07/08/2017-

El funcionario junto al asesor de Gobierno, Javier Urrutigoity explicaron los alcances de la propuesta enviada por el Ejecutivo que intenta reactivar la inversión entre el Estado y el sector Privado. Mañana lo trataría el Senado.

Durante el plenario de comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y Hacienda y Presupuesto, funcionarios del Gobierno Provincial explicaron detalles del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, de adhesión a la Ley Nacional 27.328 de Contratos de Participación Público Privada.

De encuentro participaron además de los presidentes de las comisiones, los senadores Jorge Palero de Hacienda y Marcelo Rubio de Legislación, las senadoras María José Ubaldini, Mariana Caroglio, Daniela García y Ana Sevilla. También estuvieron presentes los senadores Juan Agulles, Jorge Teves, Juan Carlos Jaliff, Adrián Reche, José Orts, Juan Gantus y Miguel Bondino.

Al comienzo del encuentro, el senador Palero quien fue uno de los senadores que presidió el encuentro explicó el que ministro de Hacienda y Finanzas, Lisandro Nieri no había podido asistir al encuentro por problemas de agenda.

Además, el legislador habló sobre la intención que tiene la Cámara de que el proyecto analizado sea tratado mañana martes, durante la sesión del Senado.

En tanto, el senador Marcelo Rubio explicó que el proyecto cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

Luego, el ministro de Gobierno explicó los alcances del proyecto: “Nos da una herramienta suplementaria que permite generar una participación del capital privado”. Además sostuvo que “la normativa tiene un espíritu federal y es una herramienta para concretar proyectos de envergadura, donde están incluidos los municipios. Es una nueva figura que el Poder Ejecutivo ha adaptado a través de esta propuesta”.

Javier Urrutigoity de la Asesoría de Gobierno comentó que la normativa  permite coordinar y concentrar esfuerzos para reactivar la inversión en actividades y servicios, infraestructuras, servicios públicos, vivienda, inversión productiva, investigación aplicada e innovación tecnológica, generando una herramienta positiva entre el Estado, en sus tres niveles de gobierno y el sector privado.

El funcionario explicó además que “no se pueden postergar las necesidades de la gente porque el Gobierno no tenga presupuesto. Es por ello que se advirtió la fórmula y se tomó esta herramienta que ha funcionado tan bien en otros países”.

También indicó que “mediante esta herramienta, alternativa a los regímenes de obra pública y de concesión de obra pública, se dirige a ampliar la oferta de recursos para la realización de proyectos dirigidos a atender la demanda social en bienes, servicios e infraestructuras de interés público, cuya ejecución producirá a la vez la creación de empleo”.

Otra de las particularidades que tiene la norma es que la participación del sector privado se promueve mediante el reconocimiento de una rentabilidad razonable, en contratos de larga duración. En tanto, el régimen jurídico establecido por la Ley 27328, cuya adhesión se promueve, regula los aspectos esenciales del sistema.

Sostuvo Urrutigoity que “el proyecto contempla otros aspectos  como es el respeto de la normativa de protección del ambiente, la obligación de observar las reglas de programación financiera del Estado, en un marco de responsabilidad fiscal y de rendición de cuentas, el equitativo y eficiente reparto de aportes y riesgos entre las partes del contrato y la obligación de especificar los bienes muebles e inmuebles que revertirán o que serán transferidos al Estado nacional al extinguirse el contrato”.

Indicó el funcionario provincial que “Mendoza no cuenta en la actualidad con una ley que regule la realización de proyectos bajo la modalidad de contratación de asociación público privada, motivo por el cual resulta necesario adherir al régimen nacional”.

Por último comentó que dicha propuesta fue modificada por la Cámara de Diputados en lo referido a las inversiones que puedan quedar con las utilidades del sector eléctrico o hidrocarburos y que no se autorice financiamiento nacional o internacional sin la intervención de la Legislatura, con las mayorías que fija la Constitución Provincial.

Vale destacar que la norma contempla la eximición del impuesto de sellos en todos los contratos y subcontratos que sean necesarios para instrumentar los proyectos, que posteriormente serán ejecutados total o parcialmente por la provincia.

Asimismo el proyecto establece la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento de Contratos de Participación Público-Privada, que estará integrada de la forma que determine la Legislatura Provincial, con las mismas atribuciones de contralor, número máximo de integrantes y participación proporcional de las respectivas fuerzas políticas. Por acuerdo de los presidentes de cada Cámara podrá reemplazarse la Comisión Bicameral por las respectivas Comisiones de Obras y Servicios Públicos.