Publicada el 30 septiembre, 2020
Se reunió en forma semipresencial la comisión de Derechos y Garantías, presidida por la senadora Cecilia Juri, participaron las y los legisladores Natalia Vicencio, Carina Lacroux, Natacha Eisenchlas, Marcelo Romano y Lautaro Jimenez.
Sus integrantes trataron el expediente 73521, correspondiente al proyecto del senador MC Víctor Da Vila, sobre la creación del Registro Único de Personas Desaparecidas y de una línea telefónica de contacto asociada.
La propuesta tiene como finalidad establecer un procedimiento ante la desaparición de personas; considera que son varias las denuncias por la inacción o demora de la policía y el ministerio público fiscal frente a la desaparición de personas, principalmente de mujeres.
La reacción de la justicia, al no disponer la inmediata búsqueda del paradero de las personas desaparecidas, pondría en riesgo la vida de esas personas en reiteradas ocasiones. Aunque existen protocolos nacionales, como la «Guía práctica para la búsqueda de personas de la Procuraduría de la Nación», que señalan la obligación de actuar con premura y celeridad frente a cualquier denuncia por desaparición de personas, y la obligación pertinente tanto del fiscal de instrucción como del conjunto de los funcionarios judiciales.
En dichas reglamentaciones, se señala expresamente que si la persona buscada está siendo víctima de algún delito, sin dudas las primeras horas serán cruciales; y a pesar de que no existe ninguna norma que exija el transcurso de 12, 24 ni 48 hs para poder empezar a trabajar en la búsqueda, en las fuerzas de seguridad y en la justicia está instituido por “uso y costumbre” esperar un plazo de 48 hs. antes de dar inicio a la búsqueda exhaustiva de las personas desaparecidas.
Esta práctica, se funda en la presunción de que la persona buscada se ha retirado de manera voluntaria de su hogar o lugares que frecuenta, cortando todo vínculo con sus relaciones más cercanas, sin embargo la realidad contrasta drásticamente con esta presunción.
El proyecto, pretende establecer los criterios de actuación para garantizar la inmediata recepción de denuncias e investigación de los hechos de desaparición de personas por motivos desconocidos en el territorio de la Provincia de Mendoza, y la creación del Registro Único de Personas Desaparecidas y de una línea telefónica de contacto asociada.
Los integrantes de la comisión acordaron enviar notas y solicitar opinión y sugerencias al Ministerio Público fiscal, al Ministerio de Seguridad y a Organismos e Instituciones de Derechos Humanos a fin de obtener distintas miradas sobre lo que sucede en Mendoza y trabajar en un criterio unificado sobre la situación, a través de un marco legal.
Por otra parte, se abordaron dos presentaciones, una vinculada al pedido de una escuela de Uspallata, referida al transporte de los educadores en Alta Montaña; y otra sobre la solicitud de algunas organizaciones que trabajan en salud y solicitan atención presencial para pacientes que inician su tratamiento y que, a raíz de la pandemia se ha visto interrumpido su trabajo.