Publicada el 29 mayo, 2024
La situación del cableado en Mendoza, que a menudo cruzan de una vereda a otra, generan una serie de problemas, desde la formación de marañas de cables en desuso hasta riesgos de desprendimiento durante tormentas y vientos, además de obstaculizar la visibilidad urbana.
Frente a esta situación, la senadora justicialista Adriana Cano presentó un proyecto de ley orientado a la descontaminación ambiental y la mejora de la seguridad vial en Mendoza. Esta iniciativa, actualmente en estudio por la Comisión de Obras y Servicios Públicos del Senado, propone un plan exhaustivo de relevamiento y retiro de cableado aéreo en desuso. El objetivo es eliminar los cables obsoletos de telecomunicaciones y energía eléctrica que representan un peligro tanto para la seguridad pública como para el entorno urbano.
Después de dos semanas de reserva, el proyecto fue despachado hoy tras un extenso debate. El legislador Oscar Sevilla expresó inicialmente dudas sobre la viabilidad del proyecto. Sin embargo, el senador Helio Perviú aclaró que la Agencia Mendocina de Innovación, Ciencia y Tecnología, en conjunto con el EPRE y empresas privadas, podrían coordinar un plan para el relevamiento y retiro de cables en desuso. Esta coordinación se basaría en las responsabilidades y compromisos de cada actor involucrado.
Luego, el senador de la Unión Mendocina Gabriel Pradines respaldó lo aportado por Perviú, subrayando que esta agencia sería responsable de la implementación del plan. La propuesta de Cano fue remitida a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y luego será analizada por la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. La intención es mejorar la infraestructura urbana y la calidad de vida de los mendocinos.
El proyecto de ley presenta un plan estructurado en varias etapas. En primer lugar, las empresas tendrán 30 días para ser notificadas y 90 días para elaborar un plan de acción específico. Estos planes serán revisados y aprobados por la Agencia de Innovación, que coordinará un plan general de retiro para toda la provincia. El plazo total de ejecución es de 22 meses, durante los cuales se implementará también una línea telefónica para denuncias de cables en riesgo.
El retiro del cableado en desuso no solo mejorará la seguridad de peatones y conductores, sino que también liberará espacio en la vía pública, facilitando el despliegue de nuevas infraestructuras y el embellecimiento urbano. Esto último es particularmente importante para fomentar el turismo en la región. Cano aseguró que los costos del retiro no se trasladarán a las tarifas de los consumidores, protegiendo así a los usuarios.
Además, la ley busca reducir el robo de cables de cobre, un delito en aumento que afecta tanto a usuarios como a empresas. La iniciativa es crucial en áreas afectadas por el viento zonda, que incrementa los riesgos asociados al cableado en mal estado.
Con esta medida, se espera no solo resolver los problemas inmediatos de seguridad y estética urbana, sino también sentar las bases para un desarrollo más ordenado y sostenible de la infraestructura urbana en Mendoza.