Publicada el 7 febrero, 2018

07/02/2018-

La Defensoría de las Personas con Discapacidad de Mendoza advierte sobre una maniobra peligrosa contra víctimas y testigos de la causa por situaciones de abuso a niñ@s y adolescentes en el Instituto Próvolo.

Como se ha difundido a través de diversos medios, las religiosas imputadas y su grupo de abogados han pedido la detención de los intérpretes oficiales de Lengua de Señas Argentina (LSA), argumentando que habrían “tergiversado” declaraciones de víctimas y testigos.

Este hecho se enmarca en una estrategia -ya públicamente visible- en la cual la defensa no ha tenido reparos en ocasionar mayor dolor entre las víctimas, atentando gravemente contra el ejercicio y goce de sus derechos humanos, su dignidad inherente y la confianza en la justicia, sentimiento que se siembra en la sociedad en general.

Los intérpretes significan nada menos que el puente de comunicación de las personas sordas. Es por eso, que como colectivo, ellas los respaldan o no mediante sus organizaciones que son las depositarias del conocimiento de la lengua. Esto es ejercer el Convencional y Constitucional derecho a elegir el modo de comunicarse. Dado que la lengua de señas no es conocida por todos, la persona sorda, para poder relacionarse, está obligada a decidir quién va hacer su voz y quien le dirá lo que otros hablan.

En este caso, la Confederación Argentina de Sordos, Asociación Sordos Mendoza, Movimiento de Sordos Mendoza y Facultad de Educación UNCuyo han avalado la labor profesional y destacada de los intérpretes oficiales de LSA.
Estos expertos además, ya fueron reconocidos por la Justicia Provincial, quien incluso rechazó la recusación que se les realizara. Con todo ello, por qué la insistencia?

El empecinado ataque contra los intérpretes es en realidad contra víctimas, testigos, familiares y en fin, contra la colectividad de personas sordas, un triste y negativo impacto que no debemos permitir. Aunque los hechos alimentan nuestra convicción de que aquello no va a ocurrir. El colectivo de personas sordas aprendió, y a la vez nos enseña, que esta verdadera lucha de derechos humanos, por luz, verdad y justicia es irrenunciable. Así marchan todos los meses, se informan de la causa por el propio fiscal a quien plantean sus inquietudes, y venciendo al miedo continúan aportando pruebas para encontrar finalmente justicia.

Consideramos que es esencial apoyar y no hostigar el quehacer de los actores intervinientes en este proceso comprometidos con el esclarecimiento de los hechos.

No por la discapacidad las personas somos manipulables, no por sombrías estrategias judiciales los derechos humanos fundamentales deben limitarse en retroceso de nuestras históricas conquistas, y no por altisonantes anuncios ante la prensa deben desacreditarse acciones de profesionales idóneos y avalados o dichos de testigos, ni por ello la contundente realidad ha de modificarse, pues probado está que en el instituto Antonio Próvolo de Mendoza, los imputados en la causa cometieron y/o fueron cómplices de hechos de abuso sexual de niños y adolescentes con discapacidad que se encontraban bajo su responsabilidad.

Nada sobre nosotros sin nosotros.

 

 

Juan Carlos González Olsina

Titular de la Defensoría de las Personas con Discapacidad de Mendoza