Publicada el 7 agosto, 2023
En Argentina, las personas con discapacidad se encuentran amparadas mediante un amplio plexo normativo protectorio de sus derechos. Entre dichas normas, encontramos la Ley 26.378 sancionada el año 2008 mediante la cual se aprobó la “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo aprobados mediante resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 13 de diciembre de 2006”.
Luego, mediante Ley 27.044 del año 2.014 se le otorgó jerarquía constitucional en los términos del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En dicha Convención, los Estados Partes (Argentina) asumen el compromiso de “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”.
En este marco las cuales fueron asumidas en nuestro país al aprobarse dicha Convención, se presentó este proyecto de Ley que tiene por finalidad lograr la concientización de todas las personas que se desempeñen en la función pública, en todos los niveles y jerarquías del Estado de Mendoza, para que conozcan los derechos de las personas con discapacidad, y los tengan en cuenta al momento de desarrollar sus funciones, de modo de desarrollar procesos de verdadera inclusión de las personas con discapacidad.
Dicha iniciativa fue analizada hoy por las y los integrantes de la comisión de Asuntos Sociales y Trabajo, espacio presidido por el senador Valentín González, quienes decidieron enviar este proyecto a la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes; y al Defensor de las Personas con Discapacidad para conocer su opinión al respecto. Les darán a estos organismos 15 días, para poder contestar dicho requerimiento.
Lo que se propone, es la adopción de una perspectiva inclusiva a través de la capacitación de todos los funcionarios de la gestión pública, sin importar la jerarquía ni forma de contratación ni el ámbito en el que desempeñe sus funciones.
“A los efectos de la presente ley, se considera discapacitada a toda persona que alguna deficiencia física, mental, intelectual o sensorial a largo plazo pueda impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”, reza fragmento de la propuesta.
La autoridad de aplicación y control de la presente Ley será la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, o quien en el futuro la reemplace.
“Se establece la capacitación obligatoria en la temática de derechos y accesibilidad de las personas con discapacidad para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Provincia de Mendoza”, detalla la propuesta de Baldasso.