Publicada el 20 mayo, 2019
Al comienzo de la reunión, la senadora Fernanda Lacoste quien preside de comisión de Educación del Senado, explicó que el encuentro se realizó en virtud de los reclamos que presentaron cientos de docentes ante el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación de Mendoza (SUTE).
Luego, desde la agrupación que nuclea a los docentes mendocinos, su titular, Sebastián Henríquez comentó que dicho pedido está centrado en brindar solución a la problemática que atraviesan los docentes en los procesos de recategorización del Adicional Zona, según lo establecido por la Ley 9031/17 y su Decreto reglamentario 250/18.
En este sentido, el titular del SUTE expuso: «Por los criterios que se aprobaron y por la metodología de trabajo, esto ha generado que 500 docentes realicen reclamos ante el gremio, y esto a futuro traerá un gran perjuicio para el Estado ya que muchos docentes han decidido encausar acciones legales desde las distintas escuelas y creemos que este procesos se pueden reencausar».
Por ello es que Henríquez comentó que desde el SUTE han elaborado un proyecto de Ley que se ha puesto a disposición de los legisladores, para discutir modificaciones a la Ley 9031 y al Decreto 250, para que la comisión evaluadora mixta compuesta por el SUTE y por miembros del Ejecutivo.
Lo que piden desde el gremio es que esta comisión vuelva a ser vinculante y recupere sus capacidades de decisión, se amplíen los criterios y que las recategorizaciones se realicen en los ámbitos paritarios. También incluye la obligación de incorporar el Adicional Zona en los Servicios Educativos de Orientación Social (SEOS).
Otro de los aspectos que plantearon desde el gremio estuvo vinculado al informe que realizó la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), organismo público de carácter técnico que ejerce la coordinación de las actividades estadísticas que se realizan en el territorio de la provincia de Mendoza.
Desde el SUTE aseguraron que este documento carece de la aplicación concreta de los criterios que se han usado sobre las escuelas y por ello es que solicitan que los miembros de la comisión intercedan frente al Gobierno para acercar a las dos partes y buscar un acuerdo para resolver esto en beneficio de todas las escuelas y del sistema educativo.
Henríquez comentó en cuanto a la respuesta que el Gobierno de la Provincia les dio al momento de sentarse a negociar algunos aspectos de las recategorizaciones: «En el 2017, durante la paritaria, el Gobierno y el Gremio no llegaron a un acuerdo por lo que el Ejecutivo decidió llevar a la legislatura una propuesta que no fue consultada».
Los integrantes de la comisión se comprometieron a reunirse con los miembros del Ejecutivo, para resolver la problemática planteada y en invitarlos a la Legislatura ya que es el ámbito institucional donde deben resolverse estos conflictos.