Publicada el 13 marzo, 2024
Desde la presentación del Plan Provincial de Salud 2024-2030 por parte del Ministro de Salud y Deportes Rodolfo Montero el pasado 22 de febrero, Senadores y Diputados que integran las comisiones de Salud, Hacienda y Presupuesto, y Legislación y Asuntos Constitucionales, se han dedicado al análisis detallado de varias propuestas destinadas a revitalizar el sistema sanitario de la provincia y mejorar la calidad de los servicios de salud.
Las iniciativas debatidas hoy, están vinculadas a modernizar las regulaciones de los establecimientos de salud, fortalecer el Centro Regional de Hemoterapia, crear un Registro Provincial de Financiadores de Salud y promover la actividad física en niños, niñas y adolescentes.
El proyecto de modernización de las regulaciones de los establecimientos de salud busca adaptar la normativa provincial a los cambios significativos en el sector y simplificar los procedimientos de habilitación, categorización y acreditación de los mismos. Además, se contempla la creación de un sistema de categorización para ordenar la oferta de servicios de salud según su complejidad.
Al comienzo del encuentro, el senador Abel Freidemberg en su calidad de presidente de la Comisión de Salud del Senado, anunció que recibieron por parte del Ministerio de Salud y Deportes cuatro proyectos de ley para su tratamiento, e informó que se comenzará con el vinculado a modificar la Ley de Habilitaciones en el ámbito de la salud.
El senador invitó a la representante del Ministerio de Salud, a que hiciera una reseña del proyecto de ley antes de abrir el debate a preguntas y opiniones de los presentes y destacó la importancia de mantener un orden durante la reunión y pidió a los asistentes que se anoten para tomar la palabra de manera organizada.
De esta manera, Natalia Pastor quien es la subdirectora de Fiscalización y Habilitaciones del Ministerio de Salud y Deportes introdujo los principales puntos de la necesidad de modificar la Ley de Habilitaciones en el ámbito de la salud. Destacó que la normativa actual, la Ley 5532, tiene más de 30 años de vigencia y no ha sido actualizada para incluir modalidades emergentes en el campo de la salud.
«Actualmente nos encontramos con modalidades que no están contempladas en la ley vigente, lo que dificulta su aplicación efectiva», señaló Pastor. Explicó que es necesario incorporar tanto aspectos técnicos como procedimentales para adaptar la normativa a la realidad actual.
Entre los aspectos técnicos a modificar, la funcionaria mencionó la necesidad de establecer nuevas categorías para diferenciar los establecimientos de salud según su nivel de atención y prestaciones. Además, propuso la adopción de directrices del Programa Nacional de Garantía de la Calidad en Atención Médica para unificar criterios y homogeneizar la gestión de establecimientos de salud en la Provincia.
Por otro lado, en cuanto a los procedimientos, Pastor destacó la importancia de extender la vigencia de las habilitaciones a diez años para los establecimientos sin internación, con el fin de reducir la carga burocrática para estos centros de menor complejidad.
Por último, Pastor mencionó la propuesta de otorgar habilitaciones condicionales a establecimientos que no cumplan con la normativa actual, siempre y cuando presenten un proyecto de mejora y un plan de obras para adecuarse a los nuevos requisitos.
En relación con la promoción de la actividad física en niños y adolescentes, se busca combatir el preocupante aumento del sobrepeso y la obesidad en este grupo etario mediante medidas para garantizar su acceso a espacios deportivos y recreativos, así como la eliminación del requisito del Certificado de Salud de Actitud Física al inicio del año escolar.
Mónica Rinaldi, directora de Maternidades e Infancias, habló en cuanto a esta iniciativa que busca fomentar la actividad física en las escuelas y eliminar el requisito del Certificado de Salud de Actitud Física exigido a los niños al inicio del año escolar. Rinaldi fundamentó la propuesta en el Derecho a la Salud de los niños, contemplado en la Convención de los Derechos del Niño, y en marcos legales como la Ley Nacional de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y la Ley de Educación Nacional.
Destacó además la importancia de combatir el sedentarismo en la población infantil y el papel fundamental de las escuelas en cambiar hábitos hacia una vida más saludable. Además, subrayó la recomendación de la Organización Mundial de la Salud para que los niños realicen al menos 60 minutos diarios de actividad física, y señaló preocupantes índices de sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes en Argentina.
Explicó que, según evidencia científica respaldada por el Ministerio de Salud de la Nación, no es necesario exigir un certificado de salud para realizar actividad física no competitiva en las escuelas. Propuso que los controles médicos habituales sean suficientes y que solo se solicite un electrocardiograma en casos específicos. Además, mencionó la promoción de leyes para capacitar a docentes en maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), enfatizando la importancia de tener herramientas para enfrentar emergencias médicas en el ámbito escolar.
Otro proyecto analizado está destinado a potenciar el Centro Regional de Hemoterapia y mejorar su operatividad, ajustando las regulaciones locales a las disposiciones nacionales y promoviendo la coordinación entre los efectores de salud para garantizar el abastecimiento y la seguridad transfusional.
Pedro Ruiz, encargado del Centro Regional de Hemoterapia, brindó importantes declaraciones sobre el objetivo y alcance de la nueva ley de Sangre y Hemoderivados. «Lo que apunta la ley es tener un marco regulatorio sobre la sangre y sus hemoderivados», explicó Ruiz, destacando la necesidad de establecer regulaciones claras en este ámbito crucial para la salud pública.
Ruiz también señaló la subutilización del Centro Regional de Hemoterapia en Mendoza y la disparidad en la calidad de la sangre en toda la Provincia, tanto en el sector público como en el privado. «Es fundamental jerarquizar la especialidad y tener un mismo producto en toda la provincia», afirmó.
Asimismo, hizo hincapié en la importancia de la medicina transfusional, destacando la necesidad de establecer programas que aborden este aspecto específico. «Lo importante es la indicación de la transfusión, donde se ha visto que en los nosocomios cuanto menos se transfunde mejor les va a los pacientes», agregó.
Finalmente, se propone la creación del Registro Provincial de Financiadores de Salud para establecer mecanismos efectivos de control y garantizar la cobertura efectiva del Programa Médico Obligatorio, asegurando así el derecho a la salud de los habitantes de Mendoza.
Ornella Allegretti, directora general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza, brindó importantes detalles sobre la propuesta de ley de financiadores en el ámbito de la salud. Explicó que el proyecto de ley tiene como base la complejidad del sistema de salud argentino, que opera bajo un modelo federal con financiadores tanto a nivel provincial como nacional. Esta estructura segmentada, según la directora, requiere controles efectivos para garantizar el derecho a la salud de la población.
El objetivo principal del proyecto es facultar al Ministerio de Salud para establecer mecanismos de control que brinden transparencia y acceso a información fiable sobre las prestaciones realizadas por los financiadores del sistema. Esto incluye conocer el número de afiliados de cada prestador, la cobertura que ofrecen sobre el Programa Médico Obligatorio (PMO), los convenios establecidos y la identificación de las obras sociales nacionales habilitadas.
Allegretti destacó la importancia de esta iniciativa para evitar situaciones en las que los ciudadanos, creyendo tener cobertura médica, se encuentran con la imposibilidad de acceder a los servicios necesarios. En muchos casos, esto resulta en una carga adicional para el sistema de salud público, que carece de información detallada sobre las prestaciones de los financiadores.
Al finalizar el encuentro, el presidente de la comisión de Salud, Abel Freidemberg, informó sobre los plazos para la presentación de observaciones en varios proyectos de ley relacionados con la salud y anunció las próximas reuniones de la comisión para discutir otros temas pertinentes, como el Marco Regulatorio de Investigaciones Biomédicas y Farmacología Clínica, así como el Régimen Especial para Profesionales Médicos, reunión que se llevará adelante mañana, 14 de marzo a las 10, en el primer piso del edificio Margarita Malharro de Torres.
Durante la reunión conjunta de legisladores y legisladoras, la senadora Flavia Manoni expresó su preocupación sobre la posible diferencia entre la normativa provincial y las normativas nacionales existentes, especialmente respecto a la creación de una nueva categoría de habilitación provisoria. En respuesta, la arquitecta Natalia Pastor explicó que se busca facilitar el proceso mediante un proyecto que se ejecute en un lapso de tres años, durante los cuales se brindaría una habilitación condicionada sujeta a la ejecución del proyecto propuesto.
Por su parte, el senador Germán Vicchi planteó su inquietud sobre el control de calidad en los hospitales públicos de la provincia. Ante las palabras del legislador, la subdirectora de Fiscalización y Habilitaciones explicó que se mantendrán estándares de calidad y se realizarán los mismos controles e informes técnicos que en los hospitales privados, con la posibilidad de requerir modificaciones y otorgar plazos para su ejecución.
Posteriormente, el diputado José Manuel Vilches compartió su experiencia en un hospital público, destacando la importancia de sistemas especiales de tratamiento en áreas críticas. Luego, el senador Félix González consultó sobre la situación actual de los efectores privados de salud en la provincia y los plazos de habilitación. Natalia Pastor explicó que la demora en la habilitación es variable y ofreció brindar estadísticas al respecto.
La senadora Adriana Cano expresó su preocupación sobre la coordinación entre la provincia y los municipios en los controles de habilitación. Natalia Pastor explicó que la colaboración entre ambas partes y la necesidad de coordinación, garantizan estándares de calidad.
Por último, el senador Martín Kerchner Tomba aclaró la relación entre la normativa municipal y provincial, enfatizando la necesidad de concordancia entre ambos organismos. Luego, la vicegobernadora Hebe Casado explicó el proceso de habilitación municipal y provincial, destacando que la propuesta busca agilizar dicho proceso para los efectores privados de salud.
Las declaraciones de varios senadores arrojaron luz sobre diferentes aspectos de la propuesta y generaron un intercambio de opiniones enriquecedor. El senador Ariel Pringles expresó su apoyo a la ley, pero planteó una inquietud sobre cómo se controlaría la realización de los controles periódicos de salud exigidos en el artículo 2 del proyecto. Se preguntó cómo se corroboraría que los niños estén bajo controles periódicos y sugirió utilizar la libreta de salud como herramienta para este fin.
Mónica Rinaldi respondió a esta preocupación explicando que el control se verificaría mediante la libreta de salud de los niños, la cual mostraría si han estado bajo control médico en el último año. Aclaró que no es necesario que el control sea exactamente en el momento del ingreso escolar, ya que muchos establecimientos médicos ofrecen la realización del acto físico desde febrero. Propuso que bastaría con un control anual realizado por un pediatra para considerar al niño como sano y exento de la presentación de certificados adicionales.
Por su parte, el senador Martín Kerchner Tomba detalló el proceso de control integral de salud propuesto en el proyecto y destacó la importancia de los cuestionarios a los padres para relevar aspectos relevantes de la salud de los niños.
Yanina Mazzaresi, subsecretaria de Planificación y Coberturas Públicas Sanitarias, aportó información sobre la disposición de desfibriladores en la comunidad, explicando que estos dispositivos deben ubicarse estratégicamente según la densidad poblacional para garantizar su acceso en caso de emergencia.
La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, respaldó el proyecto y recordó las persistentes solicitudes de profesionales de la salud para que se elimine el requisito del acto físico en las escuelas, considerando que sobrecarga el sistema de salud sin fundamento médico sólido.
La senadora Yamel Ases y el diputado José Manuel Vilches aportaron sugerencias para mejorar la redacción del proyecto, enfocándose en aspectos como la especificidad del rol del Estado en la promoción de la salud infantil y la inclusión de perspectiva de género en la definición de niños y niñas sanos.
Finalmente, la senadora Fernanda Sabadin destacó la importancia de la rapidez en la realización de maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y enfatizó la relevancia del uso de desfibriladores, contemplado en el proyecto; mientras que la senadora Natacha Eisenchlas destacó la importancia de clarificar ciertos términos y condiciones dentro del proyecto para evitar confusiones y garantizar una aplicación efectiva de la ley.
El senador Gerardo Vaquer planteó un importante interrogante en cuanto a la reciente Ley de Sangre y Hemoderivados. «¿Cuál es la diferencia hoy entre lo público y lo privado?», cuestionó Vaquer, haciendo referencia a la disparidad en la calidad de los servicios entre ambos sectores.
Para responder a esta pregunta, el encargado del Centro Regional de Hemoterapia en Mendoza brindó claridad sobre la situación actual. Según sus declaraciones, la falta de supervisión y control en ambos sectores contribuye a las diferencias en la producción de sangre y hemoderivados. «No hay alguien que vaya a supervisar y a controlar el sector privado, ni el público tampoco», señaló.
Asimismo, explicó que la viabilidad de mantener un banco de sangre en cada institución requiere economías de escala, lo cual resulta inviable dadas las condiciones actuales de costos y donantes limitados. Además, destacó la necesidad de adaptar la legislación nacional sobre sangre a las realidades específicas de cada provincia.
El legislador Ariel Pringles expresó su apoyo a una ley destinada a ejercer un mayor control sobre las obras sociales y prepagas en la provincia. Sin embargo, señaló la necesidad de clarificar ciertos aspectos legislativos, como las implicaciones para los prestadores que no firmen convenios con el Ministerio de Salud y Deportes.
En respuesta, Ornella Allegretti, directora general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza, aclaró que los prestadores nacionales seguirán bajo el régimen nacional, pero el artículo 3 de la ley busca establecer convenios para garantizar una cobertura efectiva de los servicios médicos.
Por su parte, el senador Valentín González propuso que la información sobre las prestaciones sea de acceso público para los mendocinos, una sugerencia respaldada por Allegretti, quien subraya la importancia de tener información fiable y accesible para gestionar el sistema de salud provincial.
Por otro lado, el senador Martín Kerchner Tomba celebró que este proyecto establezca penalidades para aquellos prestadores que incumplan con sus obligaciones. El artículo 4 de la ley contempla esta medida, destacando que el incumplimiento podría resultar en denuncias penales y administrativas.