Publicada el 29 junio, 2022
Se realizó una nueva jornada de debate de la Comisión en conjunto de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC); de Ambiente y la de Hacienda y Presupuesto, en la Legislatura de Mendoza. El secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance, explicó la propuesta enviada por el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, que busca regularizar y proteger al piedemonte del Área Metropolitana.
El proyecto denominado “Ley de pautas de manejo y disposiciones específicas para la planificación integrada y sostenible de la Precordillera y Piedemonte del Área Metropolitana de Mendoza (AMM)”, fue generado desde la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, a través de la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial con el aporte de los cuatro municipios del Área Metropolitana que integran territorio en el área (Las Heras, Capital, Godoy Cruz y Luján) y en base al estudio “Evaluación de Amenazas del Piedemonte del Área Metropolitana”, elaborado por el Instituto Nacional del Agua.
Estuvieron presentes legisladores de las diferentes bancadas del Senado. Es importante destacar que la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales es presidida por Marcelo Rubio; Hacienda y Presupuesto Ángela Floridia, mientras que Ambiente por Ernesto Mancinelli.
Se seguirá analizando y debatiendo en Comisiones del Senado durante estas semanas.
El proyecto de ley contó con el aporte de los equipos técnicos de los cuatro municipios que integran el piedemonte y de organismos como la Dirección de Hidráulica, EPAS, EPRE e incluso el Departamento General de Irrigación, entre otros, decididos a asumir la responsabilidad de actualizar la legislación sobre el piedemonte como unidad ambiental y a dar soluciones operativas a quienes ya lo habitan y a futuro.
A su vez, se realizaron reuniones con las uniones vecinales, a través de la Unidad de Evaluaciones Ambientales y la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial en el lugar, para informar la situación y que se puedan cumplir las exigencias ambientales según la normativa vigente, como también paralizar emprendimientos que continúan realizando desmontes.
Por todo esto es que desde el 2016, el Gobierno provincial determinó que las evaluaciones ambientales de todos los nuevos proyectos a partir de entonces deberían ser aprobadas por la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de la provincia. De esta forma, se decidió encarar un estudio de cuencas del piedemonte, el cual retomó todos los antecedentes del piedemonte. Además, a través de la Agencia de Cambio Climático y con fondos del BID, esta iniciativa sirvió para evaluar la situación aluvional y realizar una planificación del territorio en función de lo detectado. Este trabajo técnico, arrojó diversas conclusiones.
Tomando como base la promulgación del Decreto 219 y el trabajo articulado entre la Secretaría de Ambiente, organismos del Estado y los cuatro municipios involucrados, se buscó actualizar la legislación del piedemonte y del procedimiento de evaluación ambiental, control y planificación del piedemonte.
A partir de estos estudios, fue que el Gobierno provincial impulsó este proyecto de ley para tener una normativa única del piedemonte. Además, la Secretaría de Ambiente reanudó los procedimientos de evaluación ambiental para los interesados que necesiten presentar sus estudios.
Dicho proyecto busca definir criterios mínimos obligatorios de ocupación para todo el piedemonte a partir de los cuales los municipios podrán actualizar sus códigos o zonificaciones. Si los municipios tuvieran criterios más restrictivos en sus normas, estas serán prioritarias. Los municipios que aún no tienen su Plan Municipal deberán incorporarlos a él.
Además determinará medidas y procedimientos para planificar el desarrollo de zonas aún no ocupadas y deberá cumplimentar exigencias ambientales en áreas ya urbanizadas, considerando el criterio de peligro aluvional. Otro de los puntos estipulados en la propuesta, es que deberá establecer áreas de protección ambiental con acceso público para garantizar el uso y disfrute por parte de todos los ciudadanos.
Esto busca unificar y actualizar los criterios para definir dónde y cómo construir a través de una ley nueva que especifique en qué zonas no se podrá construir por amenaza aluvional como cauces y laderas inestables.
El proyecto de ley también prevé –siguiendo el criterio de amenaza aluvional– áreas de categorización intermedia a las cuales define como ocupables para desarrollo urbano con criterios de bajo impacto. Las zonas de menos riesgos, de igual forma, deben respetar los llamados “criterios mínimos” para loteos en el piedemonte, con parámetros para dimensiones de parcelas, pendientes, etc.
En los casos donde haya construcciones previas, se requerirán los estudios ambientales correspondientes y se evaluarán de manera participativa con la población local y los organismos pertinentes las obras necesarias para mitigar amenazas aluvionales e impactos ambientales negativos. También se evaluará el camino a seguir con la infraestructura de servicios de agua y saneamiento, electricidad o gas.
Los técnicos consideran que el piedemonte debe ser abordado de manera interjurisdiccional y gestionado como una sola unidad ambiental. En la nueva ley, el área es mayor a las de las leyes vigentes en la actualidad e incluye todas las cuencas. El polígono de superficie comprende 76.699 hectáreas o 766 km2.
La actualización normativa para la ocupación del piedemonte contiene claras zonificaciones que determinan a futuro qué lugares se pueden ocupar, con qué usos y cuáles son las áreas vedadas por razones de seguridad para la población. Define claramente zonas con cauces aluvionales, consideradas de alta y muy alta amenaza y, por lo tanto, impedirá la construcción de viviendas. En zonas de media y baja amenaza se podrá construir bajo ciertas condiciones que cumplan con el desarrollo urbano de bajo impacto.
Esta nueva normativa ayudará a prevenir y minimizar el riesgo que corre la población del lugar y el impacto ambiental, tanto en el mismo piedemonte como en el Área Metropolitana. Es importante comprender que, además de ser una legislación útil para el ser humano, también se busca preservar y contribuir al manejo de áreas importantes para el cuidado de la biodiversidad.
Durante el proceso de elaboración de la normativa, el Gobierno efectuó contactos sistemáticos con los vecinos del lugar –uniones vecinales– a fin de analizar las distintas situaciones y asesorarlos para que puedan iniciar procesos de regularización.
Por otra parte, se previene a la población, ya que se han detectado emprendimientos inmobiliarios informales que anuncian ventas, con ofertas que no tienen la formalidad correspondiente.
Reunión de LAC con representantes del Colegio de Agrimensores
Posteriormente representantes del Colegio de Agrimensores: Tirso Andia, Eduardo Morales y Javier Oyhenart participaron de la reunión de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, para hablar sobre la propuesta de modificar distintos artículos de la Ley 7361 Caja de Previsión para Profesionales de la Agrimensura, Arquitectura, Ingeniería, Geología y técnicos de la construcción. La iniciativa fue desarrollada por el senador Rolando Baldasso y la senadora Mercedes Rus.
