Publicada el 25 septiembre, 2019
Se realizó una nueva Audiencia Pública en el Salón Rojas de la Legislatura Abierta de Mendoza. Mediante este procedimiento legal los ciudadanos se informan y pueden expresar su postura ante postulaciones propuestas por el Poder Ejecutivo.
Cabe resaltar que las opiniones vertidas en las Audiencia son de carácter consultivo y no vinculante. La autoridad responsable debe luego fundamentar su decisión final, teniendo en cuenta la evaluación de las opiniones recogidas.
Así lo explicó el presidente de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales Marcelo Rubio ni bien comenzado el encuentro, además de informar que los pliegos que se tratarían serían los de Mauricio Juan como Juez de Tribunal Penal Colegiado y el de Romina Crisafulli como de Defensora Penal de Pobres y Ausentes.
La reunión comenzó pasadas las 9 de la mañana y en el Salón Rojas, las personas que presentaron impugnaciones y adhesiones fundamentando sus posturas
El primer cargo que fue puesto a consideración de la sala fue el del letrado Mauricio Juan El postulante contó con 90 adhesiones y 36 impugnaciones. Sólo pudieron expresarse, tal como lo establece el Reglamento Interno del Senado, las personas que se hubiesen inscripto inicialmente presentado su aval o su oposición al cargo de Juan.
Quienes se expresaron a favor del postulante destacaron su idoneidad y probidad personal y profesional. Por su parte, desde el colectivo NiUnaMenos, cuestionaron la postulación de Juan ya que consideraron que no están de acuerdo con la sentencia que condenó a Andrés Di Césare por el asesinato de Julieta González en 2016.
Luego fue el turno de que los legisladores expresaran su postura y hicieran sus consultas. Abrió la senadora Fernanda Lacoste (PJ) quien realizó una serie de preguntas teniendo en cuenta la perspectiva de género.
Además las consultas también estuvieron relacionadas a su postura ante la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y si se tiene en cuenta esta Ley para aplicar sentencia; cuáles son los requisitos para que una conducta encuadre en el artículo 80 del Código Penal; y como entiende que puede hacerse efectiva la aplicación de la perspectiva de género en las sentencias.
Ante estas preguntas, Juan explicó: «Pedí la suspensión de la Audiencia ya que los fundamentos del fallo no iban a estar dados antes de la realización de la misma. Ello impedía que yo me expidiera por una cuestión legal, al fallo que está puesto en crítica».
En cuanto a si está de acuerdo con el fallo a Julieta González, Juan sostuvo: «Si estoy de acuerdo es una respuesta que cae de maduro, porque sino no, no hubiese firmado la adhesión al mismo. Esto no implica que haya algunas particularidades de pensamiento mínimas».
Siguiendo con esta temática, Juan sostuvo que se trató de una cuestión de prueba, no de aplicación de un tratado. Además se refirió al caso de Sebastián Prado ya que considera que lo que hubo en este caso fue falta de prueba, al igual que en el caso de Julieta González.
Luego, la senadora Ana Sevilla expresó la necesidad de que se aplique la Ley Micaela en Mendoza ya que evidentemente no está clara la perspectiva de género y eso provoca que las mujeres sufran estas situaciones y quienes están expuestas a la violencia de género.
Ante los dichos de la legisladora el postulante explicó que coincide en la necesidad de la Ley Micaela: «Creo que es necesaria la injerencia en todos los ámbitos de los poderes públicos en relación a la obligatoriedad que debe tener estos temas de géneros».
Juan además expresó ante la Ley Micaela a que «no envía a interpretar tipos penales, no es Ley de fondo ni de forma sino que manda a que las provincias adhieran y tiene que ver con la formación».
Por último, Juan sintetizó: «dejo aclarado que en el caso del dictado de la sentencia conocido como caso Di Césare, teniendo el colectivo Ni Una Menos en el recinto, en la sala de debate, me hubiese sido fácil presentar una incidencia. Al momento de resolver este juicio yo ya me encontraba con el pliego dentro del Senado y no me templó el pulso en pensar cómo debía decidirse. Decidí con la Ley en la mano ya que entendí que el fallo debía ser de acuerdo a la forma en la que lo voté».
Al momento de defender su postulación, la doctora Romina Crisafulli como Defensora Penal de Pobres y Ausentes dijo: “Soy abogada recibida en la Universidad de Mendoza, me siento muy honrada por la oportunidad de encontrarme con la presencia de todos ustedes. Entiendo la Justicia como esencial para un Estado de derecho, que es aquello que lo hace posible y lo perfecciona. Quiero agradecer a todos la confianza depositada en mí”.