Publicada el 31 julio, 2024
En reunión conjunta de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y Reforma del Estado se analizó una propuesta vinculada a reformar la Constitución provincial, vinculada a modificar el artículo 42 de la Constitución. Esta reforma, impulsada por senadores del bloque Radical, tiene como objetivo modernizar la gestión financiera del Estado, garantizando el equilibrio fiscal entre ingresos y gastos del presupuesto provincial y municipal, teniendo en cuenta las fluctuaciones económicas.
La propuesta introduce conceptos como la sostenibilidad de la deuda y el desarrollo económico, social y ambiental, y busca evitar la imposición de nuevas cargas sin un financiamiento adecuado. La constitución le va a reconocer al pueblo que el estado no gaste mas de lo que recauda.
Para hablar sobre esto fueron invitados la doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales, profesora titular de Derecho Constitucional y Derecho Público Provincial y Municipal de las Universidades de Mendoza y UNCuyo, Gabriela Ábalos; Mónica González y Juan Carlos García Ojeda, de la Universidad Nacional de Cuyo; y el Cdor. Julián Sadofschi, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza.
La apertura del encuentro estuvo a cargo del presidente de la comisión de LAC, Walther Marcolini, quien destacó la importancia de esta iniciativa, la cual refleja el interés en adecuar la constitución a las necesidades actuales de la sociedad.
Luego, el senador Martín Kerchner Tomba habló sobre el proyecto que pretende incluir el equilibrio fiscal como un principio fundamental en el marco de los derechos de los mendocinos. Este principio, según explicó, asegurará que cualquier nueva normativa, defina claramente de dónde provendrán los recursos, evitando así que se generen compromisos financieros insostenibles. Además, subrayó que el equilibrio fiscal permitirá al Estado manejar de manera efectiva sus recursos, suavizando el impacto de los ciclos económicos adversos.
Por su parte, Gabriela Ábalos, doctora en Ciencias Jurídicas, planteó la relevancia de esta reforma en el contexto de los derechos económicos, sociales y ambientales. Señaló que la inclusión del equilibrio fiscal en la Constitución es un avance que se ha visto en otras provincias, como Entre Ríos y Salta, y que es fundamental para garantizar la operatividad de los derechos en un marco de sostenibilidad. Además, argumentó que un Estado con cuentas equilibradas es crucial para la efectividad de la garantía de derechos, ya que sin recursos no se pueden hacer efectivos los derechos en la práctica. «Este es el camino para hacer efectivos los derechos, es el A B C. Esta es una mirada colectiva muy importante», afirmó Abálos.
Posteriormente, Juan Carlos García Ojeda celebró la redacción del proyecto y su alineación con las tendencias de los gobiernos democráticos. Resaltó que esta reforma otorga un estatus superior a las reglas fiscales, que anteriormente solo contaban con reconocimiento legal. Según el académico, la inclusión del equilibrio fiscal en la constitución fortalecerá la capacidad del Estado para gestionar sus recursos de manera responsable y efectiva.
Julián Sadofschi, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, coincidió con sus colegas en que la incorporación del equilibrio fiscal traerá beneficios a largo plazo para la provincia. Resaltó la importancia de esta medida en la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas, además de facilitar el control ciudadano sobre la gestión pública.
Por su parte, Mónica González aportó otra perspectiva sobre la redacción del artículo. Subrayó la necesidad de que el texto sea preciso y no deje lugar a ambigüedades. Advirtió además que el equilibrio fiscal no debe ser visto únicamente como una cuestión de presentación de presupuestos equilibrados, sino como un compromiso continuo de gestión eficiente de los recursos.
Ante estos dichos fue que Walther Marcolini expresó que podría hacerse alguna adecuación en la redacción de los artículos propuestos. Ante lo expuesto, Mónica González, subrayó que algunos términos podrían generar confusión, como «cargas» en lugar de «gastos» y «sufragar» en lugar de «atender». Insistió en que el equilibrio fiscal debe mantenerse tanto en la ejecución presupuestaria como en la presentación del presupuesto para que no se convierta en una mera declaración sin efecto práctico.
Luego, la senadora Mercedes Derrache coincidió con González, destacando la importancia de definir claramente cada concepto para evitar la necesidad de recurrir a leyes interpretativas en el futuro. Afirmó que la precisión en la redacción es crucial para evitar interpretaciones erróneas y facilitar la implementación de las normativas.
Juan Carlos Ojeda añadió que se debe mantener la flexibilidad en la administración estatal para adaptarse a las circunstancias cambiantes. Defendió la idea de no ceñir la Constitución con demasiadas especificaciones técnicas que podrían dificultar la gestión eficiente de los recursos.
Luego, Martín Kerchner Tomba recordó las consultas realizadas con colegas y expertos en administración, resaltando que el equilibrio fiscal debe entenderse como un principio general que permite al Estado intervenir en diferentes fases del ciclo económico. Defendió la necesidad de una normativa que, sin ser demasiado detallada, permita una interpretación clara y consistente del equilibrio fiscal.
El senador Germán Vicchi hizo hincapié en la necesidad de priorizar el equilibrio fiscal y otros derechos sobre la ampliación del periodo de sesiones de la Legislatura, argumentando que los legisladores trabajan todo el año y que la efectividad de los derechos es primordial.
La Dra. Ábalos sugirió que, ante la imposibilidad de una reforma total, se podría optar por reformar un artículo por año legislativo, priorizando siempre los derechos y el equilibrio fiscal. Esta estrategia, según Ábalos, podría establecer las bases para acuerdos más amplios en el futuro.
Finalmente, Walther Marcolini cerró la reunión destacando la importancia de sacar un despacho consensuado por lo que solicitó que los presidentes de bloque manifiesten su acuerdo para avanzar tanto en la reforma del artículo 42, como en modificar el artículo 84. Este último busca modificar el calendario de sesiones ordinarias, extendiéndolas del 1 de marzo al 30 de noviembre con una posible prórroga de 30 días, propuesta a la que se le acumuló también uno presentado por el legislador Pedro Serra que tiene la misma intención.