Publicada el 17 diciembre, 2020

Su autor, el senador Lucas Quesada, pretende con esto luchar contra lo que se ha denominado “desperdicio de comida”,  y a su vez aumentar la cantidad y diversidad de la comida que se distribuye a las personas más necesitadas de la población. El proyecto seguirá en estudio.

La comisión de Asuntos Sociales y Trabajo que dictamina sobre todo asunto o proyecto relativo al trabajo, régimen de seguridad social y previsión; vivienda; entidades de bien público; régimen de menores y servicios comunitarios se reunió hoy para evaluar distintas propuestas.

Una de ella fue presentada por el senador Lucas Quesada en septiembre de este año, que busca que existe una ley que permita racionalizar y darle mejor uso y destino a los productos alimenticios. Además pretende que se potencie la seguridad alimentaria y nutricional de aquellos más necesitados, en fundadas razones de interés social e interés general.

El autor fundamenta que “el contexto social de pandemia que estamos atravesando es un punto fundamental a tener en cuenta, ya que cada vez son más los niños y familias que asisten a comedores o merenderos en los distintos puntos de la Provincia, lo que hace que la situación de las mismas organizaciones se vuelva cada vez más difícil”.

Por todo esto es que presentó esta propuesta para que supermercados y establecimientos comerciales de grandes superficies destinados a la venta de productos alimenticios,  empresas elaboradoras de alimentos, y aquellas destinadas a su distribución y comercialización, celebren convenios de colaboración con el Banco de Alimentos, ONG´s u entidades benéficas que den asistencia a personas en situación de pobreza, donando alimentos.

Las y los integrantes de Asuntos Sociales acordaron que el autor debe rever algunos puntos del proyecto además de solicitar que desde el Ministerio de Salud Desarrollo Social y Deporte de la Provincia de Mendoza y desde el Departamento de Higiene de los Alimentos den su parecer al respecto en cuanto al proyecto tratado.

Otra de las propuestas que fue tratada en la jornada de hoy, fue presentada por el senador Samuel Barcudi que busca que se realice un Relevamiento del Impacto Socio Ambiental por las medidas tomadas por el Gobierno Provincial en el marco de la pandemia por COVID-19.

Este informe se basa en un relevamiento federal realizado entre los días 23 y 25 de marzo, con el fin de conocer el impacto del aislamiento social, su nivel de acatamiento en todos los departamentos de la Provincia de Mendoza y conocer las dificultades que puede encontrar la población de sectores vulnerables para cumplir con las medidas.

Para su implementación, propone que se realice un monitoreo continuo, con referentes, líderes barriales, de Asociaciones Civiles; vecinalistas, personal de salud (médicos, enfermeros, etc.), educadores, gestores de comedores, referentes políticos locales, integrantes de asociaciones de productores, referentes de la economía social, sacerdotes y líderes religiosos, integrantes de agrupaciones artísticas y culturales locales, trabajadoras sociales, coordinadores de programas sociales, dirigentes de clubes, militantes sindicales, integrantes de centros de jubilados y pensionados, personal de jardines maternales, entre otros.

Desde la Comisión acordaron que debe realizarse una actualización sobre la situación que atraviesa Mendoza vinculado al contexto social de pandemia. Además desean tener mayor precisión en cuanto al monitoreo que Barcudi intenta que se desarrolle.

También se evaluaron otras propuestas que fueron archivas por ser atemporales, despachadas y convertidas en pedidos de informes.