Publicada el 25 marzo, 2024
En una reunión conjunta de las comisiones de Salud, Hacienda y Presupuesto y Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado, se trataron dos propuestas fundamentales en el marco del Plan Provincial de Salud 2024-2030. Estas iniciativas, promovidas por el Gobierno provincial, forman parte de un conjunto de 25 proyectos derivados de este plan estratégico y han sido objeto de análisis desde mediados de febrero.
El primer proyecto analizado hoy tiene la intención de modernizar y fortalecer la regulación en materia de exposición a rayos ionizantes en la provincia de Mendoza. El proyecto propone reemplazar la legislación actualmente vigente, datada de hace casi 40 años, elaborando una normativa que tenga en cuenta la evolución tecnológica y las nuevas recomendaciones internacionales en materia de seguridad radiológica.
La reunión que fue presidida por el senador Abel Freidemberg, que contó con la presencia Guillermo Calderón, de la Unidad Radiofísica de la Fundación Escuela de Medicina Nuclear (FUESMEN), quien cuestionó la efectividad de la ley provincial 4.966, sobre el Régimen para el personal que maneja rayos ionizantes, que está vigente desde 1984, argumentando que no garantiza la protección radiológica necesaria para los trabajadores expuestos a radiación ionizante. Por ello, el profesional expuso que es necesario derogar esta Ley y la adopción de un enfoque basado en las premisas de la radioprotección internacional.
Las preocupaciones sobre la protección de los trabajadores fueron compartidas por el senador Ariel Pringles, quien cuestionó la ausencia de medidas específicas en el proyecto de ley para garantizar la salud y seguridad laboral. Ante estos dichos Sandra Gómez, directora general de Recursos Humanos del Ministerio de Salud de la Provincia, explicó que la reglamentación posterior al proyecto, establece los sistemas de control necesarios.
Luego, la senadora Flavia Manoni planteó una pregunta crucial sobre el nuevo enfoque propuesto con este nuevo proyecto, a lo que Guillermo Calderón respondió que los estándares internacionales de protección radiológica basados en la justificación de la práctica optimizan la protección y el establecimiento de límites de dosis. Calderón enfatizó la importancia de abandonar el paradigma de la pausa laboral, ya que no contribuye a la prevención de eventos radiológicos, subrayando así la necesidad de un enfoque más efectivo en la protección de los trabajadores expuestos a la radiación ionizante.
Mercedes Derrache y el senador Félix González, ambos del bloque justicialista indagaron sobre la capacidad de los controles y la cantidad de personas afectadas por los cambios propuestos, recibiendo respuestas detalladas sobre la calidad de las mediciones y el número aproximado de trabajadores afectados. Guillermo Calderón aclaró que la implementación sería responsabilidad del Ministerio de Salud y Deportes, y que la Provincia cuenta con tecnología adecuada para medir la radiación.
Otra de las oradoras del encuentro fue la senadora Natacha Eisenchlas, quien destacó la importancia de considerar la protección de los trabajadores en la discusión, asegurando que la derogación de la ley 4.966 no dejaría desamparados a los empleados, sino que buscaría elevar los estándares de seguridad según la legislación nacional.
Luego, el senador Martín Kerchner Tomba recordó las limitaciones legislativas en materia previsional, enfatizando que la derogación de esta Ley no afectaría los derechos jubilatorios de los trabajadores.
Fernanda Sabadín destacó la apertura del Ejecutivo para considerar sugerencias y mejorar el proyecto, señalando que Mendoza es la única provincia con pausas laborales, lo que resalta la importancia de priorizar los límites de dosis.
La misma busca establecer un marco regulatorio más actualizado y abarcativo para todas las actividades que emplean personas expuestas a radiación ionizante, ya que la normativa actual, según lo expuesto en el proyecto, se ha vuelto obsoleta al no adaptarse a los avances en tecnología y métodos de protección radiológica disponibles en la actualidad. Además, se señala que las disposiciones actuales impiden que ciertos trabajadores, fuera del ámbito médico o técnico hospitalario, estén amparados por regulaciones específicas, lo que representa un vacío legal en materia de protección laboral.
El proyecto propone, entre otras medidas, que la instalación, habilitación y control de seguridad de los equipos emisores de radiaciones ionizantes en la provincia de Mendoza se ajusten a las disposiciones de la Ley nacional correspondiente, así como a cualquier otra normativa reglamentaria que garantice un nivel adecuado de seguridad en su funcionamiento.
Asimismo, se establecen sanciones para aquellos que incumplan con las disposiciones de la ley, que van desde multas hasta la suspensión o cancelación de la habilitación de los equipos e instalaciones, pasando por la suspensión o cancelación de autorizaciones a profesionales y técnicos responsables.
El proyecto también contempla la creación de un registro de habilitaciones otorgadas, así como la supervisión y aplicación de la ley por parte del Ministerio de Salud y Deportes de la provincia.
En resumen, se busca con este proyecto garantizar una protección más eficiente y precisa de la salud de los trabajadores expuestos a radiación ionizante, sin limitar innecesariamente sus posibilidades laborales, y adecuar la regulación provincial a los estándares nacionales e internacionales en la materia.
Se espera que, de ser aprobado y promulgado, este proyecto de ley contribuya significativamente a mejorar las condiciones laborales y la seguridad de quienes trabajan con equipos emisores de radiación ionizante en la provincia de Mendoza.
Luego, fue analizada otra propuesta que busca establecer las funciones específicas de los Licenciados en Enfermería que ejerzan en el territorio de Mendoza. Esta iniciativa, fundamentada en el ejercicio del Poder de Policía sanitario, tiene como objetivo principal regular el rol de estos profesionales en el sistema de salud provincial.
La iniciativa, explicada por Sandra Gómez, surge para aclarar malentendidos sobre las responsabilidades de estos profesionales en comparación con otros actores del sistema de salud. Gómez enfatizó que el objetivo es complementar la legislación vigente y establecer funciones de gestión y cuidado de enfermería.
Sin embargo, la legisladora Flavia Manoni cuestionó la necesidad de la ley, argumentando que las incumbencias ya están definidas por el ente educativo. Ante esto, Gómez destacó la diferencia entre incumbencias y funciones, asegurando que el proyecto busca adecuar las actividades al marco del sistema de salud.
Por su parte, Félix González planteó dudas sobre el impacto y el propósito de la ley, mientras que Gerardo Vaquer explicó cómo afectaría el régimen laboral de los licenciados. Gómez aclaró que el proyecto no busca modificar el régimen laboral ni afectar los derechos salariales de los profesionales.
Vale destacar que la iniciativa respaldada por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud y Deportes, se enmarca en la competencia exclusiva de cada jurisdicción para establecer normativas relacionadas con su sistema sanitario. Además, busca crear las condiciones necesarias para la promoción, prevención, protección, recuperación, asistencia y rehabilitación de la salud, en consonancia con los principios de equidad, solidaridad, justicia e integralidad.
Se destaca que, en un contexto donde el recurso humano de enfermería es considerado escaso a nivel mundial, resulta fundamental determinar las funciones específicas que estos profesionales deben desempeñar. El proyecto propone que los Licenciados en Enfermería sean responsables de gerenciar servicios, planificar proyectos de salud, diseñar programas de higiene y seguridad en el trabajo, así como ejercer funciones de dirección y gestión en instituciones de salud, docencia e investigación.
Además, se establece que los Licenciados en Enfermería deberán realizar todas aquellas funciones permitidas a los Enfermeros Profesionales y Auxiliares de Enfermería, y que sus funciones serán acreditadas mediante certificación emitida por la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y Deportes.
Con la aprobación de estos proyectos, se espera fortalecer el rol de estos profesionales en la provincia de Mendoza, garantizando una atención de calidad y libre de riesgos para todos los ciudadanos.