Publicada el 15 diciembre, 2021
El estado de las rutas, tanto Nacionales como Provinciales, en la Provincia de Mendoza, es causa de preocupación por el deterioro de la carpeta asfáltica que se produce no solamente como consecuencia de la circulación de vehículos dentro del rango de pesos y medidas para los cuales las vías de circulación han sido proyectadas, sino también por el deterioro acelerado que se produce por la circulación, especialmente de vehículos de transporte de carga cuyas capacidades reales exceden a las nominales, sin que exista a la fecha un mecanismo de control de estas desviaciones que sea eficiente y contribuya a prevenir las consecuencias sobre la carpeta asfáltica de las vías de circulación de nuestra provincia.
Por esto fue que el diputado Jorge Sosa presentó un proyecto que obliga a incorporar un sistema de pesaje obligatorio para los conductores de camiones del ámbito privado que circulen por la vía pública. De esta manera la autoridad competente deberá exigir un Manifiesto Comprobante de carga que deberá ser expedido por estos establecimientos.
El manifiesto deberá constar la razón social del establecimiento cargador, domicilio, ubicación de la cantera o explotación de origen del material, identificación del vehículo transportista, peso bruto y peso TARA del vehículo transportista así como el peso real por eje de la carga del medio de transporte.
Los establecimientos deberán contar con báscula o balanza que permita el pesaje de la carga a transportar por eje, lo que constituye un requisito indispensable para su habilitación y funcionamiento. En tanto, dispone que en la reglamentación, se deberán considerar aquellas situaciones de establecimientos circundantes que por la cercanía entre los mismos sea conveniente la instalación de una misma báscula o balanza que permita las mediciones pertinentes.
Dicho proyecto fue analizado hoy por la comisión de Obras Y Servicios Públicos del Senado, en donde se dispuso redactar el despacho que fue firmado por los legisladores de todas las fuerzas políticas, y remitido a la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales para su posterior análisis.
El proyecto además especifica que la autoridad de aplicación sea la Dirección Provincial de Vialidad quien podrá celebrar convenios con Autoridades e Instituciones Nacionales, Provinciales y Municipales. Asimismo, estará facultada a realizar inspecciones y controles periódicos.
Esta normativa prevé multas ante incumplimientos dados por circular sin la documentación habilitante, diferencia de pesaje u omisión de la instalación de los sistemas de pesaje, que serán de entre 500 a 1.000 Unidades Fijas, y podrán ser aumentadas hasta el quíntuplo de las mismas en caso de reincidencia y conforme al tipo y gravedad de la falta según lo establezca la reglamentación.
Por otra parte, contempla la inmovilización inmediata del vehículo de carga y la prohibición de circular, hasta tanto se verifique la subsanación de la conducta infractora, sin perjuicio de la aplicación de sanciones, en caso de circular sin la documentación prevista o que se detecte diferencia de pesaje.
En caso de reincidencia por parte del establecimiento cargador en la violación de estas disposiciones, se podrá proceder a la clausura temporal o definitiva. Asimismo, en caso de reincidencia del transportista y/o titular registral, poseedor o simple tenedor del vehículo de carga, podrá disponerse del decomiso de la carga.
Respecto del destino de las multas, se constituye el Fondo de Fiscalización y Reparación de Rutas que será destinado al equipamiento de los recursos humanos y a la adquisición de equipos necesarios para la plena fiscalización de los objetivos previstos y a la reparación de rutas provinciales.