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Luz verde para el proyecto que establece el Registro Provincial de Financiadores de Salud en Mendoza

Publicada el 19 marzo, 2024

La iniciativa impulsada por el Gobierno provincial, promueve un ordenamiento claro, equitativo y eficiente del sistema de salud provincial. Fue avalado por el Senado de Mendoza durante la sesión realizada hoy, por lo que deberá ser ratificada por Diputados.

Registro Provincial de Financiadores de Salud en Mendoza

Durante la sesión realizada hoy, se aprobó por unanimidad un proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo destinado a crear el Registro Provincial de Financiadores de Salud. Este registro, de suma importancia para la protección del derecho a la salud de los habitantes de la Provincia, busca establecer mecanismos efectivos de normatización, evaluación y control del desempeño de los financiadores de la seguridad social y medicina prepaga que operan en el territorio mendocino.

La miembro informante fue la senadora Claudia Najul, quien se pronunció sobre el proyecto de Ley destinado a garantizar la atención médica gratuita en hospitales públicos de Mendoza, destacando su importancia para ampliar la capacidad del Estado en la protección del derecho a la salud. «Este proyecto busca fortalecer nuestro sistema de salud y garantizar efectivamente el derecho a la salud de todos los ciudadanos y ciudadanas de Mendoza», afirmó.

En sus declaraciones, la senadora enfatizó la necesidad de asegurar que aquellos mendocinos y mendocinas que carecen de cobertura médica, reciban las prestaciones necesarias sin costo alguno, destacando que el proyecto contempla mecanismos para penalizar cualquier desviación en este sentido. «Nuestro objetivo es mejorar el sistema de salud para proporcionar más y mejor atención médica a cada ciudadano y ciudadana de Mendoza», afirmó la Senadora, subrayando la importancia de fortalecer lo público en momentos críticos y de denostación hacia los servicios estatales.

Luego de las palabras vertidas por la legisladora Najul, el proyecto fue sometido a tratamiento. De esta manera fue acompañado por todos los legisladores presentes, por lo que fue remitido a la Cámara de Diputados en revisión.

En este marco, teniendo en cuenta las competencias provinciales y con el objetivo de asegurar la cobertura efectiva del programa médico obligatorio, el proyecto promueve un ordenamiento claro, equitativo y eficiente del sistema de salud provincial.

Una de las principales propuestas del proyecto es que el Ministerio de Salud y Deportes desarrolle mecanismos de normatización, evaluación y control del desempeño de los financiadores del sistema de salud comprendidos en las leyes nacionales pertinentes. Asimismo, se establece la creación del Registro Provincial de Financiadores de Salud, que estará a cargo del Ministerio y será responsable de sistematizar, auditar y controlar a los financiadores del sistema de salud que operen en la provincia.

Los financiadores, en cumplimiento de la ley, deberán presentar al momento de su inscripción y mantener actualizado un detalle pormenorizado de los programas de prestaciones médico asistencial que brindan a sus beneficiarios, así como también el listado completo de beneficiarios, las instituciones donde se prestan las prestaciones y los convenios celebrados. Cualquier modificación en estos convenios deberá ser presentada al Ministerio en un plazo determinado.

Además, el Ministerio de Salud y Deportes estará facultado para celebrar convenios necesarios con el fin de establecer las pautas de funcionamiento, los derechos y obligaciones de las partes, y todo aquello que resulte necesario para garantizar la prestación del servicio de salud en el ámbito de las competencias provinciales.

En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley, el Ministerio estará facultado para realizar denuncias penales y administrativas pertinentes.

Se espera que el Ministerio de Salud y Deportes reglamente la ley en un plazo no mayor a 120 días desde su promulgación, lo que constituirá un paso importante en la mejora del sistema de salud provincial y la protección de los derechos de los ciudadanos mendocinos.