Publicada el 21 marzo, 2022
En reunión conjunta de las comisiones de Ambiente, Legislación y Asuntos Constitucionales y Hacienda y Presupuesto, fue analizada una propuesta enviada por el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, que busca regularizar y proteger al piedemonte del Área Metropolitana.
El proyecto denominado “Ley de pautas de manejo y disposiciones específicas para la planificación integrada y sostenible de la Precordillera y Piedemonte del Área Metropolitana de Mendoza (AMM)”, fue generado desde la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, a través de la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial con el aporte de los cuatro municipios del Área Metropolitana que integran territorio en el área (Las Heras, Capital, Godoy Cruz y Luján) y en base al estudio “Evaluación de Amenazas del Piedemonte del Área Metropolitana”, elaborado por el Instituto Nacional del Agua.
El senador Ernesto Mancinelli ofició de moderador durante la reunión, ya que se trata del presidente de la comisión de Ambiente. En la misma explicó que el proyecto ingresó en el 2020: “Hemos recibido a funcionarios como al secretario de Ambiente, Humberto Mingorance, representantes de instituciones científicas y a referentes de los municipios de Lavalle y Maipú, quienes pidieron que se incorporen algunos temas”.
Éstos están vinculados a que puedan participar distintos municipios y a que también se incorpore dentro de los miembros permanentes, a organismos como Hidráulica e Irrigación. Éste segundo punto fue tenido para que sea incorporado.
Otro de los ejes centrales de la reunión, estuvo relacionado a explicar el funcionamiento de la Unidad Interjuridiccional Piedemonte, cómo es que la Secretaría de Ambiente regulará esto y las sanciones que recibirán quienes no cumplan con la norma.
Posteriormente, el presidente de LAC informó; “estamos analizando dos propuestas que fueron pensadas de manera integral para dar una solución a una problemática histórica y que afecta a mendocinos que habitan tanto en Luján, Las Heras y Godoy Cruz”.
Se refería por un lado, a la “Ley de Pautas de Manejo y Disposiciones Específicas para la Planificación Integrada y Sostenible de la Precordillera y Piedemonte del Área Metropolitana de Mendoza”, que establece criterios mínimos para el desarrollo y una cota concreta a la expansión urbana, además de la protección de cauces y zonas peligrosas. Por otro lado, la creación del “Área Natural Protegida Precordillera y Piedemonte del Área Metropolitana de Mendoza”.
Habló también sobre la intervención de los municipios, los miembros permanentes y no permanentes, la incorporación de Hidráulica e Irrigación y las sanciones que recibirán quienes se instalen en terrenos de forma clandestina. En este orden comentó que el procedimiento de sanciones será aplicado por el Código Contravencional.
Otro de los oradores fue el senador Rolando Baldasso quien informó que el Piedemonte cuenta actualmente con 1000 hectáreas ocupadas: “La idea principal es que estas zonas sean ocupadas respetando algunas consideraciones que preserven el medio ambiente”.
Posteriormente, desde el Bloque Frente de Todos explicaron su postura Alejandro Abraham, quien pidió que les den tiempo para poder estudiar en profundidad las incorporaciones planteadas; mientras que Miriam Gallardo hizo algunas consideraciones en cuanto a que se incorpore a los departamentos de Maipú y Lavalle, rever el tema sancionatorio, y que Vialidad también pueda ser miembro permanente.
Ante los pedidos realizados por este espacio, se resolvió que el miércoles próximo se realizará una nueva reunión, en la que se tratará de sacar un despacho que cuente con el aval y el consenso de todos los bloques parlamentarios.
El proyecto de ley contó con el aporte de los equipos técnicos de los cuatro municipios que integran el piedemonte y de organismos como la Dirección de Hidráulica, EPAS, EPRE e incluso el Departamento General de Irrigación, entre otros, decididos a asumir la responsabilidad de actualizar la legislación sobre el piedemonte como unidad ambiental y a dar soluciones operativas a quienes ya lo habitan y a futuro.
A su vez, se realizaron reuniones con las uniones vecinales, a través de la Unidad de Evaluaciones Ambientales y la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial en el lugar, para informar la situación y que se puedan cumplir las exigencias ambientales según la normativa vigente, como también paralizar emprendimientos que continúan realizando desmontes.
Por todo esto es que desde el 2016, el Gobierno provincial determinó que las evaluaciones ambientales de todos los nuevos proyectos a partir de entonces deberían ser aprobadas por la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de la provincia. De esta forma, se decidió encarar un estudio de cuencas del piedemonte, el cual retomó todos los antecedentes del piedemonte. Además, a través de la Agencia de Cambio Climático y con fondos del BID, esta iniciativa sirvió para evaluar la situación aluvional y realizar una planificación del territorio en función de lo detectado. Este trabajo técnico, arrojó diversas conclusiones.
Tomando como base la promulgación del Decreto 219 y el trabajo articulado entre la Secretaría de Ambiente, organismos del Estado y los cuatro municipios involucrados, se buscó actualizar la legislación del piedemonte y del procedimiento de evaluación ambiental, control y planificación del piedemonte.
A partir de estos estudios, fue que el Gobierno provincial impulsó este proyecto de ley para tener una normativa única del piedemonte. Además, la Secretaría de Ambiente reanudó los procedimientos de evaluación ambiental para los interesados que necesiten presentar sus estudios.
Dicho proyecto busca definir criterios mínimos obligatorios de ocupación para todo el piedemonte a partir de los cuales los municipios podrán actualizar sus códigos o zonificaciones. Si los municipios tuvieran criterios más restrictivos en sus normas, estas serán prioritarias. Los municipios que aún no tienen su Plan Municipal deberán incorporarlos a él.
Además determinará medidas y procedimientos para planificar el desarrollo de zonas aún no ocupadas y deberá cumplimentar exigencias ambientales en áreas ya urbanizadas, considerando el criterio de peligro aluvional. Otro de los puntos estipulados en la propuesta, es que deberá establecer áreas de protección ambiental con acceso público para garantizar el uso y disfrute por parte de todos los ciudadanos.
Esto busca unificar y actualizar los criterios para definir dónde y cómo construir a través de una ley nueva que especifique en qué zonas no se podrá construir por amenaza aluvional como cauces y laderas inestables.
El proyecto de ley también prevé –siguiendo el criterio de amenaza aluvional– áreas de categorización intermedia a las cuales define como ocupables para desarrollo urbano con criterios de bajo impacto. Las zonas de menos riesgos, de igual forma, deben respetar los llamados “criterios mínimos” para loteos en el piedemonte, con parámetros para dimensiones de parcelas, pendientes, etc.
En los casos donde haya construcciones previas, se requerirán los estudios ambientales correspondientes y se evaluarán de manera participativa con la población local y los organismos pertinentes las obras necesarias para mitigar amenazas aluvionales e impactos ambientales negativos. También se evaluará el camino a seguir con la infraestructura de servicios de agua y saneamiento, electricidad o gas.
Los técnicos consideran que el piedemonte debe ser abordado de manera interjurisdiccional y gestionado como una sola unidad ambiental. En la nueva ley, el área es mayor a las de las leyes vigentes en la actualidad e incluye todas las cuencas. El polígono de superficie comprende 76.699 hectáreas o 766 km2.
La actualización normativa para la ocupación del piedemonte contiene claras zonificaciones que determinan a futuro qué lugares se pueden ocupar, con qué usos y cuáles son las áreas vedadas por razones de seguridad para la población. Define claramente zonas con cauces aluvionales, consideradas de alta y muy alta amenaza y, por lo tanto, impedirá la construcción de viviendas. En zonas de media y baja amenaza se podrá construir bajo ciertas condiciones que cumplan con el desarrollo urbano de bajo impacto.
Esta nueva normativa ayudará a prevenir y minimizar el riesgo que corre la población del lugar y el impacto ambiental, tanto en el mismo piedemonte como en el Área Metropolitana. Es importante comprender que, además de ser una legislación útil para el ser humano, también se busca preservar y contribuir al manejo de áreas importantes para el cuidado de la biodiversidad.
Durante el proceso de elaboración de la normativa, el Gobierno efectuó contactos sistemáticos con los vecinos del lugar –uniones vecinales– a fin de analizar las distintas situaciones y asesorarlos para que puedan iniciar procesos de regularización.
Por otra parte, se previene a la población, ya que se han detectado emprendimientos inmobiliarios informales que anuncian ventas, con ofertas que no tienen la formalidad correspondiente.
Esta iniciativa surge como complementaria al proyecto de ley del piedemonte, para conformar una ley de planificación integrada y sostenible de la precordillera y piedemonte del Área Metropolitana de Mendoza. Esto se debe a que el piedemonte es considerado un área con condiciones ambientales de suma importancia para la conservación de los ecosistemas. Por ello se propone la creación de un Área Natural Protegida (ANP) –en una porción de la misma dentro de los departamentos de Las Heras, Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz y Luján–, en el marco de la Ley Provincial 6045, bajo el nombre “Área Natural Protegida Precordillera y Piedemonte del Área Metropolitana de Mendoza”.
Con respecto al dominio se propone, dentro de los términos de la Ley 6045, declarar de utilidad pública sujeta a expropiación a un sector del piedemonte, de manera de garantizar la protección de los recursos naturales y poder controlar por parte del Estado las actividades humanas que allí se realicen, reservando el área para el disfrute de todos los ciudadanos y el uso público.
En un sector de la precordillera, aplicar restricción al dominio, de manera de reservar los usos del suelo existentes a los objetivos propuestos para el área, bajo control por parte del Estado.