Publicada el 20 marzo, 2024
El Gobierno provincial ha demostrado desde el inicio de su gestión, su compromiso con la mejora continua del sistema de salud, buscando garantizar una atención de calidad y adaptada a las necesidades de la población mendocina. Por ello es que a mediados de febrero, el Ejecutivo presentó una serie de proyectos que contribuyen significativamente a fortalecer la salud pública en la Provincia.
Por ello es que se reunió en forma conjunta, la comisión de Salud, Hacienda y Presupuesto, y Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado de Mendoza, para abordar tres propuestas fundamentales en el marco del Plan Provincial de Salud 2024-2030. Estas iniciativas, promovidas por el Gobierno provincial, forman parte de un conjunto de 25 proyectos derivados de este plan estratégico y han sido objeto de análisis desde mediados de febrero.
Al comienzo del encuentro, el senador Abel Freidemberg, presidente de la comisión de Salud, presentó los proyectos ante los asistentes, detallando la importancia y el alcance de cada uno. El proyecto inicial, trata sobre la flexibilización de las funciones de los farmacéuticos del Estado Provincial, con el objetivo de adaptar mejor sus roles a las necesidades locales y optimizar la utilización de recursos humanos tanto públicos como privados. Se propone derogar las restricciones actuales impuestas a sus títulos para fomentar una mayor competencia entre los profesionales y mejorar la calidad de los servicios ofrecidos.
Sandra Gómez, directora General de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y Deportes, profundizó en el análisis de esta iniciativa explicando que la norma busca corregir una situación de incompatibilidad que impide a los farmacéuticos acceder a otros trabajos. Además, señaló que el proyecto contempla la revisión de los bloqueos de título, adaptándolos a la realidad de cada caso y preservando los roles y responsabilidades profesionales.
Luego, el senador Valentín González expresó preocupación sobre el posible impacto financiero y legal de eliminar los bloqueos de título, planteando la posibilidad de generar juicios al Estado. Sandra Gómez respondió destacando que la norma no elimina automáticamente estos bloqueos, sino que se realizará un análisis caso por caso.
Posteriormente, el senador Martín Kerchner Tomba y otros legisladores abordaron la importancia de delimitar la aplicación de la ley para evitar discrecionalidades y garantizar la transparencia en la gestión de recursos humanos en el sector de la salud.
Ariel Pringles de la Unión Mendocina enfatizó la necesidad de limitar la subjetividad en la aplicación de las normas, proponiendo que se definan claramente los criterios para el bloqueo de títulos, especialmente para los directores técnicos de farmacia.
Las preocupaciones sobre la temporalidad de los servicios de farmacia y la responsabilidad de los profesionales que no son directores técnicos fueron planteadas por Gerardo Vaquer, quien solicitó una mayor claridad en la normativa.
El legislador Dugar Chappel advirtió sobre la importancia de no anticiparse a posibles decisiones judiciales al momento de redactar leyes, destacando que el Poder Legislativo no debe delegar sus facultades. A su vez, planteó interrogantes sobre la compatibilidad de funciones de los farmacéuticos en ciertos contextos laborales. En respuesta, la directora General de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y Deportes señaló las diferencias entre el sistema de compras en el ámbito público y privado de la salud.
La senadora Fernanda Sabadin coincidió en la necesidad de analizar cada caso individualmente para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de salud en su totalidad, asegurando que no se afectará la labor de los farmacéuticos donde sean indispensables.
Con posterioridad, el senador Félix González planteó la posibilidad de mantener los bloqueos de título para los profesionales existentes, mientras se establece un nuevo régimen para los futuros ingresos, con el fin de garantizar la estabilidad del recurso humano crítico en el sistema de salud.
Otro proyecto discutido hoy busca modificar la Ley que establece la Defensoría de las Personas con Discapacidad, con la intención de reducir la mayoría requerida en la Asamblea Legislativa para la designación del Defensor o Defensora. Se plantea que la designación sea realizada por el Poder Ejecutivo con el acuerdo del Senado, simplificando así el proceso y garantizando una respuesta más ágil a las necesidades de este colectivo vulnerable.
La encargada de explicar los alcances de este proyecto que busca modificar la Ley de Defensoría de Personas con Discapacidad fue Georgina Cicchitti, directora de la Dirección de Atención a las Personas con Discapacidad, quien expuso que el proyecto busca agilizar el proceso de designación del defensor, manteniendo el espíritu de garantizar los derechos de las personas con discapacidad en línea con la Convención Internacional.
Sin embargo, la senadora Flavía Manoni expresó su preocupación por la posible superposición de funciones entre la Dirección y la Defensoría, planteando la necesidad de mantener la independencia de este último órgano. A su vez, el presidente de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, Walther Marcolini, destacó la importancia de revisar los mecanismos de selección, proponiendo ajustes al proyecto para garantizar la transparencia y eficiencia en el proceso.
El senador Gerardo Vaquer señaló que las modificaciones propuestas podrían estar motivadas por intereses políticos, instando a analizar detenidamente el impacto de los cambios. Mientras tanto, la senadora Adriana Cano abogó por mantener el procedimiento establecido en la ley vigente, respetando el consenso alcanzado en su momento.
La senadora Natacha Eisenchlas propuso un plazo para revisar las propuestas y consensuar una posición, mientras que el senador Félix González destacó la importancia de definir claramente el modelo de elección del defensor, buscando el equilibrio entre independencia y eficacia.
Ante esta variedad de opiniones, el senador Marcolini instó a presentar propuestas concretas para su consideración antes del próximo miércoles 27 de marzo, con el objetivo de avanzar en la discusión y llegar a un acuerdo satisfactorio para todas las partes involucradas.
El tercer y último proyecto tratado está vinculado a recuperar los costos generados en el sistema de salud público debido a la violación de distintas normativas, especialmente en áreas críticas como accidentes de tránsito relacionados con la conducción bajo efectos de intoxicación alcohólica o por estupefacientes, y la negativa infundada a la vacunación. Se propone que aquellos que infrinjan las normativas asuman el costo de las prestaciones de salud derivadas de sus acciones, con el fin de proteger los recursos del sistema de salud pública.
También fue explicado por Georgina Cicchitti, directora de la Dirección de Atención a las Personas con Discapacidad, quien informó que esta iniciativa busca concientizar sobre los riesgos asociados a conductas que infringen normativas, especialmente aquellas que afectan la salud de las personas.
Cicchitti destacó la importancia de respetar las normas y asumir la responsabilidad por las consecuencias del incumplimiento de las mismas. Señaló que uno de cada cuatro accidentes de tránsito está relacionado con la conducción bajo efectos de la intoxicación alcohólica, así como el impacto negativo que tiene la decisión de no cumplir con la vacunación obligatoria en el sistema de salud y en la salud de las personas.
La senadora Natacha Eisenchlas subrayó que la intención del proyecto es promover la prevención y el incentivo a las vacunas, así como desincentivar la conducción en condiciones no adecuadas. Aclaró que la medida no tiene fines recaudatorios, sino que busca generar conciencia y prevenir riesgos.
En relación a los detalles del proyecto, Cicchitti explicó que se contempla establecer un sistema de recupero para aquellos que no tengan cobertura, utilizando un mecanismo similar al de las horas sociales. Además, señaló que la sanción por infracciones relacionadas con la conducción sería una medida accesoria determinada por el juez de tránsito, evitando duplicar la multa establecida por el código de faltas.