Publicada el 28 mayo, 2024
Durante su sesión habitual, la Cámara de Senadores de Mendoza aprobó por unanimidad el proyecto de ley que establece la creación del Fondo Escolar Permanente, una medida destinada a mejorar el financiamiento del sistema educativo provincial. Este proyecto, basado en el artículo 212, inciso 11, de la Constitución de la Provincia de Mendoza, fue presentado por el Poder Ejecutivo con el objetivo de canalizar los recursos provenientes de las herencias vacantes hacia la Dirección General de Escuelas (DGE).
La senadora Ángela Floridia, presidenta de la Comisión de Hacienda en el Senado, explicó los alcances del proyecto de ley que busca la creación del Fondo Escolar Permanente. Este proyecto, que ya cuenta con media sanción de Diputados, fue originado en el Poder Ejecutivo bajo el expediente 80157.
Además destacó que la iniciativa se fundamenta en el artículo 202 inciso 11 de la Constitución Provincial y subrayó el compromiso de la Legislatura con la educación, reflejado en leyes recientes como la 9393 y la modificación de la ley de Extinción de Dominio. «Es muy importante entender que estas medidas ayudan a la creación de políticas de Estado que abordan problemáticas cruciales como la educación, columna vertebral de la sociedad», afirmó.
El proyecto pretende establecer una asignación específica para fortalecer la infraestructura escolar. Esto se logrará mediante la enajenación, disposición o arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, así como de fondos de activos financieros que pueden surgir de herencias vacantes. Floridia aseguró que esta medida permitirá una estrategia integral y sostenible a largo plazo, mejorando el sistema educativo tanto a corto, como a largo plazo.
Además, la senadora mencionó la figura del denunciante de herencias vacantes, reconocida en el artículo 336 bis del Código Procesal Civil provincial, quien será recompensado por su colaboración. «De esta manera, se compromete a la ciudadanía y a las entidades públicas y privadas en el sostenimiento del sistema educativo», agregó, solicitando el acompañamiento de todos los bloques para la aprobación final del proyecto.
Luego, la senadora Adriana Cano, del bloque justicialista, manifestó su apoyo general a la media sanción del proyecto, pero expresó su desacuerdo con el artículo 7 del mismo: «No vamos a acompañar el artículo 7 por las consideraciones que se expresaron en las comisiones.»
Por su parte, el senador Germán Vicchi de la Unión Mendocina se pronunció en términos similares: «Nos genera duda el artículo 7, nos parece una invasión a la propiedad privada y un apuro respecto a los herederos para abrir una sucesión. Por ese motivo y por lo expresado en la comisión, no vamos a acompañar el mismo.»
Por su parte, el senador Dugar Chappel, del Partido Verde, anunció que su bloque apoyará el proyecto presentado por la miembro informante, a pesar de las diferencias discutidas en la comisión.
El Fondo Escolar Permanente se constituirá a partir de los recursos generados por la venta, disposición y/o arrendamiento de bienes inmuebles y muebles, tanto registrables como no registrables, así como activos financieros provenientes de herencias vacantes o donaciones. Estos recursos serán gestionados por la DGE y se utilizarán exclusivamente para generar ingresos destinados a la adquisición de terrenos, construcción, reparación, mantenimiento y equipamiento de edificios escolares en toda la provincia.
Además, el fondo podrá recibir ingresos provenientes de empréstitos con el fin de fortalecerlo y mejorar la infraestructura educativa, utilizando bienes pertenecientes al fondo como garantía. La normativa también prevé la creación de un Registro de Bienes del Fondo Escolar Permanente, que individualizará los inmuebles y otros bienes que se incorporen al patrimonio de la DGE.
La DGE estará facultada para enajenar, arrendar y/o disponer de los bienes mencionados de forma directa, mediante licitaciones de ofertas o subastas públicas. En caso de que los inmuebles estén ocupados, este organismo deberá notificar a los ocupantes para que desocupen el inmueble en un plazo de cinco días. Si no se cumple con este requerimiento, se iniciará un proceso judicial para solicitar el desalojo conforme a las normas del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario.
La normativa obliga a las entidades bancarias y financieras a identificar a los titulares fallecidos de cuentas inactivas por más de seis meses, y a los proveedores de servicios de cajas de seguridad a notificar a la DGE simultáneamente con la notificación que efectúan al usuario.
El proyecto contempla un incentivo para quienes denuncien herencias vacantes, otorgando un 15% del valor total del bien vendido al denunciante, conforme a lo establecido en el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de Mendoza. Se establecerán procedimientos para recibir denuncias de vacancia tanto de individuos como de entidades públicas y privadas, asegurando la verificación y liquidación del porcentaje correspondiente.
Para garantizar la transparencia, la autoridad de aplicación deberá enviar un informe anual a la Legislatura detallando la composición y uso del Fondo Escolar Permanente. Las actuaciones notariales necesarias para la ejecución de esta ley serán realizadas por la Escribanía General de Gobierno, asegurando la legalidad en todos los procedimientos relacionados con la enajenación de bienes y la disposición de activos.
El principal objetivo de esta medida es garantizar una fuente de financiamiento estable y permanente para la mejora de la infraestructura escolar en Mendoza. Los fondos generados se destinarán a proyectos específicos de construcción, reparación y mantenimiento de edificios escolares, asegurando una asignación estratégica y equitativa de los recursos en toda la provincia.
Con la aprobación de este proyecto, Mendoza da un paso significativo hacia el fortalecimiento de su sistema educativo, asegurando que los recursos necesarios para mejorar la infraestructura escolar estén disponibles de manera continua y efectiva.