Publicada el 13 noviembre, 2023
La violencia por motivos de género constituye una práctica violatoria de los derechos humanos y las libertades fundamentales que afecta a las mujeres y al colectivo de personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, transgénero (LGBTTTQ) de todos los sectores de la sociedad. Por ello es que se deben instituir herramientas claras y eficaces que permitan detectar y abordar de forma integral, hechos que encuadren en violencias por motivos de género.
Argentina cuenta con un amplio marco regulatorio nacional e internacional de protección de derechos de las mujeres y de la diversidad sexual a través de los cuáles se protegen y defienden sus derechos: la Constitución Nacional (art. 75 inc. 22 y 23); la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto San José de Costa Rica), la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; entre otros.
En este mismo orden fue que las senadoras provinciales Claudia Najul y Mariana Zlobec presentaron una propuesta para que se creen protocolos de actuación ante situaciones de violencia por motivos de género, ante la necesidad de tener una herramienta donde toda víctima pueda realmente encontrar espacios de escucha activa y desprejuiciada, así también, donde se pueda abordar su situación de forma integral con perspectiva de género.
Dicho proyecto llegó a la comisión de Género, Equidad y Diversidad del Senado, espacio dirigido por una de las autoras de la iniciativa, la senadora Najul, quien explicó durante la reunión, que en Mendoza debe haber un protocolo para este tipo de casos. Además informó que el mismo se adaptará a cada situación y que será muy amplio.
Además comentó que este documento deberá contemplar espacios de asistencia, asesoramiento y acompañamiento para toda persona que sea víctima de violencia por motivos de género y/o de violencia intrafamiliar asegurando siempre un trato digno hacia su persona, la no revictimización, confidencialidad, respeto y privacidad, así también, brindarle información veraz y adecuada.
Deberá existir una articulación entre los espacios de asesoramiento institucional existente en materia de género y diversidad de la Provincia, ante casos de violencia de género, a los fines de evitar que la víctima circule por los diferentes ámbitos sin obtener respuestas. En definitiva, si la víctima decide acceder a uno de estos espacios, éste debe articular con el dispositivo que le corresponda ya sea según su trabajo y/o profesión, para que tome conocimiento de la situación y pueda tener un abordaje integral adecuado.
En cuanto a los procedimientos, el proyecto establece que cada organismo público deberá regular en su protocolo el procedimiento de asistencia, asesoramiento, acompañamiento, investigación y sanción de los hechos en el caso según corresponda asegurando la perspectiva de género.
Además estipula que para el cumplimiento de los fines y objetivos planteados en los respectivos protocolos, cada organismo establecerá un área competente contra la violencia de género, acoso sexual, discriminación por género u orientación sexual.-
Asimismo está contemplado que dentro de todo protocolo del sector público provincial que, en el caso que corresponda, debe garantizar la aplicación de las licencias por violencia de género, preservando el derecho a la intimidad de la persona afectada y disponiendo las medidas y acciones necesarias para el acompañamiento de la persona.
Por último establece que cada organismo público deberá sensibilizar y capacitar en materia de Derechos Humanos con perspectiva de género y diversidad sexual a las personas responsables e intervinientes en la aplicación del protocolo de actuación.
La mañana de este lunes, también fueron analizados dos proyectos de Ley: uno está vinculado a que se capacite de forma obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres, a todas las personas que se desempeñan en comisiones directivas de asociaciones civiles deportivas de primer y segundo grado de la provincia de Mendoza.
Se consideran como tales a todas las personas jurídicas privadas constituidas legalmente, que tengan por objeto el desarrollo de actividades deportivas comunitarias o sociales, recreativas, amateurs o profesionales en todas sus disciplinas.
El segundo fue impulsado por la senadora Florencia Canali para que los supermercados, hipermercados, mayoristas y centros Comerciales que se encuentren en la Provincia de Mendoza, dispongan de al menos un carro de compras eléctrico destinado a personas con discapacidad motriz o movilidad reducida, con el fin de garantizar el derecho a la movilidad personal.
Además establece que el carro deberá contar con un sistema eléctrico que le permita a la persona recorrer el supermercado de manera autónoma y un compartimiento adecuado para almacenar las compras.