedimientos para los proyectos financiados por el fideicomiso del resarcimiento seguirán las mismas metodologías que otros proyectos de inversión pública. Subrayó la importancia de una planificación meticulosa y la priorización de proyectos basados en criterios técnicos y sociales, desarrollados en colaboración con la Universidad Nacional de Cuyo.
El titular de la cartera de Hacienda enfatizó que todos los proyectos deben responder a problemas específicos, beneficiar claramente a la comunidad, y ser evaluados rigurosamente para asegurar su eficacia y eficiencia.
Los legisladores que integran las comisiones de Hacienda y de Legislación deliberaron sobre la aplicación de los fondos destinados originalmente a la obra de Portezuelo del Viento. Las posturas variaron significativamente entre los distintos bloques y funcionarios presentes.
El senador Martín Rostand, del bloque de la Unión Mendocina, planteó varias inquietudes. Cuestionó en primer lugar la última adenda que excluye la obra original de Portezuelo del Viento, señalando que los fondos ahora se destinarían exclusivamente a obras de infraestructura en general, sin especificar la mencionada obra.
Además, expresó su preocupación por un recurso presentado por el concejal Martín Antolin de San Rafael, patrocinado por el abogado Enzo Orosito, que cuestiona la legalidad de la nueva disposición de los fondos. Por último interrogó sobre la inversión de estos fondos en mercados especulativos en Nueva York y solicitó detalles sobre los beneficios obtenidos y las comisiones pagadas.
En respuesta, el ministro de Gobierno Natalio Mema aclaró que la obra de Portezuelo del Viento sigue incluida en la información oficial y que los recursos presentados no suspenden la ejecución del acto. Subrayó que los fondos están a nombre de la Provincia y que se prioriza una visión regional que beneficie a toda Mendoza. Aseguró que el gobierno siempre ha considerado las necesidades de los intendentes, independientemente del signo político.
Por su parte, el ministro de Hacienda negó que se hayan realizado inversiones especulativas con los fondos del fideicomiso, explicando que se invirtió un pequeño porcentaje para preservar el valor de la inversión ante la inflación. Sin embargo, estas inversiones se detuvieron debido a las condiciones del mercado y las restricciones de transferencia de fondos al exterior. También destacó que todas las operaciones fueron realizadas de manera conservadora y mediante licitación para seleccionar las mejores contrapartes.
Luego, el senador Germán Vicchi preguntó si EMESA había enviado al Tribunal de Cuentas los informes de gestión correspondientes al fideicomiso de Portezuelo del Viento y si se habían realizado gestiones para que EMESA no cobre los honorarios pendientes como fiduciario. Ante este interrogante Fayad respondió que no se había dispuesto un solo dólar del fideicomiso y que, por lo tanto, no había actos de disposición que reportar al Tribunal de Cuentas. Añadió que el Ministerio de Hacienda recibe información mensual sobre la administración de estos fondos.
Los senadores Pedro Serra del Partido Justicialista y Duggar Chappel del Partido Verde, también intervinieron en el debate. Serra cuestionó los criterios de repago y la política distributiva de los fondos, preocupado por cómo se beneficiarían las regiones más periféricas de Mendoza. Chappel, por su parte, sugirió que la noción de repago no está normativamente establecida y que la política pública debe considerar alternativas que no excluyan obras no rentables.
La legisladora Adriana Cano del bloque justicialista y el senador Armando Magistretti del Partido Demócrata destacaron la importancia de la transparencia y la equidad en la distribución de los fondos. Cano subrayó el respeto al sistema bicameral y la necesidad de discutir los temas en ambas Cámaras legislativas. Magistretti preguntó si los proyectos prioritarios serían evaluados en función de su impacto y urgencia, como la presa de Uspallata.
El tratamiento de este tema concluyó con la intervención con el presidente Provisional del Senado, Martín Kerchner Tomba, quien reafirmó el origen de los fondos como una compensación por la promoción industrial y reiteró la importancia de una distribución equitativa y basada en la priorización de las obras más beneficiosas para la provincia en su conjunto.
El segundo proyecto busca mejorar la eficiencia en la administración de recursos y activos del Estado, abordando tres ejes principales: la gestión del recurso humano, el manejo de activos, y las participaciones municipales en recursos nacionales y provinciales.
La reforma propone regulaciones más estrictas sobre los certificados médicos falsos y condiciones para percibir adicionales por organismos colegiados. Se modifica la Ley 9103, estableciendo sanciones por la presentación de certificados médicos falsos y por empleados públicos declarados en quiebra. También se establece una compensación por incapacidad y pérdida de empleo, entre otras disposiciones.
La normativa otorga al Instituto Provincial de la Vivienda la facultad de disponer de sus carteras de créditos mediante securitización y exime ciertos contratos del Impuesto de Sellos. Además, actualiza las facultades del EPRE y el EPAS para mejorar la gestión de servicios de energía y saneamiento, y propone la liquidación de entes como Acequia.
El proyecto modifica el Coeficiente de Equilibrio del Desarrollo Municipal, buscando mitigar el impacto del crecimiento demográfico desigual entre municipios y promover un desarrollo equilibrado conforme a la Ley Nº 6396 de coparticipación municipal.
Durante la reunión, el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, brindó detalles sobre este proyecto destinado a optimizar la gestión de recursos humanos y activos físicos del Estado. Subrayó que la iniciativa surge de un proceso de gestión y relevamiento de aspectos mejorables, los cuales se han consolidado en un único proyecto debido a su diversidad. La iniciativa se enfoca en dos áreas principales: la gestión del recurso humano y la gestión de los activos físicos del Estado.
Uno de los puntos destacados por el Ministro es la implementación de un control más exhaustivo de los certificados médicos. Actualmente, detectar y gestionar la falsedad de estos certificados es complejo, tanto en términos administrativos como procedimentales. El proyecto busca agilizar estos procesos, estableciendo un marco legal explícito que facilite la identificación y sanción de falsedades, además de involucrar al consejo deontológico cuando corresponda.
Otro aspecto relevante es la reforma en la indemnización por incapacidad absoluta. Según el funcionario, la normativa actual favorece desproporcionadamente a los empleados cercanos a la jubilación, otorgándoles mayores indemnizaciones en comparación con aquellos que están comenzando su vida laboral. La propuesta es alinear las indemnizaciones con la vida productiva remanente del empleado, corrigiendo distorsiones y buscando una mayor equidad.
Fayad también mencionó la necesidad de ajustar las condiciones para solicitar licencias sin goce de sueldo. Actualmente, los empleados pueden solicitar estas licencias a los seis meses de ingresar a la planta, lo que genera problemas de gestión debido a la dificultad de reemplazar temporalmente los cargos vacantes. La propuesta es extender este periodo a un año y regular el tiempo entre licencias para minimizar los inconvenientes operativos.
En cuanto a la gestión de activos físicos, el Ministro de Hacienda detalló la propuesta de remunerar a los empleados designados en organismos colegiados solo cuando estos estén operativos. Actualmente, algunos empleados perciben un adicional independientemente de la frecuencia de funcionamiento de estos organismos. La reforma busca vincular la remuneración con la actividad real del organismo, asegurando una contraprestación efectiva.
Fayad abordó también una corrección en la ley impositiva. La actual redacción dejó fuera a los municipios en el umbral de exenciones, lo cual ha generado reclamos. La enmienda propuesta incluye a los municipios para evitar cobros indebidos en contratos donde la provincia es contraparte.
Además, el proyecto contempla la ampliación del objeto del Fondo de Infraestructura Provincial. Al respecto, Víctor Fayad expuso que hasta ahora, el fondo estaba limitado a cierto tipo de infraestructura bajo la ley de obra pública. La propuesta es extender su uso a bienes de capital y permitir financiamiento a terceros, siempre con el fin de inversión pública, pero bajo la ley de contratación pública.
Finalmente, el ministro mencionó las modificaciones en las atribuciones del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE). El organismo, actualmente enfocado exclusivamente en la regulación, podría aprovechar el conocimiento de sus empleados y directores para desarrollar planes de obra e inversión. Esta expansión permitiría al EPRE y otros organismos reguladores cargar proyectos en un banco de proyectos, que luego podrían ser considerados para su ejecución presupuestaria.
Durante la ronda de consultas, el senador Ariel Pringles de la Unión Mendocina expresó preocupaciones sobre el proyecto de ley que aborda la gestión de recursos humanos. Cuestionó si se había consultado a los sindicatos estatales como UPCN, ATSA, CITEA, ATE, y SUTE en el desarrollo del proyecto. También manifestó inquietudes sobre la modificación de la cesantía en casos de quiebra, destacando la diferencia entre una quiebra fraudulenta y una quiebra común, y cómo la actual situación económica del país, incluyendo el impacto de los créditos hipotecarios UVA, afecta a los asalariados del sector público.
En respuesta, el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, aclaró que no se habían mantenido conversaciones con los sindicatos sobre los artículos relativos a la gestión de recursos humanos. Pero aseguró que, aunque agradecía las contingencias enumeradas por Pringles, no consideraban que existiera un riesgo significativo en los puntos mencionados. Además, hizo una distinción importante sobre los créditos UVA, enfatizando que no había empleados públicos declarados en quiebra por estos créditos y que la tasa de mora de los créditos UVA era muy baja, inferior al 1%. Además subrayó que el objetivo del gobierno es evitar que los empleados se declaren en quiebra y que se están tomando medidas para refinanciar créditos en condiciones no convenientes.
Posteriormente el senador Mauricio Sat del Partido Justicialista interrogó sobre el número de empleados y la efectividad del seguro mutual actual, sugiriendo que los trabajadores deberían tener la opción de elegir su seguro. Fayad respondió que el objetivo no es generar ahorro debido a un déficit, sino prestar un mejor servicio al empleado. Explicó que la caja de seguro mutual funciona como un sistema de reparto y, aunque es mejorable, cumple con su objetivo actual. También señaló que la norma permite mantener el sistema si no se encuentran mejores opciones.
La senadora Adriana Cano aportó consideraciones sobre el artículo 1, inciso H del proyecto, enfocándose en la jurisprudencia relacionada con la quiebra. Enfatizó en este sentido que la quiebra no debe ser vista como una persecución delictual, sino como una reparación del estado falencial. Subrayó la importancia de respetar los principios del derecho laboral y las garantías constitucionales, advirtiendo que el tratamiento de la quiebra en el proyecto podría ser visto como presuntamente perjudicial para los empleados públicos.
Luego, el senador Félix González expresó dudas sobre el desmonte del seguro mutual y la falta de claridad en el nuevo sistema propuesto. Argumentó que la actual ley 9191 establece un sistema de reparto solidario que podría ser perjudicado si se abre a la libre elección y al mercado privado. Advirtió además que la derogación de la ley podría llevar a un deterioro de la calidad institucional y a un sistema menos equitativo, donde los recursos se distribuirían de manera menos solidaria.
Ante los dichos del senador justicialista, Fayad defendió la idea de explorar mejores opciones a través de licitaciones, asegurando que cualquier cambio será cuidadosamente evaluado y discutido. Además, explicó la propuesta de mitigar las diferencias de crecimiento demográfico en la coparticipación, buscando un equilibrio justo entre los municipios que han experimentado diferentes tasas de crecimiento.
El intendente de Rivadavia, Ricardo Mansur, argumentó que las decisiones del Ejecutivo están afectando de manera desigual a los distintos departamentos de la Provincia, enfatizando que el ámbito adecuado para discutir estos cambios es el Congreso. Además afirmó que la modificación propuesta por el Ejecutivo no contempla de manera justa las variaciones demográficas ni las características únicas de cada departamento.
El Intendente destacó que Rivadavia pierde más de 1.900 millones de pesos debido a estas modificaciones, mientras que otros municipios, como Godoy Cruz y Guaymallén, reciben beneficios desproporcionados. Por esto subrayó que la ley vigente ha sido manipulada para favorecer ciertos departamentos, y cuestionó la eliminación del artículo 5, que definía el coeficiente de equilibrio regional, transformándolo en un criterio basado en variaciones demográficas.
En respuesta, el ministro de Gobierno, Natalio Mema, defendió la propuesta del Ejecutivo, explicando que la ley busca mitigar las desigualdades actuales y beneficiar a departamentos como Rivadavia. Aclaró además que la categorización de municipios se basa en características específicas y no en regiones geográficas, y que la nueva ley no pretende una solución integral, sino una modificación general basada en la ley vigente.
El titular de la cartera de Gobierno también destacó que muchos intendentes comparten preocupaciones similares a las de Mansur, pero que la propuesta actual busca un equilibrio dentro de las limitaciones del marco legal existente. Además subrayó que la discusión debe centrarse en el fondo de la cuestión y no en modificaciones discrecionales.
El presidente provisional del Senado, Martín Kerchner Tomba, también participó en la discusión, destacando la apertura y disposición de los Ministros para responder a las preguntas durante más de cinco horas. Añadió además que se han agotado todas las instancias posibles para abordar el tema.
Kerchner Tomba explicó que la Ley de 1996 necesita ser modificada, aunque reconoció la dificultad de alcanzar un consenso total entre los 18 departamentos de la provincia. Explicó que el criterio de distribución basado en la solidaridad y la población, establecido en 1996, sigue siendo válido y que cualquier modificación debe ser discutida y acordada entre los municipios antes de ser presentada a la Legislatura.
Finalmente, el presidente de la Comisión de Hacienda, Walther Marcolini, invitó a los legisladores a presentar cualquier propuesta de modificación antes de la discusión en labor parlamentaria el día lunes próximo.