Publicada el 12 agosto, 2020
La comercialización de productos frutihortícolas para industria dejó de ser un acuerdo entre partes sin el debido respaldo legal, ya que tras la sanción de la Ley 9133, se creó un Registro Único de Contratos a fines de 2018, propuesta presentada por el ex diputado radical Ricardo Mansur.
Si bien anteriormente la reglamentación establecía la inscripción obligatoria de los contratos de uva y la implementación paulatina del resto de los contratos agrícolas, actualmente la norma permite que se inscriban los contratos de compraventa de durazno, ciruela, aceitunas, ajo y tomate que tengan como destino la industria en la temporada 2019/2020.
Pero el Gobierno Provincial decidió que esta norma no era totalmente abarcativa por lo que a mediados de julio de este año envió un proyecto de Ley con la intención de modificar dos artículos de la Ley antes mencionada. Se trata de los artículos 5 y 9.
La propuesta del Ejecutivo dispone que se convoque a los sectores interesados a tratar en conjunto, en un ámbito no estatal, aspectos de interés para las transacciones comerciales tales como costos de producción, calidades de los productos, situación de los mercados, precios de referencia, plazos de entrega de materias primas, modalidades de pago y todo otro que resulte de interés para cada sector.
Además propone que los establecimientos que registren sanciones por incumplimiento a la Ley 9133 o sobre los que recaiga sentencia condenatoria por incumplimiento de contratos registrados, no podrán acceder a subsidios, créditos de fomento, beneficios originados en la Ley Nº 6216, o cualquier otro beneficio sostenido con fondos públicos provinciales, por un plazo de un año, la primera vez y de tres años, las siguientes.
El cumplimiento voluntario de la resolución correspondiente, en el primer supuesto, rehabilitará a la recepción de los beneficios. En el segundo supuesto, reducirá la inhabilitación establecida por este artículo al plazo de un año.
Al comenzar la reunión que fue moderada por el senador Marcelo Rubio, quien, preside la comisión de LAC, explicó que ayer durante la sesión, se resolvió darle preferencia a la propuesta que se encuentra en análisis y para darle tratamiento conjunto entre las comisiones de LAC, Economía y Hacienda para así darle mayor celeridad a su tratamiento.
También convinieron que el Lic. Alfredo Aciar, quien, es asesor del Ministerio de Economía y Energía de Mendoza brindara los alcances de la propuesta que fue remitida por el Ejecutivo a fines de julio.
Luego fue el turno de que el funcionario de la cartera de Economía explicara y fundamentara la propuesta que modifica la Ley 9133. En ese marco, Aciar informó que este proyecto data del 2018 cuando los productores terminaron cosechando mucho más de lo que debían. “Los productores se vieron afectados y ese fue el espíritu o el hecho que fundamentó su existencia”, añadió.
Luego comentó cuales serían las incorporaciones que el Ejecutivo había considerado necesarias para que los productores tanto de uva como de durazno, ciruela, aceitunas, ajo y tomate no vieran afectadas sus cosechas y logren cobrar por la producción un precio absolutamente consensuado.
Al respecto, el funcionario explicó que la idea del Gobierno es sustituir estos costos por una especie de paritaria por lo que el Ministerio de Economía convocará a las partes para que discutan sobre los costos de producción, precios, etc. “Con esto buscamos que las partes lleguen a un acuerdo de precios en donde queden expresadas las demandas de cada uno de los intervinientes”.
Al respecto, el senador Bartolomé Robles explicó que dicha propuesta es muy importante y considero que tiene muy buenas intenciones pero es de difícil cumplimiento ya que debe haber un acompañamiento exhaustivo por parte del Estado. Además puso en duda que se le dé continuidad al análisis que brinda la Bolsa de Comercio donde todos los meses se calcula y se publica el “Valor ponderado de conjunto financiado de vinos”.
En cuanto a esto, Alfredo Aciar contestó que esto no modifica estos alcances sino que los autosustenta: “Lo que nosotros estamos modificando es el tema de reducir los costos del Estado y lograr que todos los actores se sientan representados”, dijo
En cuanto a las incorporaciones al artículo 7, Aciar sostuvo que se trata de tener un registro de infractores quienes no podrán acceder a ningún beneficio que sea generado por el Estado. “Quienes no cumplan con la Ley 9133 no podrán acceder a las ayudas que genere la Provincia”
Por lo expuesto fue que el senador Robles propuso el artículo mencionado debe dejar explicitado que las sanciones condenatorias deben quedar firmes, ya que si no queda estipulado en el artículo, esto puede provocar que existan reclamos judiciales.
Ante este pedido, el asesor comentó que dicha propuesta será evaluada y estudiada por los abogados que trabajan dentro del Ministerio de Economía y Energía de Mendoza para conocer su posición ya que ellos fueron los que trabajaron en la elaboración de la propuesta que está siendo analizada hoy.
E_74517_PE_ModLey9133-0000074517-2020-07-14-17-22-450