Publicada el 23 abril, 2024
Durante la sesión realizada hoy, el Senado de Mendoza aprobó por 19 votos a favor y 18 en contra una modificación clave en la legislación que rige sobre la creación y funcionamiento de la Defensoría de las Personas con Discapacidad en la Provincia. Esta medida, impulsada por la necesidad de adaptar la normativa a los estándares constitucionales y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, busca promover la inclusión y la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. Al ser aprobada por la Cámara Alta, pasó a Diputados en revisión.
El senador Walher Marcolini, presidente de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, explicó el proyecto que busca reformar la Ley 8.345, con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos de las personas con discapacidad en la Provincia. En este sentido destacó la importancia de atender las necesidades de este colectivo vulnerable, en línea con los compromisos internacionales y la Constitución Nacional.
El senador enfatizó que las personas con discapacidad merecen especial atención del Estado, siendo reconocidas como sujetos de derecho. Recordó los distintos instrumentos legales y convenciones internacionales que respaldan este enfoque, señalando la necesidad de adecuar la legislación provincial para garantizar una protección efectiva.
En este sentido, se propone reformar el proceso de designación del defensor o defensora de las personas con discapacidad, simplificando el procedimiento y otorgando al Poder Ejecutivo la facultad de realizar la designación, con acuerdo del Senado, mediante votación simple.
Luego, la senadora Adriana Cano del Partido Justicialista, resaltó la importancia del consenso alcanzado entre los diversos sectores políticos para elaborar un despacho alternativo, que aborda las inconsistencias del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. Por ello subrayó el valor de la participación activa de legisladores de diferentes partidos, así como de organizaciones y sectores de la sociedad civil, en la construcción de esta propuesta.
Por su parte, la senadora Flavia Manoni resaltó los principios de inclusión y participación que inspiran el proyecto, haciendo hincapié en la importancia de escuchar y tener en cuenta la voz de las personas con discapacidad en el proceso legislativo. Manoni destacó que el proyecto alternativo del que habló Cano surge de un trabajo conjunto entre distintos bloques políticos, con el objetivo de garantizar una defensa efectiva de los derechos de este colectivo.
Además, el senador Dugar Chappel del Partido Verde expresó su respaldo al despacho presentado por el bloque Justicialista, enfatizando la necesidad de poner fin al sistema de ternas para la designación del defensor de personas con discapacidad. Subrayó además la importancia de establecer un proceso de selección basado en méritos y competencias, que garantice la idoneidad del candidato para defender los derechos de las personas con discapacidad.
La reforma aprobada, disminuye la mayoría requerida en la Asamblea Legislativa para la designación del titular de la Defensoría, simplificando así el procedimiento y agilizando su funcionamiento. Anteriormente, se necesitaba el voto afirmativo de dos tercios de los miembros presentes en la Asamblea Legislativa, una exigencia que se consideró desproporcionada en comparación con otros cargos de alta relevancia en la provincia.
La Defensoría de las Personas con Discapacidad es un órgano unipersonal e independiente, con autonomía funcional, cuya misión es defender y proteger los derechos e intereses de las personas con discapacidad frente a actos u omisiones de la administración pública, entidades financieras y otras instituciones. La reforma también establece un proceso transparente y participativo para la selección del titular de la Defensoría, brindando a los ciudadanos y organizaciones no gubernamentales la oportunidad de proponer candidatos y formular observaciones sobre los postulantes.
Además, la reforma contempla un mecanismo ágil para la designación del titular y su adjunto en caso de muerte, renuncia o remoción, asegurando así la continuidad en la protección de los derechos de las personas con discapacidad.
Con esta iniciativa, Mendoza se posiciona como pionera y progresista en la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, cumpliendo con los estándares nacionales e internacionales en la materia y promoviendo una sociedad más inclusiva y justa para todos.