Publicada el 7 agosto, 2023
Integrantes de la comisión de Género, Equidad y Diversidad recibieron a Laura Rousselle, Jefa de la Unidad Fiscal en Violencia de Género y a Mónica Fernández Poblet, quien presta servicio en la Fiscalía de Instrucción N° 37, dentro del mismo organismo.
Dicha Unidad Fiscal fue creada para seleccionar y desplegar estrategias de investigación sobre los fenómenos criminales atravesados por las diferentes clases de violencia contra las mujeres y, al mismo tiempo, trabajar sobre los modos en que sus distintas manifestaciones afectan a otros grupos en situación de vulnerabilidad por razón de su orientación sexual e identidad de género.
Los objetivos generales de la Unidad es mejorar la capacidad de respuesta y elevar los niveles de eficacia del Ministerio Público Fiscal frente al fenómeno de la violencia de género; visibilizar el carácter estructural del fenómeno de la violencia de género con miras a contribuir a su prevención y erradicación; y asegurar que la actuación del MPF se ajuste a los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino vinculados con la materia, a los estándares fijados por los respectivos órganos de aplicación y control y a la Ley N°26.061 de Protección Integral a los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley N° 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales.
Durante la reunión, la presidenta de la comisión, la senadora Claudia Najul explicó que se había invitado a ambas funcionarios para conocer en profundidad las distintas actividades que se relalizan dentro de la Unidad Fiscal y de qué manera desde la Legislatura, pueden colaborar para combatir en forma conjunta la violencia contra las mujeres.
Posteriormente habló la Jefa de la Unidad Fiscal en Violencia de Género de Mendoza en cuanto a la metodología que tienen dentro del organismo que dirige: “Somos vanguardistas en esto”, hablando de que Mendoza cuenta con una fiscalía que trabaja en este sentido.
Luego habló en cuanto a la cifra negra, término que se refiere al número o desconocimiento de delitos y delincuentes que no han llegado a ser descubiertos porque no han sido denunciados por sus víctimas o porque no han sido descubiertos por el sistema. En este caso aportó que dentro del Misterio Público Fiscal, estos casos han bajado ya que aunque los casos de violencia no son denunciados, se abre una investigación al respecto y por esto es que se sigue adelante con la causa.
También explicó que la Unidad Fiscal ha entrado en un proceso de cambio no sólo en cuanto al recurso humano, sino también en cuanto a la parte de infraestructura. “Buscamos que toda la actividad de la Unidad Fiscal se centralice en este organismo”, aportó Rousselle.
Posteriormente fue el turno de que se dirigiera a las legisladoras la fiscal Mónica Fernández Poblet, quien presta servicio en la Fiscalía de Instrucción N° 37. En primer lugar habló en cuanto a la importancia de que debe haber un trabajo articulado y conjunto entre las diferentes dependencias del Estado en cuanto a la temática de género.
Además aportó que Mendoza no cuenta con una normativa que aplique el botón antipánico. Se trata de un sistema que ante una situación de peligro, las víctimas de violencia pueden activar esta alerta. “Sí cuenta con pulseras electrónicas que permite controlar, mediante un sistema de monitoreo de 24 horas, si una medida de prohibición de acercamiento se incumple, pero lamentablemente estos dispositivos son insuficientes”.
También aportaron desde este organismo que debe cambiar el tratamiento hacia los agresores, ya que en muchos casos las mujeres no logran erradicar notablemente esta violencia que ejercen los hombres contra ellas. “Si los hombres no entienden que hay otra forma de reaccionar y que existen nuevas masculinidades, no logramos alcanzar una mejora sustancial en este sentido”, explicaron ambas funcionarias.
Posteriormente la senadora Adriana Cano habló en cuanto a un proyecto que se encuentra en tratamiento dentro de la comisión de Género que propone modificar el artículo 75 de la Ley Nº9120- Código Procesal de Familia y Violencia Familia – para que exista un Registro Único Provincial de Violencia Familiar y de Género, que según su opinión, permitiría brindar solución a varios aspectos vinculados a la violencia de género.