09/05/16-

Los integrantes de LAC del Senado y los de la Bicameral de Seguridad analizaron el proyecto que busca modificar una serie de artículos del Código Procesal Penal anunciado por el gobernador de la Provincia, Alfredo Cornejo en su discurso del primero de mayo.

La Comisión de Legislación y Asuntos Constitucional del Senado y la Comisión Bicameral de Seguridad se reunieron este medio día para analizar el proyecto anunciado por el gobernador Alfredo Cornejo durante el acto de apertura de sesiones ordinarias que busca modificar el Código Procesal Penal.

La iniciativa prevé instaurar un régimen que determine los pasos del procedimiento y estipule claramente cuándo se debe aplicar y cuándo no, de acuerdo con el tipo de delito cometido.

Participaron de la reunión los presidentes de LAC y Seguridad, Marcelo Rubio y Mario Díaz, respectivamente.

Además estuvieron presentes los senadores Jorge Palero (UCR), Juan Gantus (FPV-PJ), Adrián Reche (UCR), Miguel Bondino (UCR), Claudia Najul (UCR), Jorge Teves (UCR), Gustavo Arenas (FPV-PJ), Guillermo Amstutz (Unidad Popular), María José Ubaldini (FPV-PJ), Juan Carlos Jaliff (UCR), Juan Agulles (FPV-PJ), Luis Bohm (FPV-PJ), Ana Sevilla (FPV-PJ), Héctor Quevedo (UCR), Mariana Caroglio (UCR), Omar Benegas (FPV-PJ), Alejandro Molero (UCR; y los diputados Pablo Priore (PRO), Héctor Fresina (FIT), y Lucas Ilardo (FPV-PJ).

Como invitado participó del encuentro el director de Enlace y Asuntos Penitenciarios y Justicia, doctor Juan Ignacio Mulet.

Marcelo Rubio (UCR) indicó que hubo muy buena recepción de los senadores de la oposición y agregó que las modificaciones propuestas por los miembros del justicialismo tienen más que ver con la redacción de algunos puntos en particular y no con el espíritu del proyecto.

Rubio además comentó que existieron, durante la reunión, inquietudes respecto a la infraestructura del sistema penitenciario; “teniendo en cuenta que no hubo grandes inversiones en los últimos años”. Al respecto informó que el Gobierno quiere mejorar la política penitenciaria en la Provincia y que “el Ejecutivo pretende terminar la construcción de la prisión federal”.

El presidente de LAC informó que volverán a reunirse el próximo miércoles, a las 11.30 en el anexo de la Legislatura donde seguirán evaluando el expediente.

La norma, presentada por el Poder Ejecutivo modificaría tres puntos principales. El primero de ellos, vinculado con la tarea en los juzgados de flagrancia, en donde, como el nombre lo indica, ingresan personas que han sido detenidas in fraganti. En el procedimiento especial de flagrancia, el Fiscal deberá solicitar la prisión preventiva en la primera audiencia cuando se opta por el procedimiento directísimo, que nunca podrá ser superior al plazo de diez días, término que no podrá prorrogarse.

El segundo punto está relacionado a la reiterancia. Con la modificación propuesta, se fijaría la prisión provisional cuando un delincuente aprehendido in fraganti cae nuevamente en la comisión de un delito. En este punto, se dispondrá su prisión preventiva cuando resulte imposible obtener una condena de ejecución condicional: sea en razón de las circunstancias y naturaleza del hecho delictivo que determinan la pena en abstracto asignada por la ley; sea por la cantidad y tipo de delitos que se le atribuyan y la pena que se espera como resultado del proceso o ,finalmente, por la situación jurídica del imputado. A todo efecto deberá aplicarse el artículo 22 de la Constitución de Mendoza.

El último punto esta relacionado a brindarle celeridad a los procedimientos judiciales. En este sentido es que el proyecto de ley impone plazos «improrrogables» a los efectos de resolver la prisión preventiva de manera efectiva y eficaz. Por ello es que la audiencia deberá tramitar con la presencia del Tribunal, el Fiscal, el imputado y su Defensor, bajo pena de nulidad y se deberá asegurar la plena vigencia de los principios de inmediación, contradicción, publicidad y celeridad