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Comisión Conjunta: aportes al proyecto que busca regular las investigaciones Biomédicas y de Farmacología Clínica

Publicada el 14 marzo, 2024

Apunta a establecer un marco regulatorio que equilibre la promoción de la investigación científica con la protección de los derechos humanos y la salud pública. Fueron invitados representantes del Consejo Provincial de Bioética de Mendoza, quienes contribuyeron para que el proyecto impulsado por el Ejecutivo, salga con el consenso de todos los sectores involucrados.

regular las investigaciones Biomédicas y de Farmacología Clínica

El Gobierno provincial impulsó un proyecto de ley que busca establecer un marco regulatorio para las investigaciones biomédicas y la farmacología clínica en la región. Esta iniciativa fue analizada de manera conjunta por las comisiones de Salud, Hacienda y Presupuesto, y Legislación y Asuntos Constitucionales el día de hoy, en el primer piso del edificio Margarita Malharro de Torres.

Vale destacar que el tratamiento de este proyecto comenzó a fines de febrero, en donde Myriam Laconi, directora de Investigación, Ciencia y Tecnología, explicó los principales objetivos de la propuesta, quien hablo sobre la necesidad de establecer un marco legal para ordenar las actividades llevadas a cabo en este ámbito desde el año 2008.

Al comienzo del encuentro, el senador Abel Freidemberg, presidente de la comisión de Salud del Senado explicó que participan de la reunión representantes del Consejo Provincial de Bioética de Mendoza, para que logren realizar sus aportes sobre la propuesta impulsada por el Poder Ejecutivo, que apunta a establecer un marco general para regular y controlar la investigación en farmacología clínica en seres humanos, a los efectos de su protección integral.

Mariana Arreghini, jefa del Departamento de Internación del Hospital Notti y reconocida médica pediatra, enfatizó la importancia de una legislación que proteja los derechos humanos en la investigación. Haciendo referencia a casos históricos como el estudio Tuskegee y los experimentos durante el Holocausto, la profesional resaltó la necesidad de una regulación que evite tales tragedias y proteja la ética en la investigación biomédica.

Por su parte, Mercedes Pennesi, experta en bioética, planteó la importancia de la participación ciudadana en proyectos de investigación y abogó por un enfoque ético e interdisciplinario en la investigación biomédica. Propuso una transformación en las universidades para fomentar la colaboración interdisciplinaria y una educación adaptada a las demandas del siglo XXI.

El senador provincial Germán Vicchi reconoció la importancia de contar con la experiencia médica en la elaboración de la Ley, destacando la necesidad de recibir sugerencias concretas para mejorar el proyecto legislativo. Enfatizó además su compromiso con el diálogo constructivo y la colaboración entre todas las partes involucradas en el proceso legislativo.

En un llamado a la protección de los sujetos de investigación, Mariana Arreghini resaltó la necesidad de una legislación que regule no solo las investigaciones farmacológicas, sino también las biomédicas. Hizo hincapié en los desafíos éticos que enfrentan las investigaciones en el hemisferio sur y la importancia de proteger a los sujetos de investigación en América Latina.

La senadora Flavia Manoni hizo hincapié en la importancia de considerar aspectos sociales, emocionales y psicológicos en la investigación biomédica, abogando por una legislación interdisciplinaria que proteja la dignidad de todas las personas involucradas.

Luego, el senador Gerardo Vaquer expresó su preocupación respecto a la ambigüedad entre el artículo 8 y 9 de la versión del proyecto de ley. Destacó la necesidad de definir de manera más precisa la integración de los comités de ética, sugiriendo que la redacción actual es demasiado abierta y discrecional. Además, resaltó la importancia de abordar el tema del sufrimiento animal en las investigaciones biomédicas, el cual considera fundamental y ausente en la iniciativa.

Por otro lado, Marta Fracapani, directora de la Maestría en Bioética de la Facultad de Medicina de la UNCUYO, explicó la existencia de otros comités llamados CICUAL (Comité Institucional para el Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio o Experimentación), los cuales regulan el tratamiento de animales para investigación. Aclaró que, si bien estos comités son obligatorios y están acreditados a nivel nacional en varias universidades, no forman parte del marco del proyecto de ley en discusión, ya que abordan un aspecto diferente.

La senadora Fernanda Sabadin destacó que la integración de los comités forman parte del marco regulatorio Nacional, enfatizando la importancia de la condición interdisciplinaria de dichos comités, lo cual se encuentra especificado en el artículo 9 del proyecto de ley.

Asimismo, la senadora Yamel Ases de Cambia Mendoza expresó su preocupación compartida respecto a las investigaciones biomédicas y sugirió dejar abierta la posibilidad de una regulación específica sobre investigaciones en animales en futuras instancias legislativas.

El hematólogo del Hospital Universitario, Flavio Albarracín, hizo hincapié en el aumento del costo en el acceso a tratamientos médicos, particularmente en el ámbito oncológico. Destacó que este incremento representa una amenaza para los financiadores, tanto públicos como privados, a nivel local e internacional. Albarracín presentó su proyecto denominado «Modelo de Prescripciones Asistidas» como una solución a esta problemática.

Posteriormente Gastón Jarén, Vicepresidente de la Sociedad Argentina de Bioingeniería, criticó la segregación y la falta de reconocimiento de los bioingenieros en la regulación de supervisión técnica de productos médicos. Argumentó que esta separación es incorrecta y que debería basarse en el título universitario y no en la profesión. Jarén también cuestionó la exclusión de los ingenieros electrónicos en la regulación del mantenimiento y reparación de productos médicos, señalando que esta medida contradice la ley nacional y limita el acceso a servicios técnicos especializados.

El último en hablar fue Jorge Garoni, representante de la Universidad Tecnológica Nacional, quien enfatizó la necesidad de incluir a los ingenieros electrónicos en la regulación de productos médicos. Remarcó además que la exclusión de estos profesionales de la reparación y mantenimiento de productos médicos, establecida en la resolución 199/2011, ha generado la marginación de expertos con amplia trayectoria en el ámbito hospitalario.

Además, resaltó que la Ley Nacional de Productos Médicos Nº 26.096, establece que todos los prestadores de servicios de reparación y mantenimiento de productos médicos deben contar con un responsable técnico, quien debe ser un profesional de la ingeniería con título habilitante y matriculado en la materia. Por ello solicitó la modificación del artículo 7 para incluir a los ingenieros electrónicos en la regulación, argumentando que estos profesionales poseen las competencias necesarias para desempeñarse en este campo.

Principales aspectos del proyecto

Esta iniciativa pretende estructurar, impulsar y promover las actividades de investigación científica en el ámbito de las ciencias biomédicas en la Provincia. Ante los desafíos planteados por el avance de la ciencia y la tecnología en el campo de la salud, se busca generar un marco que regule, controle y promueva estas actividades, garantizando al mismo tiempo el respeto a la dignidad humana y la salud pública.

Entre los principios fundamentales de este proyecto se encuentra el equilibrio entre la adaptación a los nuevos desafíos científicos y la protección de los derechos de las personas involucradas en la investigación, como garantía de confianza para la sociedad en la ciencia. Se prioriza el respeto y la protección de los derechos fundamentales, asegurando que la salud y el bienestar de los participantes prevalezcan sobre otros intereses.

Es importante subrayar que este proyecto busca no solo beneficiar a los ciudadanos con los avances científicos, especialmente en el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades, sino también asegurar que estos beneficios se ajusten a criterios éticos y jurídicos establecidos.