Publicada el 19 mayo, 2020
En sesión el Senado aprobó una iniciativa presentada por el legislador Pablo Priore, que modifica el Artículo 91 de la ley provincial 9024 y propone que cuando no se identifique al infractor, la presunción en la comisión de la falta recaerá en el titular registral del vehículo automotor, salvo que a que cuando se acredite su enajenación, o que no estaba bajo su tenencia o custodia, o bien denuncie al responsable de la infracción, en los casos que corresponda deberá procederse conforme al artículo 117 de la ley 9024.
El pedido lo realizó el mismo autor de la propuesta quien explicó los alcances de la misma. Fue aprobado por 35 votos a favor y una abstención. Pasó a Diputados en revisión.
La propuesta habla sobre la determinación del infractor responsable de faltas viales, es por ello que advierten que para mantener la coherencia del texto de la ley de tránsito, es necesario modificar el Artículo 91, para que junto con el artículo 117 de la ley 9024, no arrojen soluciones diferentes, en cuanto la aplicación de multas y demás sanciones.
La Ley Provincial de Tránsito establece en su artículo 91º que en caso de infracción de tránsito la falta recaerá sobre el titular registral del vehículo automotor, salvo acreditada su enajenación o que no se encontrare bajo su tenencia o custodia o bien se denuncie al responsable de la infracción.
En el caso del artículo 117 de la misma ley establece que en los casos que no se haya determinado al infractor al momento de labrarse el acta y éste no hubiere presentado descargo u opción de pago voluntario en los plazos previstos en el presente Título, el Juez Administrativo deberá proceder a su individualización citando a ejercer su derecho de defensa al titular registral de dominio del vehículo, en el domicilio denunciado ante el Registro Nacional de Automotor o al domicilio denunciado cuando gestionó la Licencia de Conducir.
Ambos artículos no son aplicados en forma conjunta en las situaciones que legalmente los jueces deben aplicar la ley, trayendo principalmente complicaciones a los propietarios de los vehículos automotores quienes deben afrontar los gastos frente a un accidente vial donde el conductor de su vehículo es el responsable del siniestro vial.
La Cámara Alta declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación a la superficie afectada al ensanche de calle Avellaneda. La superficie definitiva surgirá del plano de Mensura para la Expropiación, que encargará el Municipio al Colegio de Agrimensores, una vez declarada de Utilidad Pública de la superficie en cuestión. El sujeto expropiante será la Municipalidad de Guaymallén y a su cargo quedará el gasto que demande el cumplimiento de esta ley.
La intención de esta solicitud tiene su fundamento el regularizar la situación vial de la citada arteria del Departamento.
De igual manera se aprobó una propuesta que busca que se amplíe la calle Lamadrid del Distrito Villa Nueva, Departamento Guaymallén. Este proyecto surge con la intención de regularizar la situación vial de la citada arteria, al optimizar la circulación peatonal y vehicular en la intersección con calle Estrada del distrito de Villa Nueva, ya que ésta no posee vereda, por lo que pasó a la Cámara de Diputados en revisión.
Luego, el Senado provincial aprobó una propuesta en la que solicita que se expropien unos inmuebles que serán destinados a la ampliación del Parque Industrial de Lavalle, emplazamiento de actividades industriales y/o de producción de energía que sean ambientalmente compatibles con los usos mencionados en este artículo, en el marco de las Ordenanzas municipales de Ordenamiento Territorial, zonificación y de radicación de emprendimientos en el departamento de Lavalle, como así también a la realización de un plan sectorial de desarrollo, destinado a soluciones requerida por la población, en coordinación con el Municipio de Lavalle.
Se establecerá para ello de una Zona de Control ambiental, como área destinada al uso agrícola, donde el uso residencial será restringido a viviendas esporádicas o específicamente autorizadas por el municipio por fundadas razones de necesidad y en estricto cumplimiento de condiciones de habitabilidad compatible con las actividades industriales, desautorizando los emprendimientos inmobiliarios, loteos y/o fraccionamiento para uso residencial. La misma tendrá un radio de extensión de 500 metros a partir del perímetro del Parque Industrial, considerando también la pequeña proporción de Zona Industrial según Ordenanza 1001/16.
El sujeto expropiante será la Municipalidad de Lavalle y el gasto que demande, será soportado por la misma. La propuesta también fue aprobada por unanimidad por lo que será el turno de Diputados de evaluarla.
En este período, fueron aprobados por siguientes proyectos:
Héctor Bonarrico solicitó al Poder Ejecutivo que realice las gestiones para crear un programa que establezca precios máximos y de referencia en los insumos agrícolas.
El senador Pablo Priore solicitó que se declare de interés la Diplomatura en Perspectiva de Género en Seguridad Pública y Justicia, que dictará el IUSP-UNCuyo en la Provincia de Mendoza. El mismo legislador pidió que el Ejecutivo Nacional prorrogue la vigencia de la emergencia económica, productiva, financiera y social a la cadena de producción de peras y manzanas de las provincias del Neuquén, Río Negro, Mendoza, San Juan y La Pampa, de conformidad con lo previsto en el artículo 3° de la Ley N° 27.354 y sus modificatorias.
Priore además solicitó que la Dirección General de Escuelas contemple la creación de un área de modernización que formule una política de alfabetización digital.
Desde el bloque justicialista la senadora, Hilda Quiroga, pidió que al Ejecutivo que celebre convenios con los municipios para la instalación de servicio de internet con antenas que permitan la conectividad telefónica para el acceso a los contenidos educativos.
Silvina Camiolo requirió a la Dirección General de Escuelas que realice una reunión con los representantes de transportes escolares proveedores del Estado, a fin de atender la problemática que los aqueja.
Luego, el senador Bartolomé Robles pidió que el Departamento General de Irrigación informe sobre el accidente vial que ocurriera con un vehículo oficial el día sábado 2 de mayo.
Rafael Moyano también solicitó informe al Ministerio de Seguridad, respecto a las personas privadas de libertad y presentó otro pedido que fue dirigido a la Secretaría de Servicios Públicos, para que presente información en cuanto a las medidas de salubridad en el transporte público tendientes a proteger a usuarios y conductores de la propagación del virus Covid-19.
El senador Fernando Alin utilizó este periodo para hacer mención a los trabajadores sociales que están actuando frente a la pandemia del COVID19.
El legislador Gustavo Pinto puso en valor la actitud solidaria de dos auxiliares de la Policía de Mendoza que prestan servicios en la Casa de las Leyes que socorrieron a una señora de nacionalidad chilena.