Publicada el 7 enero, 2020
Integrantes de las comisiones de Hacienda de ambas cámaras recibieron a Néstor Parés, titular del Tribunal de Cuentas, quien brindó detalles sobre la pauta presupuestaria prevista para el presente año. Luego fue el turno de Fernando Simón, Fiscal de Estado, quien hizo lo propio con los legisladores.
En términos generales se sostuvo que para el Tribunal de Cuentas están previstos 588 millones de pesos para el funcionamiento de este órgano de control, de los cuales casi el 97% se destina a sueldos del personal.
En tanto, Simón indicó que para la Fiscalía de Estado se han previsto 376.085.322,44 de pesos de los que gran porcentaje también son destinados al recurso humano.
Desde los dos organismos se hizo hincapié en la necesidad de contar con un edificio propio ya que se cuenta con un inmueble en Necochea y Patricias Mendocinas de Ciudad, en el que estuvo prevista la construcción del mismo. De ese modo – indicaron – se produciría un ahorro significativo en los recursos que hoy son destinados al alquiler de oficinas.
Asimismo, explicaron la necesidad de contar con bienes de capital para la adquisición de nuevas tecnologías, sistemas informáticos, dotación de material bibliográfico, entre otros. También, en el caso del Tribunal de Cuentas, se subrayó que sería muy significativo para esta dependencia contar con nueva flota automotor para cumplir con los controles y auditorías que se realizan en todo el territorio provincial.
Desde el Tribunal de Cuentas explicaron en tal sentido que el organismo realiza controles en 320 instituciones de toda la provincia por lo que “la presencia de los auditores in situ es muy importante tanto para la institución como para las entidades controladas”, de ahí la necesidad de personal y transporte.
Por su parte, los funcionarios de la Fiscalía de Estado, señalaron que como política de recurso humano, se pretende incorporar personal en cargos vacantes mediante concursos. En este sentido, Simón remarcó que “en los últimos años se disminuyó la planta de personal en un 20%” porque no se reincorporó personal en los cargos que quedaron vacantes luego de que el personal accediera al beneficio jubilatorio en la mayoría de los casos.
También, desde el Tribunal de Cuentas, Parés consideró pequeño el presupuesto del organismo en relación a otras dependencias, por lo cual el funcionario indicó que “se buscará administrar de la mejor manera estos recursos, más allá de que entiendo y entendemos que son épocas complejas en materia económica para el país y la provincia”.
En el marco del análisis del Presupuesto 2020, Jorge Nanclares, Presidente de la Suprema Corte de Justicia, expuso ante las comisiones de Hacienda de ambas Cámaras la pauta requerida para el ejercicio presupuestario del año en curso.
El monto solicitado asciende a 7.205 millones de pesos, es un “presupuesto muy acotado de acuerdo a la austeridad que requiere la provincia, en un momento en que la justicia está produciendo una transformación sustancial”, afirmó Nanclares.
Además hizo hincapié en que se pretende lograr una “justicia abierta, acercar los jueces a la gente, y que la gente pueda acercarse al Poder Judicial”. Para ello explicó que se dará continuidad a los programas destinados a la oralidad, para lo cual se destinarán $69.779.471. “Hemos instalado la oralidad efectiva, logrando acortar los plazos de las causas en un 75%, por ello es nuestra responsabilidad cuidar que este sistema que hemos diseñado no se distorsione y funcione correctamente”, sostuvo Nanclares.
También se desarrollarán programas para la “Mejora en la gestión judicial y acceso a la justicia” con un monto $167.793.461 y “Nuevas tecnologías al Servicio de la Justicia”, $32.229.181.
“Entendemos que hay que mejorar la comunicación, para que la gente tenga acceso a la información, que pueda conocer todos los servicios que la justicia tiene para brindarle, por ello apostamos a mejorar la oficina de Prensa y Comunicación”, afirmó.
Asimismo se otorgarán $19.260.841, para la descentralización de la Justicia de Paz y Familia, con el objetivo de seguir mejorando el servicio de la justicia en las distintas jurisdicciones. “Se necesitan recursos humanos y tecnológicos, especialmente cubrir los cargos de jueces de familia, ya que hoy se hace imposible cubrir con toda la carga de trabajo”, indicó.
En este sentido, Naclares dijo que se pretende “recuperar la facultad institucional que tiene la Corte de hacer designaciones. Estuvimos abocados a las reformas procesales pero realmente la experiencia del año anterior nos ha dificultado el cumplimiento de algunos puestos esenciales”.