11/10/2017-
Para ello convocaron a funcionarios de la Dirección General de Escuelas y a miembros del Órgano Administrativo Local. Durante el encuentro, representantes del justicialismo centraron sus consultas en cuanto a la función que cumplirá el Asesor de Menores. Además, evaluaron una propuesta de la senadora Ubaldini que crea el Órgano de Revisión Local.
En el salón Rojo de la Legislatura Provincial, los integrantes de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales mantuvieron una reunión con representantes de la Dirección General de Escuelas (DGE) y con miembros del Órgano Administrativo Local (OAL) para evaluar el proyecto que crea la figura del Defensor del Docente..
Vale destacar que la propuesta no sólo establece la defensa de los maestros sino también del personal no docente dentro del ámbito educativo, la asistencia legal gratuita, poder canalizar denuncias a través de esa figura y no tener que hacerlo a títulos personal para evitar denuncias de padres. También se busca que a través de la idea preservar a los propios niños en las escuelas.
De la actividad participaron el director de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Escuelas, Francisco Fernández; la defensora General del Ministerio Publico de la Defensa y Pupilar, Mariana Silvestri Bauco; la coordinadora del Ministerio Público y Pupilar de Justicia, Andrea Pescarmona; y distintos letrados que intervienen en el OAL.
Participaron del encuentro, Marcelo Rubio, Juan Carlos Jaliff, María José Ubaldini, María Quiroga, Adrián Reche, Claudia Salas, Mariana Caroglio, Patricia Fadel, Juan Antonio Agulles, Ana Sevilla y Jorge Palero.
Durante la reunión, el director de Asuntos Jurídicos de la DGE informó que el proyecto del Ejecutivo modifica el Código de Faltas como así también una serie de medidas que se dan cuando existe una situación de vulnerabilidad o ataque sexual que se da dentro de los establecimientos educativos de Mendoza.
Fernández además añadió: “La propuesta viene a darle una protección rápida e inmediata a los docentes en este tipo de casos, ya que desde la DGE hemos detectado que esta situación que es actualmente es denunciada por los docentes, genera una situación de maltrato y esto produce consecuencias negativas en la salud de los maestros ya que muchas veces son agredidos al realizar este tipo de denuncias”.
“Entendimos que ésta es una manera de poner en cabeza esa denuncia ante el Asesor del Menor, para que éste formule la denuncia ante la Unidad Fiscal, inste la acción penal y realice los actos urgentes para salvaguarda los derechos afectados del menor”, adujo el letrado.
Por último, Fernández añadió en cuanto a la función que tendrá el Asesor de Menores con la aprobación de esta propuesta: “Ante la situación de un hecho delictivo, el Ministerio Público Pupilar, no sólo será quien efectúe la denuncia penal sino que pondrá en conocimiento al OAL para que dicho organismo realice la tarea administrativa”.
A su vez, los representantes de la OAL explicaron que con la propuesta se intenta judicializar al adulto que comete el delito, no al menor. Además explicaron que será el Asesor de Menores el representante que va a tomar potestad de radicar la denuncia y una vez finalizado ese proceso intervendrá la OAL.
También, desde el organismo sostuvieron que el asesor defenderá la integridad del maestro y lo que intentan con dicha propuesta es que los procesos judiciales sean más rápidos y eficientes.
Por su parte, las senadoras Patricia Fadel y Ana Sevilla centraron sus consultas en cuanto a la función que tendrá el Asesor de Menores y en cuanto a la modificación del artículo 43 del Código de Faltas. Por ello es que desde el justicialismo solicitaron que se revise la redacción del proyecto.
Luego, los integrantes de LAC evaluaron junto a la defensora General del Ministerio Publico de la Defensa y Pupilar, Mariana Silvestri Bauco una propuesta presentada por la senadora justicialista María José Ubaldini.
Se trata de crear el Órgano de Revisión Local que se encontrará dentro de la estructura del Ministerio Publico de la Defensa y Pupilar de la Provincia de Mendoza. Dicho Órgano tendrá como objeto el de proteger los derechos humanos de los usuarios de los servicios de salud mental, conforme establece el art. 38 de la Ley de Salud Mental N° 26.657.